La huelga indefinida del profesorado valenciano suma un nuevo elemento al debate sobre el futuro de la educación pública. El colectivo Docents en Lluita ha presentado un informe económico con el que pretende desmontar uno de los argumentos más repetidos por la administración autonómica durante las últimas semanas: la supuesta falta de recursos para atender las principales reivindicaciones del sector educativo.
Bajo el título «Viabilitat pressupostària de les reivindicacions de l’ensenyament públic valencià (2026-2029)», el documento concluye que las demandas planteadas por docentes y sindicatos son económicamente asumibles y compatibles con el actual marco presupuestario de la Generalitat Valenciana.
Según los autores del estudio, la cuestión de fondo ya no sería la disponibilidad de recursos, sino la prioridad política que se quiera otorgar a la educación pública.
El informe calcula hasta 905 millones de euros disponibles sin reformar la financiación autonómica
El estudio parte de varias fuentes de financiación que, según sus cálculos, podrían destinarse a mejoras educativas. Por un lado, señala que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 incorporan un incremento de aproximadamente 450 millones de euros en la Conselleria de Educación, principalmente destinados a personal y funcionamiento de centros.
A esta cantidad añade una estimación de 55 millones de euros derivados de los descuentos salariales acumulados durante la huelga, cifra calculada a partir de informes sindicales de seguimiento.
El tercer gran bloque de recursos procedería de fondos europeos. El documento sostiene que existe margen para movilizar alrededor de 400 millones de euros vinculados a programas europeos como el Fondo Social Europeo Plus, FEDER o los fondos Next Generation destinados a inversiones, digitalización y equipamientos educativos.
Sumando estos tres conceptos, el informe estima una disponibilidad potencial de aproximadamente 905 millones de euros incluso sin una reforma del sistema de financiación autonómica.
La reducción de ratios concentra una de las principales inversiones propuestas
Uno de los apartados centrales del informe analiza el coste de reducir las ratios escolares, una de las reivindicaciones históricas del profesorado valenciano y uno de los puntos que más fricción está generando en la negociación con la Conselleria.
La propuesta plantea objetivos muy por debajo de los límites actuales: 15 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 20 en ESO y Bachillerato, además de reducciones específicas en Formación Profesional y Educación Infantil de primer ciclo.
Para alcanzar esas cifras sería necesario incorporar entre 8.000 y 10.000 docentes adicionales, con un coste estimado de entre 480 y 600 millones de euros anuales. Sin embargo, el propio estudio considera que parte de ese gasto ya estaría contemplado en otras partidas de refuerzo de plantillas, por lo que calcula un coste incremental real de entre 240 y 360 millones.
Más profesorado de apoyo e inclusión educativa
El documento también dedica un amplio apartado al refuerzo de la atención a la diversidad. Las estimaciones del estudio de Docents en Lluita contemplan la incorporación de 1.898 docentes asociados a acuerdos de plantillas, además de 1.300 especialistas de Pedagogía Terapéutica y otros 700 de Audición y Lenguaje. En total, cerca de 3.900 profesionales adicionales.
Según afirma el estudio, el coste anual de esta medida se sitúa en torno a los 234 millones de euros. A ello se suma la incorporación de educadoras para las Unidades Específicas de Comunicación y Conducta (UECO), una medida que el informe cifra en unos 11 millones de euros anuales.
Recuperar el poder adquisitivo del profesorado costaría unos 500 millones al año
Otro de los capítulos más relevantes aborda la recuperación salarial del profesorado, precisamente el punto que más tensiones ha provocado durante las últimas semanas de negociación.
Frente a la subida de 200 euros pactada por Conselleria con CSIF y ANPE, el informe plantea un escenario de recuperación progresiva del poder adquisitivo mediante incrementos acumulados de hasta 400 euros mensuales entre 2026 y 2029, además de una actualización automática vinculada al IPC.
El coste que estima Docents en Lluita para esta medida asciende a unos 500 millones de euros anuales. Precisamente la pérdida de poder adquisitivo es una de las reivindicaciones que los sindicatos consideran menos atendidas por las propuestas remitidas hasta ahora por la administración autonómica.
Climatización integral de los centros educativos
Las infraestructuras constituyen otro de los ejes del estudio. El informe propone la climatización integral de toda la red pública valenciana, incluyendo colegios, institutos, centros de educación especial, escuelas oficiales de idiomas, formación profesional, conservatorios y educación de personas adultas.
La inversión necesaria se cifra en el estudio en torno a los 300 millones de euros para aproximadamente 1.200 centros educativos, con ejecución prevista entre 2026 y 2028.
El informe sostiene que incluso sin una reforma de financiación habría margen para mejorar el sistema
Uno de los mensajes más destacados del documento aparece en sus conclusiones. Docents en Lluita plantea dos escenarios distintos: uno con una futura reforma del sistema de financiación autonómica y otro sin ella. En ambos casos sostienen que sería posible mejorar de forma significativa el sistema educativo valenciano.
La principal diferencia radicaría en la intensidad de las mejoras. Con una eventual reforma de financiación, la educación valenciana podría disponer de entre 750 y 800 millones de euros adicionales cada año, lo que permitiría acelerar la reducción de ratios, incorporar más profesorado y acometer inversiones de mayor alcance.
Sin embargo, el informe insiste en que incluso sin ese escenario más favorable seguiría existiendo margen para avanzar en plantillas, inclusión educativa, reducción de ratios e infraestructuras.
