El pleno ordinario del Ayuntamiento de Pego celebrado este jueves 3 de julio dio luz verde, de forma definitiva, a la modificación del plan parcial del área de Penya Roja, un proyecto urbanístico que llevaba más de 30 años paralizado. La aprobación, respaldada por los votos del Partido Socialista y del Partido Popular, tuvo una firme oposición por parte de Compromís, que cuestiona tanto la viabilidad hídrica del plan como la gestión técnica y la sostenibilidad del desarrollo.
Durante el debate, la concejala de Urbanismo de Pego, Laura Castellà, calificó el proceso de «complejo», recordando que se arrastra desde hace más de tres décadas. «Nos da cobertura jurídica y administrativa para aprobar el documento de ordenación definitiva», explicó. También subrayó que con este paso «más de 200 propietarios que durante años han estado desprotegidos ante esta administración podrán ver el final de su agonía». Aseguró también que los informes técnicos avalan el proyecto y que la zona ya está catalogada como suelo urbano con uso residencial dominante.
Castellà explicó que hace un año se solicitó al agente urbanizador documentación clave para poder avanzar. La regidora defendió que «esta modificación del plan parcial es un proyecto que responde a las necesidades del pueblo, ordenar el crecimiento y recuperar un paisaje degradado, obteniendo un beneficio para nuestros vecinos».
Compromís, por su parte, centró sus críticas en la insuficiencia de recursos hídricos para asumir un crecimiento poblacional que, según estimaciones, podría suponer un incremento de 5.000 personas, el 50% de la población actual de Pego. «No hay suficiente agua», denunció el portavoz valencianista de Pego, Àngel Oltra, recordando que la Confederación Hidrográfica y la Dirección General de Agua solo permiten un aumento del 10% en el consumo, mientras el plan requeriría hasta el 80% del actual abastecimiento. Además, desde Compromís advirtieron que otras urbanizaciones como Monte Mostalla también se conectarán a la red de Pego, lo que tensionaría aún más el sistema hídrico.
Compromís también criticó duramente la tramitación técnica del plan, al señalar que se desestimaron informes iniciales del personal técnico municipal para encargar nuevos a una empresa externa «más acorde a los intereses de la promotora». «La ley de aguas exige dotación hídrica suficiente, y no se está cumpliendo», añadieron.
Ferran González, portavoz del Partido Popular de Pego, justificó el apoyo de su grupo alegando que la zona «actualmente está abandonada, vandalizada», y que «sería una negligencia continuar igual». Añadió que, por responsabilidad, deben actuar, ya que muchos vecinos «han pagado mucho dinero en certificaciones» y que «los informes lo avalan». González afirmó que confiaba en que el desarrollo del plan genere empleo y dinamice la economía local.
Frente a las dudas sobre el agua, la concejala de Urbanismo respondió que la Confederación Hidrográfica ya no otorga agua para proyectos futuros, sino en función de las necesidades que surgen progresivamente. También ha recordado que la urbanización «no se verá terminada a corto plazo». Ha aportado una sentencia reciente que, según ha dicho, respalda la posición del gobierno local, ya que indica que los recursos hídricos se acreditan con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, en este caso en 2012.
El equipo de gobierno rebatió estos argumentos afirmando que la cuestión del agua ya quedó resuelta en el expediente original de 2012, y que una sentencia judicial «fresquita de hace 10 días» respalda que «no somos los que tenemos que acreditar recursos hídricos». El PSOE insistió en que no existe ningún informe técnico que impida construir y que las deficiencias señaladas fueron simplemente subsanadas.
El portavoz de Compromís puso en duda la existencia de ese informe de la CHJ, insistiendo en que el proyecto «se aprobó con muchas carencias» y que la única solución propuesta fue conectarse «a la línea general de Pego», sin más detalles. «Por los informes de la CHJ sabemos que no hay suficiente agua», remarcó. Respecto al impacto ambiental, Compromís recordó que la zona forma parte de la red Natura 2000 y que cuenta con diversas figuras de protección. Criticaron que se repitan modelos urbanísticos «sin sentido» que ya han causado «sufrimiento» en Pego por parte de anteriores promotores.
Durante el turno de palabra del público, Néstor Portes, presidente del colectivo ecologista Pego Viu, leyó una carta dirigida a toda la corporación municipal en la que expresaron su «profunda preocupación ante la aprobación definitiva de Penya Roja». Según la misiva, el proyecto «supondría un incremento poblacional que implicaría una demanda adicional de agua que excede claramente el volumen concedido y supondría una infracción que penalizaría las arcas públicas del Ayuntamiento».
Según Portes, el informe de la CHJ indica que «cualquier crecimiento urbanístico con necesidades hídricas superiores solo podrá materializarse mediante la mejora de la red de suministro o la aportación de recursos adicionales», requisitos que no constan en el proyecto. Por ello, desde Pego Viu han pedido a los miembros del pleno que «reconsideren la votación y no aprueben el PAI mientras no se acredite la existencia de recursos hídricos suficientes». También han exigido la paralización del procedimiento y la realización de «una auditoría jurídica y técnica independiente sobre la viabilidad real del proyecto». En caso contrario, han anunciado que se reservan el «derecho de emprender acciones legales, tanto por la vía administrativa como judicial, para defender el territorio y garantizar el cumplimiento de la legalidad».
La votación final se saldó con el apoyo del PSOE y el PP, frente a los cuatro votos en contra de Compromís. Tras esta aprobación, el Ayuntamiento remitirá la documentación a la Conselleria competente para su inscripción en el registro autonómico y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
