Salvem la Vall ha denunciado que el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) de Llíber avanza sin recursos hídricos garantizados, mientras se exige a los residentes de la Vall de Pop medidas de racionamiento de agua.
Salvem la Vall ha criticado que la VAPF, el Ajuntament de Llíber y la Generalitat Valenciana pretenden aplicar una política de «hechos consumados». Según la asociación, se acelera la construcción del PAI, que prevé 480 chalets con piscina en la Muntanya Llarga de Llíber, a pesar de que algunas sentencias no son firmes y están pendientes de revisión por el TSJCV.
Controversia jurídica sobre la disponibilidad de agua
La plataforma ha afirmado que en la última vista judicial, los impulsores del PAI han modificado su versión. Han reconocido que el pozo anunciado en 2023 no tiene agua disponible ni la concesión necesaria. Según Salvem la Vall, ahora aseguran que obtendrán el agua del acuífero de Parcent. Sin embargo, la plataforma advierte que Llíber ya sobrepasa su concesión anual, sin contar el consumo previsto para el PAI Medina.
La asociación ha advertido de la incongruencia de exigir a la ciudadanía el racionamiento de agua en este mes de julio, mientras se permite la construcción del PAI que prevé también piscinas sin concesión hídrica. Salvem la Vall asegura que la VAPF y el Ajuntament de Llíber argumentan que no necesitan demostrar la disponibilidad de agua, porque el inicio administrativo del proyecto es anterior a la ley que exige la concesión hídrica para aprobar un PAI.
Los servicios jurídicos de los ayuntamientos, entidades y partidos que se oponen a la ejecución del PAI niegan este extremo, dado que la aprobación definitiva del proyecto data del año 2021, aunque los orígenes del cambio de la clasificación urbanística se remontan a 25 años atrás.
Advertencia de «ruina hídrica» en la Vall de Pop
Salvem la Vall ha reiterado que «el sistema falla y la realidad es que se envía a la ruina hídrica a los pueblos y ciudadanía de Vall de Pop». La asociación ha señalado: «En pocos años la falta de agua llevará a una subida brutal de la factura de consumo que solo podrán pagar residentes europeos ricos. Nos expulsarán por el precio de las casas, por el precio del agua y por el precio de los alimentos».
