La huelga indefinida convocada por los sindicatos educativos a partir del próximo 11 de mayo ha entrado en una fase donde el conflicto ya no gira únicamente alrededor de salarios, plantillas o ratios. El principal choque entre sindicatos y Conselleria de Educación se encuentra ahora en los servicios mínimos y, especialmente, en todo lo relacionado con 2º de Bachillerato, las evaluaciones finales y el acceso a la EBAU.
La tensión ha llegado hasta el punto de provocar este jueves la ruptura de la Mesa Sectorial entre la administración y los sindicatos convocantes de la huelga. Sin embargo, el enfrentamiento no nace de la reunión de esta semana. El documento de preguntas y respuestas difundido previamente por STEPV ya anticipaba buena parte de los escenarios que hoy están marcando el conflicto: el alcance de los servicios mínimos, el límite legal de las restricciones al derecho a huelga y el riesgo de que determinadas medidas conviertan la protesta en inaplicable para parte del profesorado.
El núcleo de la disputa es una pregunta aparentemente técnica, pero con enormes implicaciones políticas y jurídicas: hasta dónde puede llegar la administración para garantizar el final de curso sin vaciar de contenido el derecho a huelga del profesorado.
Qué hay detrás de la huelga indefinida sin precedentes recientes que afronta la educación valenciana
Qué servicios mínimos plantea la Conselleria
La propuesta remitida por la Secretaría Autonómica de Educación mantiene una estructura similar a la aplicada en otras huelgas educativas, aunque introduce una regulación específica para 2º de Bachillerato que ha desencadenado el rechazo frontal de las organizaciones sindicales.
Según el documento, en todos los centros públicos deberá permanecer:
- Un miembro del equipo directivo en todos los centros.
- Un docente por etapa en Infantil y Primaria, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.
- Personal específico en Infantil 0-3 y Educación Especial.
- Un profesor por etapa en Secundaria, FP, enseñanzas artísticas e idiomas, con un mínimo de uno por cada diez unidades.
Además, se contemplan refuerzos específicos en Educación Especial y el mantenimiento de servicios equivalentes a un día festivo en centros con internado.
Sin embargo, el punto que ha provocado el verdadero choque afecta directamente a 2º de Bachillerato. La Conselleria considera servicios mínimos obligatorios «los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU».
En la práctica, la medida supone blindar durante la huelga todo el proceso relacionado con el cierre del curso y el acceso a la universidad.
La gran disputa: qué son exactamente los «actos imprescindibles»
El principal conflicto entre sindicatos y administración se concentra en la interpretación de una expresión concreta: «actos imprescindibles». STEPV considera que la redacción es deliberadamente ambigua y mucho más restrictiva de lo que inicialmente se trasladó durante las reuniones previas. El sindicato se pregunta si esa definición afecta únicamente a las sesiones de evaluación o si incluye también la preparación de exámenes, correcciones, pruebas y tareas evaluativas necesarias para cerrar el curso académico.
La cuestión es clave porque, según denuncian las organizaciones sindicales, obligar al profesorado a participar en las evaluaciones finales implica indirectamente obligarlo también a preparar previamente todo el trabajo necesario para que esas evaluaciones puedan realizarse.
Ese es precisamente el argumento central de los sindicatos. Consideran que la administración está garantizando de facto el funcionamiento ordinario de 2º de Bachillerato durante la huelga y que eso limita gravemente la capacidad real de protesta del profesorado.
La anticipación del conflicto
El documento de preguntas y respuestas elaborado por STEPV antes de conocerse la propuesta definitiva de la Conselleria ya abordaba específicamente el conflicto sobre las evaluaciones finales y el papel de 2º de Bachillerato.
En ese texto, el sindicato sostenía que los servicios mínimos deben garantizar únicamente lo indispensable y no pueden asegurar el funcionamiento ordinario del sistema educativo ni la «normalidad» de los centros durante una huelga.
El documento advertía expresamente de que no podrían fijarse servicios mínimos que afectaran a todos los tutores de 2º de Bachillerato porque eso supondría «anular de facto» el derecho a huelga en esa etapa educativa.
STEPV también recordaba que la jurisprudencia obliga a aplicar criterios de proporcionalidad estricta entre el sacrificio impuesto al profesorado y los perjuicios que puedan sufrir el alumnado o la ciudadanía.
La batalla jurídica detrás de los servicios mínimos
La disputa tiene un fuerte componente jurídico y enfrenta dos interpretaciones diferentes sobre derechos fundamentales. La Conselleria fundamenta su propuesta en el artículo 27 de la Constitución Española, que protege el derecho a la educación. La administración sostiene que una huelga sin servicios mínimos podría generar perjuicios irreparables para el alumnado y provocar situaciones de desigualdad en el acceso a la universidad.
En el documento remitido a los sindicatos, Educación defiende que la evaluación final de 2º de Bachillerato es un elemento esencial del derecho a la educación y que los poderes públicos están obligados a evitar una «indefensión académica irreparable».
Los sindicatos, sin embargo, recuerdan que el derecho a huelga también es un derecho fundamental protegido constitucionalmente y que los servicios mínimos no pueden utilizarse para neutralizar una movilización.
Precisamente esa tensión jurídica atraviesa todo el conflicto, la de determinar hasta dónde puede limitarse una huelga educativa sin vaciarla de contenido.
Los precedentes en Asturias y Cantabria
El documento de STEPV también recoge precedentes judiciales recientes que ahora cobran especial relevancia en la negociación. En Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia anuló servicios mínimos que afectaban al profesorado tutor de Infantil y Primaria por considerarlos desproporcionados. Sin embargo, en Asturias sí se avalaron medidas relacionadas con actuaciones imprescindibles para sesiones de evaluación durante una huelga indefinida.
Ese precedente asturiano es precisamente uno de los elementos que ahora parecen inspirar la propuesta planteada por la Conselleria valenciana.
Los sindicatos anuncian recursos y hablan de vulneración del derecho a huelga
UGT ha calificado la propuesta de «abusiva e injustificada» y sostiene que la administración está utilizando el derecho a la educación para blindar prácticamente todas las tareas esenciales del final de curso en Bachillerato. «Esto no son servicios mínimos; es un intento de vaciar de contenido un derecho fundamental», señalan desde el sindicato.
La organización considera que las medidas dejan sin margen real de protesta al profesorado de 2º de Bachillerato precisamente en el momento más sensible del calendario escolar. Por ello, ya estudia la presentación de recursos judiciales y medidas cautelarísimas para intentar suspender la aplicación de los mínimos.
CCOO también sostiene que la administración ha ido modulando su propuesta sin modificar el fondo del problema. Según el sindicato, la primera propuesta planteaba inicialmente que el profesorado de 2º de Bachillerato mantuviera el horario completo durante toda la huelga indefinida. Posteriormente, la Conselleria redujo esa exigencia y la limitó a evaluaciones y trámites relacionados con la EBAU.
Sin embargo, el comité de huelga considera que esa «rebaja» sigue obligando indirectamente al profesorado a realizar pruebas, correcciones y tareas previas incompatibles con el ejercicio efectivo de la huelga.
Qué dice la ley sobre quién fija los servicios mínimos
El documento de STEPV recuerda también que los servicios mínimos son fijados unilateralmente por la administración competente mediante resolución oficial.
Una vez establecidos, el personal designado está obligado a cumplirlos. Sin embargo, el mismo texto advierte de que cualquier reorganización interna destinada a sustituir artificialmente al profesorado huelguista podría considerarse «esquirolaje interno», una práctica prohibida por la jurisprudencia constitucional.
Este es otro de los puntos que preocupa dentro de los centros educativos, especialmente en una huelga indefinida donde la organización diaria de evaluaciones, guardias y tareas administrativas puede convertirse en un nuevo foco de tensión.
La ruptura de la negociación confirma la escalada del conflicto
La tensión generada por los servicios mínimos ha terminado ya afectando directamente a la negociación política entre sindicatos y administración. Este jueves, CCOO, UGT y STEPV abandonaron la Mesa Sectorial convocada por la Conselleria después de constatar que la administración mantenía su posición respecto a 2º de Bachillerato y las evaluaciones finales.
Durante la reunión, la Conselleria trasladó una propuesta salarial de 75 euros brutos mensuales a partir de 2027, una cantidad que además se abonaría progresivamente en dos o tres años. La administración defendió posteriormente que el impacto global de la medida supondría movilizar 100 millones de euros anuales y situar al profesorado valenciano «por encima de la media nacional».
La propuesta incluía además compromisos relacionados con infraestructuras educativas, climatización de centros y el denominado Plan Simplifica Educa, orientado a reducir burocracia a partir del curso 2026/2027. Sin embargo, los sindicatos consideran insuficiente la oferta y sostienen que la negociación volvió a quedar monopolizada por los servicios mínimos y las evaluaciones de 2º de Bachillerato.
Según las organizaciones sindicales, la Conselleria sigue sin negociar de forma real el conjunto de reivindicaciones planteadas desde el inicio del conflicto.
Un conflicto que ya va más allá de la huelga
La disputa sobre los servicios mínimos refleja ya un conflicto mucho más profundo que una simple negociación salarial. En el fondo, la batalla enfrenta dos modelos distintos sobre cómo debe gestionarse una huelga en un servicio público esencial y hasta qué punto puede garantizarse el funcionamiento ordinario del sistema educativo durante una protesta indefinida.
A pocos días del 11 de mayo, la negociación está rota, los sindicatos mantienen la convocatoria y 2º de Bachillerato se ha convertido en el centro de la mayor batalla jurídica, política y educativa del curso en la Comunitat Valenciana.
