La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de cuatro delitos contra el patrimonio, relacionados con la sustracción de más de 12.000 metros de cable de cobre de alumbrado público. El valor del material sustraído asciende a 70.155 euros. Los hechos se produjeron en las localidades de Alcalalí, Murla y Xàbia.
Investigación tras las denuncias en la Marina Alta
La investigación, conocida como operación Cobrali y desarrollada por el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de Calp, se inició a raíz de la denuncia del Ayuntamiento de Alcalalí. Esta denuncia reportaba la sustracción de aproximadamente 6.000 metros de cable de alumbrado público en una urbanización de la localidad.
Posteriormente, los agentes tuvieron conocimiento de nuevos robos de cableado con características similares en los municipios de Murla y Xàbia. Estas sustracciones, que sumaban miles de metros adicionales de cable, provocaron que distintas urbanizaciones se quedaran sin alumbrado público. Esta situación generó una considerable preocupación entre los vecinos y un importante perjuicio económico para los ayuntamientos encargados de su mantenimiento.
Seguimiento y detención
Los agentes realizaron diversas gestiones, incluyendo el análisis de imágenes capturadas en las zonas afectadas y el estudio de los consumos energéticos de las urbanizaciones. Estas acciones permitieron determinar con precisión los momentos en que se produjeron las sustracciones.
Durante el desarrollo de la investigación, se lograron localizar imágenes de un vehículo que pudo estar implicado en los robos. Las diferentes gestiones practicadas permitieron, finalmente, identificar al presunto autor y vincularlo con los cuatro delitos investigados.
El pasado 28 de julio, la Guardia Civil localizó al sospechoso en Riba-roja de Túria (València) y procedió a su detención. En el momento de la actuación, se intervinieron 200 metros de cable de cobre de alumbrado público.
Al detenido se le imputan dos delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto. Tras ser puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, la autoridad judicial ha decretado libertad con cargos. Esta medida incluye la obligación de comparecer ante el mismo y la prohibición de salida del territorio nacional.
