La Fiscalía solicita dos años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida para cada uno de los cuatro acusados, entre los que se encuentran el exalcalde de Benissa, el exconcejal de Deportes, un jefe de servicio y un empresario.
Todos ellos están acusados de haberse quedado con los enseres y la maquinaria pertenecientes al adjudicatario de la explotación de la piscina municipal una vez finalizó la concesión.
El origen del conflicto se remonta a la concesión de la piscina municipal
Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos comenzaron en junio de 2013, cuando el perjudicado obtuvo la adjudicación para explotar las instalaciones de la piscina municipal de Benissa.
Para poder prestar los distintos servicios vinculados a esa explotación, el empresario depositó en las instalaciones municipales diversa maquinaria y material, elementos necesarios para el funcionamiento de la actividad.
La concesión terminó en 2014 y el material permaneció en las instalaciones
La Fiscalía explica que, en 2014, el contrato de explotación quedó resuelto y el servicio pasó a ser gestionado por otra empresa.
En ese momento, los acusados comunicaron al adjudicatario que pretendían adquirir los bienes que permanecían en la piscina. Como consecuencia de esa propuesta, el empresario decidió no retirar los enseres ni la maquinaria, al entender que iban a ser objeto de compra.
La acusación sostiene que nunca se abonó el importe de los bienes
De acuerdo con el Ministerio Fiscal, el empresario nunca llegó a recibir el pago correspondiente por el material que había dejado en las instalaciones municipales.
Además, la acusación pública mantiene que, a pesar de conocer las reclamaciones realizadas por el perjudicado para recuperar sus bienes, los cuatro acusados impidieron la devolución del material.
La Fiscalía cifra el valor de los enseres y la maquinaria en más de 69.000 euros, cantidad que constituye la base del perjuicio económico denunciado en este procedimiento.
La petición de condena
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión para cada uno de los cuatro acusados como presuntos autores de un delito de apropiación indebida.
