La plataforma Salvem la Vall ha trasladado al Gobierno de España su preocupación ante lo que consideran «graves irregularidades» en la concesión hídrica del PAI de Llíber solicitada para construir 488 chalets de lujo con piscina en el paraje de la Muntanya Llarga colindante con la Serra de Bèrnia. Representantes de la plataforma se concentraron el pasado sábado frente a la Delegación del Gobierno en València y se reunieron con la delegada Pilar Bernabé, a quien pidieron que se tomen en cuenta las 750 alegaciones presentadas contra el proyecto por su impacto en la sostenibilidad hídrica y medioambiental de la zona.
Salvem la Vall advierte que el plan de actuación urbanística Medina Llíber fue aprobado en enero de 2021, durante el confinamiento de la pandemia, y se diseñó sin considerar su verdadera demanda hídrica. La plataforma sostiene que la reciente solicitud de concesión hídrica presentada por el Ayuntamiento de Llíber para evitar la paralización del proyecto contiene datos manipulados. Según explican, el consistorio ha asegurado a la Confederación Hidrográfica del Júcar que el consumo anual será de 62.000 m³, cuando la previsión inicial aprobada en el proyecto de urbanización era de 207.000 m³, una reducción del 70%. Este consumo proyectado duplicaría el agua utilizada actualmente en Llíber, e incluso superaría la del municipio vecino de Xaló, que tiene tres veces más población.
La carta entregada a Pilar Bernabé, dirigida a Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, incluye también una litografía del artista Joan Castejón dedicada a la lucha contra el PAI. En la carta, Salvem la Vall recuerda que, durante el verano, los pueblos de la Vall de Pop sufrieron severas restricciones de agua, lo que hace incoherente la concesión de permisos para construir viviendas de lujo, cada una valorada en aproximadamente un millón de euros.
Además de la cuestión hídrica, Salvem la Vall denuncia que el proyecto fue aprobado con una Declaración de Impacto Ambiental de 2001, a pesar de que técnicos de la Generalitat Valenciana advirtieron de múltiples irregularidades que no fueron resueltas en la aprobación del plan parcial. La plataforma también expresó su preocupación por el hecho de que la tramitación de la concesión hídrica estuvo coordinada por el anterior Comisario de Aguas, Marc García, quien semanas después fue nombrado director general de Costas, Puertos y Aeropuertos en el Gobierno de Carlos Mazón.
Actualmente, recuerda Salvem la Vall, el PAI de Llíber enfrenta dos demandas en el Juzgado Contencioso-Administrativo de Alicante relacionadas con la aprobación del proyecto y el proceso de reparcelación. Por estos motivos, la plataforma exige acceso completo al expediente 1198/2023, incluyendo todas las comunicaciones del departamento de Marc García, y reitera su solicitud para que el Gobierno considere las alegaciones pendientes.
