El Ayuntamiento de Ondara ha recibido las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto a los dos procedimientos judiciales derivados del contrato de obras del Espai Jove. Las resoluciones judiciales confirman los criterios técnicos y administrativos defendidos por el consistorio desde el inicio del conflicto con la mercantil Víctor Tormo S.L., cerrando un litigio que pretendía obligar al municipio a pagar cantidades muy superiores a las finalmente dictaminadas.
La justicia ha avalado el rigor del Ayuntamiento en la gestión de este contrato, determinando que la administración local solo deberá abonar las cuantías técnicamente justificadas. En términos globales, la mercantil reclamaba un total de 328.562,78 euros, pero el TSJCV ha reducido estas pretensiones a menos de la mitad, dejando la cifra final en 162.825,87 euros más intereses. Esto supone que el tribunal ha rechazado el 50,5% de las reclamaciones económicas de la constructora.
Desglose de los dos procedimientos judiciales
El conflicto se dividió en dos cauces legales diferenciados debido a la naturaleza de las reclamaciones de la empresa. El primero de ellos se centraba en las obras ejecutadas no previstas en el proyecto original. Mientras la mercantil exigía 230.509,29 euros por estos trabajos, el TSJCV ha fijado que el importe procedente es de 158.825,09 euros (sumando lo ya pagado administrativamente y lo reconocido ahora por el juez). En esta pieza, el tribunal ha descartado el 31% de lo que pedía la empresa al considerar que no estaba justificado.
Mucho más contundente ha sido el fallo respecto al segundo procedimiento, relativo a los supuestos daños y perjuicios por retrasos en la obra. La constructora reclamaba 98.053,49 euros al consistorio por este concepto; sin embargo, el TSJCV solo ha reconocido 4.000,78 euros, derivados exclusivamente de la suspensión de los trabajos durante la pandemia de la COVID-19. El resto de la reclamación en este apartado, que supone más del 96% de lo exigido, ha sido totalmente desestimada.
Aval al rigor administrativo de Ondara
Desde el equipo de gobierno han destacado que estas sentencias ponen fin al litigio confirmando que el Ayuntamiento de Ondara actuó con ajuste a derecho. El fallo ratifica que los informes de la Dirección Facultativa municipal eran correctos y que la negativa a pagar las facturas infladas de la constructora estaba legalmente fundamentada.
Con este dictamen final, el consistorio logra proteger los recursos públicos frente a las pretensiones de la mercantil, asegurando que solo se pague por el valor real de los trabajos realizados y por los imprevistos técnicos estrictamente demostrables durante la ejecución del Espai Jove.
