Salvem la Vall acusa a la constructora VAPF de «presionar a periodistas, intimidar a activistas con denuncias judiciales, hablar en nombre de un pueblo como si lo hubiera comprado e insinuar que vigila quién asiste y deja de asistir a las manifestaciones contra el PAI».
La asociación añade: «Estamos en democracia, basta de perseguir a la gente que está en contra del PAI».
La Audiencia Provincial ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: en Llíber existía una trama corrupta de políticos, funcionarios y empresarios que han estafado a centenares de personas con licencias urbanísticas que aparentaban ser legales, pero que con el paso de los años se ha demostrado que no lo eran.
Salvem la Vall ha calificado la sentencia como «histórica», aunque se ha mostrado crítico con la dilación en el tiempo, lo que ha llevado a una reducción de penas que en muchos casos considera «ridículas». La asociación ha exigido que se paralice el macropai Medina Llíber, que prevé la construcción de 488 chalets con piscina en la localidad. Consideran que se está repitiendo el mismo esquema de hace 20 años al aprovechar la dilación de los tribunales para ejecutar un PAI que no cuenta con concesión hídrica y que utiliza una declaración de impacto ambiental de 2001.
«Es muy significativo que muchos permisos para el macropai que se está ejecutando ahora los gestionaron, los mismos que han sido confirmados como parte de una trama corrupta», han señalado. «Ejecutar un PAI con la planificación hecha por una trama corrupta es una acción que, a la larga, nos saldrá carísima y estaría bien que esta vez no esperemos veinte años para comprobarlo», han añadido.
Salvem la Vall ha recordado la fuerza social del movimiento contra el PAI, demostrada en dos manifestaciones, y ha advertido que está ultimando los detalles para recurrir el plan parcial que habilita el proyecto que data de 2001, dado que la última sentencia, aunque ha evidenciado que el proyecto aprobado no tiene recursos hídricos, sitúa el origen de las posibles irregularidades en dicho plan anterior.
La asociación ha calificado como «profundamente antidemocrática» la actitud de la constructora VAPF por la nota de prensa posterior a la manifestación nocturna de la semana pasada. «Hablan en nombre de Llíber sin ninguna legitimidad, señalan de forma intimidatoria a los asistentes y mienten sobre las características del PAI aprobadas en la sesión plenaria de enero de 2021. Ni tienen concesión de agua, ni permisos medioambientales, ni tiene nada que ver con la sosostenibilidad,a masacre de la montaña Llarga que están perpetrando de la mano de un ayuntamiento condenado por corrupción».
Salvem la Vall ha animado a la VAPF a «constituirse como partido político si quiere hacer política» y ha acusado a la constructora de «presionar a periodistas, intimidar a activistas con denuncias judiciales, hablar en nombre de un pueblo como si lo hubiera comprado e insinuar que vigila quién asiste y deja de asistir a las manifestaciones. Estamos en democracia, basta de perseguir a la gente que está en contra del PAI».
