Veintidós municipios alicantinos con menos de 1.000 habitantes, entre ellos varios de la comarca de la Marina Alta, han suscrito un documento conjunto en el que reclaman a la Diputación de Alicante apoyo económico para la apertura y mantenimiento de sus piscinas municipales durante la temporada estival.
El Grupo Socialista de la Diputación ha sido el encargado de difundir tal demanda de las localidades, entre las que figuran Alcoleja, Alcosser, L’Atzúbia, Balones, Beniardà, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benimantell, Castell de Castells, Fageca, Gorga, Llosa de Camacho, Millena, Penàguila, Quatretondeta, Sanet i Negrals, Tàrbena, La Vall d’Alcalà, La Vall d’Ebo, La Vall de Gallinera y La Vall de Laguar. Todos ellos denuncian la falta de recursos para afrontar el sobrecoste que supone poner en marcha estas instalaciones, consideradas vitales en los meses de verano.
«El funcionamiento de las piscinas no es un lujo, es una necesidad. Son espacios de encuentro, salud y bienestar, especialmente en los pueblos donde no hay alternativas similares», ha manifestado Maria Oltra, alcaldesa de L’Atzúbia. «Pero los costes extraordinarios que generan superan las posibilidades de muchos ayuntamientos con presupuestos muy limitados», ha añadido.
El documento remitido a la Diputación solicita la creación de un plan específico de ayudas que permita sufragar los gastos operativos asociados a la temporada estival. Los alcaldes advierten que el incremento de población y la apertura de infraestructuras como las piscinas generan una presión añadida en municipios ya de por sí colapsados.
Ignasi Mora, alcalde de La Vall de Gallinera, ha sido contundente: «No pedimos favores, pedimos justicia territorial. La Diputación no puede seguir de espaldas a los pueblos en riesgo de despoblación. Es imprescindible que existan líneas de subvención para el gasto corriente o para afrontar sobrecostes estacionales como los del verano».
Los firmantes critican que las ayudas disponibles este año han sido mayoritariamente finalistas, destinadas a proyectos concretos, lo que impide cubrir gastos generales o extraordinarios. Una limitación que, aseguran, ignora las realidades de los pequeños municipios.
Desde los 22 municipios firmantes se reclama a la Diputación «medidas urgentes, sin importar el nombre del plan, ya sea Plan +Cerca o cualquier otro nombre, siempre que sea eficaz, flexible y adaptado a las necesidades reales del territorio rural. La petición es clara: garantizar que ningún pueblo tenga que renunciar a ofrecer servicios esenciales por falta de recursos», aseguran.
