El PSPV-PSOE de Pego ha informado en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha notificado al Ayuntamiento pegolino la resolución sobre el recurso de apelación presentado por cuatro miembros del grupo político Compromís. Este recurso iba dirigido contra el propio Ayuntamiento, la asociación de afectados PDAI Pego Golf, y la empresa encargada de desarrollar el proyecto Pego Golf. El TSJCV ha ratificado la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Alicante, que ya había declarado inadmisible el recurso inicial.
Los socialistas destacan que el TSJCV ha avalado los argumentos previamente expuestos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En primer lugar, se señala que los cuatro ediles de Compromís decidieron abstenerse en la votación del pleno de noviembre de 2022, donde se aprobaban las bases para licitar el proyecto de Pego Golf. Según el PSOE, esta abstención demuestra una actitud «incongruente» de los regidores, quienes no manifestaron su oposición al proyecto en el momento correspondiente.
Además, el comunicado subraya que el recurso presentado por Compromís fue rechazado porque su interposición fue fuera de plazo, lo que lo hacía «extemporáneo». El Auto del TSJCV también impone a los apelantes el pago de las costas procesales.
El Ayuntamiento, liderado por el PSOE, solicitó un informe técnico para determinar si el Plan Parcial relacionado con el proyecto había caducado. Dicho informe, ratificado por técnicos de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, concluyó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene vigencia indefinida al tratarse de un plan parcial aprobado.
El comunicado también señala que esta consulta se realizó para evitar posibles acciones legales que pudieran perjudicar económicamente al consistorio, un problema que, según el PSOE, se originó con el beneplácito de los predecesores de los actuales representantes de Compromís. Finalmente, el PSOE afirma que el equipo de gobierno ha seguido las recomendaciones de expertos para evitar demandas y proteger las finanzas municipales, priorizando siempre el interés general del municipio.