OPINIÓN | Paula Dólera, Secretaria de la Associació Animalista Els Poets de Pedreguer, y Carlos Javier Sapena Martín, Presidente de la Asociación para la Defensa de los Herbívoros contra los Incendios (ADHIF)
Hay debates que vuelven una y otra vez. No porque los problemas que los originan sean nuevos, sino porque nunca terminan de resolverse. Permanecen latentes durante años y reaparecen con fuerza cuando las circunstancias los convierten en el reflejo de un malestar mucho más amplio. Cuando un sector económico atraviesa una situación especialmente difícil, es frecuente que una cuestión concreta acabe concentrando toda la frustración acumulada. No porque explique, por sí sola, la crisis que se vive, sino porque es la más visible, la más inmediata y, en apariencia, la más fácil de señalar.
Eso es lo que ocurre hoy con la fauna silvestre en el campo valenciano.
El conflicto entre agricultores y especies silvestres no ha surgido de repente. Lleva décadas formando parte de la realidad agraria. En algunas zonas y explotaciones se han documentado daños asociados a la presencia de fauna silvestre, aunque estos no constituyen una realidad uniforme en todo el territorio. Lo que ha cambiado no es la presencia de estos animales, sino el contexto en el que se percibe y gestiona esta convivencia.
Cuando la agricultura mantiene unos niveles adecuados de rentabilidad, los daños ocasionados por la fauna silvestre forman parte de los riesgos propios de la actividad agraria. Sin embargo, cuando la rentabilidad disminuye, los costes aumentan, los precios en origen apenas cubren los gastos y la incertidumbre se convierte en la norma, esos mismos daños adquieren una mayor relevancia, no porque sean necesariamente más frecuentes o intensos, sino porque afectan a explotaciones con una capacidad cada vez menor para hacerles frente.
Es entonces cuando el debate reaparece con toda su intensidad. También cuando surge la tentación de buscar una causa única y fácil para una crisis que tiene múltiples orígenes. Como ocurre con frecuencia en tiempos de incertidumbre, aquello que resulta más visible acaba ocupando el centro del debate, mientras los problemas estructurales, más complejos y menos evidentes, permanecen en un discreto segundo plano.
Desde hace años, las principales organizaciones agrarias coinciden en señalar cuáles son los grandes desafíos del campo valenciano: la falta de rentabilidad, los bajos precios en origen, el aumento de los costes de producción, la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, la creciente carga burocrática y la escasez de agua. Son problemas que comprometen la viabilidad de miles de explotaciones y ayudan a explicar el progresivo abandono de tierras agrícolas mucho antes de entrar a valorar el impacto de la fauna silvestre.
Es en ese contexto donde la fauna silvestre pasa a ocupar el centro del debate. No porque sea el origen de la crisis que atraviesa el campo, sino porque termina por convertirse en el detonante visible de un descontento acumulado durante años.
La Unió Llauradora i Ramadera reclama un Plan Integral de Gestión de la Fauna y estima que los daños ocasionados ascienden a 55 millones de euros. AVA-ASAJA, por su parte, defiende intensificar el control de las poblaciones, aprovechar mejor las ayudas existentes, reforzar los seguros agrarios y ampliar las actuaciones frente a la sobrepoblación.
La cifra de 55 millones de euros merece ser tenida en cuenta, aunque conviene recordar que se trata de una estimación elaborada por la propia organización. En la actualidad no existe una estadística pública que permita verificar con el mismo grado de precisión el coste económico de los daños ocasionados por la fauna silvestre. Agroseguro, principal referencia del sistema español de seguros agrarios, no publica un desglose específico de las indemnizaciones abonadas por este concepto, mientras que sí ofrece información detallada sobre otros riesgos, como los fenómenos climáticos. Esta ausencia de datos oficiales dificulta valorar la verdadera dimensión económica del problema y sugiere, al menos, que no ha sido considerado hasta ahora un riesgo con la misma relevancia estadística o aseguradora que otros factores que afectan a la actividad agraria.
Solo en la Comunitat Valenciana, las indemnizaciones por fenómenos tormentosos alcanzaron los 48,5 millones de euros en 2025, y una única tormenta de pedrisco generó otros 20 millones en pagos. La comparación no pretende restar importancia a los daños causados por la fauna, sino poner de manifiesto que ambos fenómenos no pueden cuantificarse con el mismo nivel de certeza.
Pero incluso aceptando que los daños existen, hay una pregunta que apenas aparece en el debate público.
¿Realmente falta un plan de actuación? Todo indica que no.
La Comunitat Valenciana no ha permanecido inmóvil. Más bien al contrario. Durante los últimos años, la administración ha respondido con una sucesión de reformas normativas destinadas a ampliar las posibilidades de control poblacional y eliminación de especies como el jabalí y el conejo. La Orden 22/2021 inició una flexibilización del régimen vigente y el Decreto 142/2025 profundizó en esa línea, ampliando las actuaciones autorizadas, modificando o suprimiendo algunas de las limitaciones que hasta entonces condicionaban su aplicación y permitiendo el uso de medios técnicos cuyo empleo había estado sujeto a un régimen mucho más restrictivo, como los visores térmicos, los dispositivos de visión nocturna, las cámaras de fototrampeo, las jaulas trampa o los capturaderos.
A ese despliegue normativo se ha sumado un importante esfuerzo económico. La Generalitat ha reforzado su estrategia con un plan de choque dotado con alrededor de seis millones de euros, destinado a financiar actuaciones de control poblacional y eliminación, ampliar la red logística de recogida de animales y desarrollar nuevos métodos de captura. Además, mantiene líneas de ayudas dirigidas a ayuntamientos, titulares de cotos y sociedades de cazadores y, desde 2026, subvenciona con 40 euros por cada jabalí abatido y retirado del monte.
Los datos reflejan la intensidad de esa estrategia. Solo en la última temporada se abatieron 54.548 jabalíes en la Comunitat Valenciana, la cifra más elevada registrada hasta la fecha. Resulta difícil sostener, por tanto, que el problema responda a una falta de actuación administrativa o a la ausencia de recursos públicos.
El debate sobre la fauna ha quedado reducido durante años a una cuestión de cifras: cuántos animales hay y cuántos deben eliminarse. Pero un territorio no puede explicarse únicamente contando individuos. Si, tras años de reformas normativas, inversiones y un esfuerzo creciente de control poblacional, el conflicto continúa reproduciéndose, quizá la cuestión no sea cuánto más intervenir, sino si se está actuando sobre las causas adecuadas.
La evidencia científica lleva tiempo señalando las limitaciones de las soluciones basadas exclusivamente en el control poblacional. En 2005, Adrian Treves y Lisa Naughton Treves advertían de que el control letal aplicado como única respuesta rara vez resuelve de forma permanente los conflictos entre fauna y actividades humanas.
La razón está en el paisaje.
Durante las últimas décadas, el territorio valenciano ha cambiado silenciosamente. Han desaparecido cultivos, se han cerrado caminos, el bosque ha avanzado sobre antiguos campos y el mosaico agrícola que durante generaciones unió producción y naturaleza se ha ido fragmentando. La fauna silvestre no ha escrito esta transformación; simplemente ha aprendido a vivir en sus consecuencias.
Por eso, entender el conflicto únicamente como un problema de animales es empezar el relato por el final. Que se produzcan daños puede ser el detonante visible, pero la intensidad del conflicto solo puede entenderse a la luz de la pérdida de rentabilidad y de la creciente fragilidad económica que desde hace años afecta al sector agrario.
Si, pese a años de reformas normativas, inversión pública y la eliminación de miles de ejemplares, el conflicto continúa, cabe preguntarse si se está exigiendo a la fauna silvestre que cargue con la responsabilidad de un problema cuyo origen trasciende su mera presencia.
La gestión del futuro debe mirar más allá y recuperar la visión del territorio completo: proteger las explotaciones, aplicar medidas preventivas, mantener la actividad agraria, recuperar paisajes diversos y evaluar con rigor los resultados obtenidos. Agricultura y biodiversidad no son dos caminos enfrentados. Son dos partes de un mismo paisaje. Un campo vivo no solo produce alimentos; también mantiene los equilibrios que permiten una convivencia más estable entre las especies y las personas.
La cuestión no puede ni debe centrarse en cuántos animales quedan por abatir, sino qué modelo de paisaje y de gestión del territorio queremos promover. La fauna silvestre responde a las condiciones del medio, y la presión cinegética constituye uno de los principales factores que condicionan su uso del espacio. Cuando esta presión es excesiva o se aplica de forma inadecuada, favorece el desplazamiento de los animales hacia áreas más tranquilas y con mayor disponibilidad de alimento, como las zonas agrícolas, evidenciando que estos conflictos son, en gran medida, una consecuencia de la gestión actual del territorio insuficientemente adaptada a los procesos ecológicos. Y mientras sigamos buscando únicamente aquello que debemos eliminar, seguiremos sin encontrar aquello que necesitamos recuperar.
Tal vez el problema resida en la mirada con la que hemos afrontado este conflicto. Mientras contemplemos la fauna silvestre como la causa del problema y no como el elemento sobre el que convergen transformaciones mucho más profundas del territorio y del sector agrario, seguiremos actuando sobre los efectos más visibles sin abordar las causas que los explican.
Y a quienes representan al campo habría que pedirles algo más: que miren este conflicto con la misma profundidad con la que conocen la tierra que defienden. El campo no es solo un espacio de producción; es un territorio vivo, modelado durante generaciones por la interacción entre las personas y la naturaleza. Por eso, defender la agricultura no puede consistir únicamente en decidir qué especies deben desaparecer para proteger las cosechas. Ningún territorio recupera su armonía a costa de vaciarse de la vida que lo conforma. El verdadero desafío consiste en hacer posible la convivencia entre una agricultura viable y la biodiversidad de la que también depende su futuro.
*Agroseguro. Informes anuales de siniestralidad e indemnizaciones del Seguro Agrario (2025). • Generalitat Valenciana. Orden 22/2021, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen medidas extraordinarias para el control poblacional del jabalí.
Generalitat Valenciana. Decreto 142/2025, del Consell, por el que se modifican las medidas de gestión y control de la sobreabundancia de fauna silvestre en la Comunitat Valenciana. • Treves, A. & Naughton-Treves, L. (2005). Evaluating Lethal Control in the Management of Human– Wildlife Conflict. En R. Woodroffe, S. Thirgood y A. Rabinowitz (eds.), People and Wildlife: Conflict or Coexistence? Cambridge University Press.
IUCN Species Survival Commission (2023). Guidelines on Human–Wildlife Conflict and Coexistence. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
