El Pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ondara aprobó la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con la enmienda presentada por el Grupo Municipal Compromís per Ondara.
La votación contó con los votos favorables del PP y de Compromís, mientras que el Equipo de Gobierno del PSPV votó en contra. La propuesta inicial del Partido Popular contemplaba reducir el tipo impositivo del IBI urbano del 0,74% al 0,62% y el del rústico del 0,85% al 0,73%.
No obstante, la enmienda de Compromís, aprobada previamente con el mismo resultado de votación, modificó el punto para que solo se redujera el tipo aplicable a los bienes urbanos, manteniendo el tipo actual de los inmuebles rústicos en el 0,85%.
La enmienda para mantener el tipo rústico
Compromís presentó la enmienda con el objetivo de matizar la propuesta del PP. Según argumentó el grupo, la revisión catastral de 2012 provocó un incremento notable en el valor de los inmuebles urbanos, lo que derivó en una mayor carga fiscal para la ciudadanía.
Por ello, consideraron «acertada» la rebaja del tipo urbano del 0,74% al 0,62%, pero rechazaron aplicar la misma reducción a los bienes rústicos, ya que «no sufrieron una revalorización similar» y, por tanto, la medida sería «injustificada y perjudicial para las arcas municipales».
La enmienda acordaba mantener el tipo rústico en el 0,85% actual, con el fin de evitar una merma de ingresos que comprometa inversiones prioritarias, como la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o las ayudas sociales.
Esta enmienda fue aceptada por el PP y votada a favor por PP y Compromís (8 votos) y en contra por el PSPV (5 votos). Así, la rebaja del IBI urbano será del 0,74% al 0,62%, y el rústico no bajará. El impacto económico de la enmienda se ha cuantificado en 41.000 euros.
Argumentos del PSPV en contra de la bajada del IBI
El Equipo de Gobierno del PSPV defendió su oposición a la bajada del IBI apelando a la «responsabilidad fiscal» para mantener los tipos actuales y asegurar la continuidad de los servicios municipales y las ayudas sociales.
El alcalde de Ondara, José Ramiro, pidió a Compromís «una reflexión» y «una abstención para que el pueblo pueda avanzar», apelando a hacer «políticas de izquierdas y progresistas» frente a las políticas de derechas del PP, «como bajar el IBI».
Ramiro manifestó su oposición a la reducción del tipo impositivo del IBI urbano advirtiendo que esta medida puede poner en riesgo la capacidad del Ayuntamiento para mantener los servicios públicos fundamentales. El alcalde basó su postura en el informe de Secretaría-Intervención, que indica que la reducción del tipo urbano conllevará una disminución de ingresos municipales y obligará a ajustar el gasto para garantizar el equilibrio presupuestario y las reglas fiscales.
Según dicho informe, la propuesta de reducción de los tipos del IBI supondrá una disminución estimada de 431.902,57 euros en los ingresos municipales para el ejercicio 2026. Con la incorporación de la enmienda de Compromís, esta disminución se reduciría en 41.000 euros, quedando en unos 390.000 euros.
Restricciones fiscales
Respecto a los argumentos esgrimidos por Compromís sobre la bajada del IBI aprobada en 2022 y la subida de 2023, Ramiro explicó que estas variaciones se debieron a las restricciones fiscales vigentes. Desde enero de 2024, se han reactivado las reglas fiscales estatales, incluido el techo de gasto, que impide a los ayuntamientos utilizar los remanentes de tesorería para financiar políticas públicas.
Aunque Ondara dispone de 6 millones de euros en el banco, 4 millones están bloqueados por estas normas y no pueden gastarse, señaló Ramiro. «El Ayuntamiento debe sobrevivir con los ingresos anuales, no con los ahorros. Si pudiéramos usar esos 4 millones, quizás sí podríamos plantear una bajada, pero ahora mismo no es viable», explicó.
Añadió que la reducción del tipo urbano del 0,74% al 0,62% supondrá una pérdida de 431.000 euros, lo que afecta directamente a la capacidad para financiar servicios como Cultura, Deportes, Promoción Económica, Políticas Sociales y ayudas.
Además, recordó que el Ayuntamiento tiene compromisos de gasto pendientes, como 253.000 euros con Aigües de València (por la liquidación del servicio que ahora presta el propio Ayuntamiento), 50.000 euros para la Escuela Infantil y otros gastos como la RPT (valorada en 250.000 euros).
Ramiro apeló a Compromís a mantener la «coherencia» con la política fiscal anterior, recordando que en octubre de 2023, el gobierno municipal, entonces formado por PSPV y Compromís, aprobó el tipo del 0,74% para garantizar unos ingresos suficientes. Según el alcalde, la medida aprobada ahora «es electoralista y no contempla las restricciones fiscales actuales».
Además, subrayó que la enmienda no afecta al IBI rústico, «donde la mayoría de los bancales pagan entre 15 y 20 euros», por lo que beneficia principalmente a las propiedades urbanas de mayor valor. «A quien se perjudica no es a Ramiro ni al PSOE, sino al pueblo, que tendrá menos recursos para hacer políticas públicas», afirmó.
Ramiro pidió a los grupos municipales «una reflexión profunda» y propuso «una abstención responsable si no se quiere votar en contra» para evitar perjudicar al municipio. «Sin los ingresos previstos, es muy difícil que el pueblo avance. Hay que garantizar que el Ayuntamiento tenga los recursos necesarios para seguir ofreciendo servicios de calidad a la ciudadanía», concluyó.
Compromís defiende la medida «coherente»
El portavoz de Compromís, Lluís Fornés, defendió la bajada del IBI urbano como una medida coherente con la política fiscal de años anteriores y beneficiosa para la mayoría de las familias de Ondara. Recordó que en 2023 se justificó la subida del IBI para garantizar los servicios municipales, y que ahora, en 2025, se propone una bajada que afecta positivamente a la gran mayoría de la población, al centrarse solo en los bienes urbanos.
Fornés criticó que Compromís no haya sido invitado a participar en la elaboración de los presupuestos municipales, a pesar de que las partidas «han aumentado considerablemente». Puso como ejemplo que la partida de escuelas deportivas ha pasado de 270.000 euros en 2023 a 384.000 euros actualmente.
También explicó que Compromís presentó una enmienda previa en las comisiones, que suponía entre 40.000 y 50.000 euros más para el presupuesto del año siguiente, pero el PSOE votó en contra. Se preguntó si este rechazo respondía a una falta de ingresos reales o simplemente a una negativa sistemática a las propuestas de Compromís.
Respecto a la RPT, Fornés aclaró que no es necesario abonar los 260.000 euros en un solo ejercicio, ya que se puede fraccionar en varios años, comenzando con una partida de 80.000 euros, lo que sería asumible en los presupuestos de 2026. «Aunque 50.000 euros no cubren el coste total, sí ayudan a avanzar de forma responsable», indicó el portavoz.
PP defiende la bajada del IBI urbano, pero con críticas a la gestión económica
El portavoz del Partido Popular, Àlex Hernández, defendió la viabilidad de la propuesta de bajada del IBI urbano apoyándose en el informe de Intervención Municipal, que confirma que sí es posible aplicar la reducción, aunque requerirá ajustes en determinadas partidas de los capítulos 2 (gastos corrientes) y 4 (transferencias).
Hernández destacó un punto clave del informe: la liquidación pendiente con Aigües de València, que asciende a 253.000 euros, y denunció que este gasto no se comunicó con transparencia cuando todos los grupos votaron a favor de la desprivatización del servicio. «Esto pone en evidencia la falta de transparencia del gobierno actual», afirmó, criticando que «el dinero destinado al agua se haya gastado en otras áreas» y que ahora se use esta deuda «como argumento para no bajar el IBI». «Habéis gastado el dinero en lo que os ha dado la gana, y ahora decís que no se puede bajar el impuesto porque hay que pagar el agua», denunció.
El portavoz del PP también comparó cifras de personal: en 2015, con 6.800 habitantes, el presupuesto de personal era de 2,8 millones de euros; en 2025, con 7.500 habitantes, asciende a 5,09 millones. «Por 700 habitantes más habéis duplicado el gasto en personal. Eso es una barbaridad. El problema no es el IBI, es la gestión», concluyó Hernández.
El concejal popular Agustí Vaquer aportó datos económicos para justificar «la necesidad de bajar el IBI urbano y frenar el incremento constante de la presión fiscal». Según Vaquer, los ingresos tributarios del Ayuntamiento han aumentado un 38% en los últimos ocho años (de 4.770.000 euros en 2017 a 6.495.000 euros en 2024), mientras que la renta disponible de las familias ha crecido solo un 18% (de 16.000 euros en 2010 a 19.145 euros en 2023).
«El Ayuntamiento ha duplicado los ingresos por impuestos muy por encima del aumento de los ingresos familiares. No se trata de dejar al Ayuntamiento sin dinero, sino de no ahogar al pueblo», subrayó. Vaquer advirtió que se está generando «una estructura municipal desproporcionada que se está comiendo al pueblo» y reclamó «un cambio de políticas que priorice la sostenibilidad fiscal y el bienestar de las familias». «Cada año se piden más ingresos, más impuestos, pero la gente no puede seguir pagando a este ritmo», concluyó.
Nombramiento de la nueva Jueza de Paz
El Pleno también abordó un segundo punto del orden del día: el nombramiento del Juez de Paz titular y suplente, tras valorar las candidaturas presentadas en el plazo establecido. Magdalena Amàlia Server Oliver fue designada Jueza de Paz titular, y Eva Vidal Escrivà como suplente. Este punto fue aprobado por unanimidad.
