La Plataforma Salvem la Vall reveló hoy que el Ayuntamiento de Llíber y la constructora VAPF siguen las obras pese a que la tramitación hídrica sigue paralizada desde que se presentaron 800 alegaciones del vecindario de la Vall de Pop en agosto de 2024.
Salvem la Vall: «Mintieron cuando afirmaron al inicio de las obras que tenían concesión hídrica y ahora siguen destruyendo bajo la estrategia de hechos consumados».
El Ayuntamiento de Llíber y la constructora VAPF siguen las obras del PAI de 488 chalés sin tener en junio de 2025 la concesión hídrica que garantice su suministro. La concesión lleva 10 meses paralizada. Así lo ha revelado Salvem la Vall que ha destacado que las 800 alegaciones contra la tramitación de la concesión presentadas en la campaña de la plataforma del mes de agosto de 2024 demuestran las falsedades en la solicitud del Ayuntamiento de Llíber y las empresas contratadas por la VAPF para realizar los informes. Como ejemplo, Salvem ha destacado la manipulación de las necesidades de agua del PAI aprobadas a la baja en la solicitud respecto a la documentación oficial aprobada por el Ayuntamiento.
Salvem la Vall ha acusado al Ayuntamiento de Llíber y a la constructora de «seguir con la destrucción de la Muntanya Llarga con la estrategia de hechos consumados aunque se mantienen vigentes irregularidades que podrían paralizar el PAI».
La Plataforma ha destacado que se prevé para las próximas semanas la sentencia de la primera de las causas judiciales que piden la nulidad del PAI y que el Ayuntamiento de Llíber y la constructora aprovechan la dilación para provocar daños irreparables en el medio natural.
Asimismo la Plataforma ha destacado que sigue estudiando nuevas vías judiciales y que si en el futuro existen sentencias que hacen inviable el PAI exigirá en los tribunales que los responsables asuman los gastos de regeneración del espacio.
El PAI Medina Lliber se aprobó en enero de 2021 sin incluir ninguna concesión hídrica que garantizara el suministro de agua y su principal impulsor político, el alcalde Jose Juan Reus, está siendo juzgado estas semanas por haber aprobado en su primera etapa en el gobierno de Llíber 300 viviendas ilegales presuntamente a cambio de comisiones. «Es surrealista que a los mismos nombres del escándalo urbanístico de hace 20 años se les permita ahora destruir un paraje natural para construir 488 chalets sin suministro hídrico».
También tengo dudas sobre lo de las depuradoras Si se construyeran de verdad tantos chalets cada uno tendrá su depuradora?