Veinte años después, el caso de Aguas de Calp sigue presente porque afecta a la contratación y ejecución de obras de la red hidráulica municipal y porque el procedimiento judicial se ha iniciado con un retraso de más de dos décadas.
La causa se apoya en la investigación de presuntas irregularidades en adjudicaciones, en la ejecución de los proyectos y en el uso de subcontrataciones, además de incluir el impacto económico en empresas que intervinieron en trabajos vinculados a esas obras.
El juicio ha comenzado esta semana en la Audiencia de Alicante con ocho acusados. En la primera sesión no declararon los procesados, después de que las defensas pidieran que lo hagan al final de la vista, una vez se practique la prueba testifical. La Fiscalía solicita, entre otras penas, nueve años de prisión para Juan Roselló y Javier Artacho por prevaricación, fraude y estafa, según la acusación.
El primer testigo fue un técnico municipal vinculado al servicio de Aguas en el periodo investigado. Declaró que su función «se centraba en la supervisión de la ejecución y el control formal», y que «no participaba en el análisis económico ni en la selección de empresas». Indicó que «recibió varios proyectos con un plazo reducido para informar» y señaló que «no elaboró informes de especificidad técnica, limitando su intervención a comprobaciones básicas de obra».
Durante su declaración se abordaron también aspectos documentales del procedimiento y de la ejecución, como la ausencia de determinadas actas y su desconocimiento sobre subcontrataciones tempranas o certificaciones de obra que se mencionan en el proceso. En paralelo, se citó la existencia de informes universitarios incorporados a la causa que apuntan a sobrecostes relevantes en diferentes capítulos presupuestarios.
La sesión incluyó declaraciones de empresas perjudicadas por impagos. Un empresario explicó que «su compañía realizó trabajos de zanjas durante aproximadamente un año, con una deuda que situó en 245.000 euros». También declararon familiares de responsables de otra empresa que reclamó 83.300 euros pendientes, y se escuchó el testimonio de un exgerente que relató un conflicto económico por una factura de importe superior al valor de los trabajos ejecutados y sus consecuencias laborales.
La causa mantiene atención pública por la antigüedad del procedimiento, por la naturaleza de las obras investigadas y por la intervención de cargos públicos y responsables empresariales, además de la existencia de perjudicados que reclaman cantidades concretas.
Tras la práctica de la prueba testifical y las declaraciones de los acusados si se mantiene el orden solicitado por las defensas, el proceso quedará visto para sentencia y se espera la resolución judicial.
