La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos años de prisión a tres promotores urbanísticos y a un arquitecto municipal por un delito continuado de estafa en el proceso de compra y construcción de chalés en Llíber entre 1999 y 2003. El tribunal aprecia la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, que se ha prolongado durante más de dos décadas.
Además, la Sala impone al técnico municipal y al que era alcalde en el momento de los hechos una multa de 1.800 euros por un delito continuado de prevaricación urbanística, también con la atenuante de dilaciones. Ambos quedan inhabilitados durante tres años para ejercer como arquitectos, aparejadores, constructores, promotores, técnicos de la Administración en materia urbanística o en cualquier actividad relacionada con la gestión urbanística y de la construcción.
Los otros cinco procesados, entre ellos tres ediles que ostentaban competencias municipales en aquel periodo, como el actual alcalde Juan José Reus, han sido absueltos al no quedar probada su implicación en los hechos. La sentencia, no obstante, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Venta en suelo rústico no urbanizable
La resolución judicial declara probado que los tres empresarios condenados ofertaban viviendas en parcelas de suelo rústico a través de agentes inmobiliarios británicos. Mostraban los terrenos a los interesados y les aseguraban que en ellos se podía construir, ocultando que las edificaciones superaban ampliamente los límites legales y requerían autorizaciones imposibles o de muy difícil obtención.
Los compradores eran incluso invitados a diseñar sus propias viviendas, con croquis y características personalizadas, sin que se les advirtiera de que la construcción propuesta resultaba ilegal. De este modo, les ocultaban que sobre las parcelas no se podían levantar edificaciones del tamaño que proponían porque superaban el porcentaje máximo autorizado en relación con la superficie de la parcela, lo que requería una autorización de la Conselleria de vivienda, y otros obstáculos insalvables o de difícil superación para que la casa pudiera construirse. Según la sentencia, los promotores remitían a los clientes al Ayuntamiento de Llíber para comprobar la legalidad, donde el técnico municipal condenado, en connivencia con los constructores, confirmaba falsamente que los proyectos eran legales.
En algunos casos, el arquitecto llegó a cobrar por la redacción de memorias técnicas que después incorporaba a los expedientes administrativos de las licencias de obra. Como funcionario, además, emitía informes favorables que se apoyaban en esos documentos y facilitaban la concesión de las licencias, que finalmente eran aprobadas en Pleno con el voto a favor del entonces alcalde, también condenado aunque no a prisión, pese a que ambos sabían que las autorizaciones eran contrarias a la normativa vigente.
Apariencia de legalidad
El tribunal subraya que esta cadena de actuaciones generó en los afectados «una apariencia de legalidad y seriedad» que les llevó a confiar en la viabilidad de sus proyectos. Muchos realizaron pagos significativos sin saber que no podrían obtener licencias de ocupación ni cédulas de habitabilidad, ni contar con servicios básicos como agua o electricidad en condiciones normales.
La Sala concluye que la mayoría de los afectados «no habría llevado a cabo los negocios de adquisición de las parcelas y construcción de las viviendas si hubieran conocido los obstáculos a la construcción y la ilegalidad de esta».
