En medio de la polémica que envuelve al PAI Medina Llíber, la constructora a cargo del proyecto ha decidido llevar adelante acciones legales contra el diputado Gerard Fullana, de Compromís, según ha afirmado el propio Fullana. El diputado ha considerado que la denuncia viene motivada por sus comentarios críticos y su activismo legal en contra de la iniciativa urbanística. Según ha comunicado Compromís, la empresa denuncia al diputado citándolo a un acto de conciliación previa a la interposición de una querella.
Los comentarios contra la actuación a los que se refiere Fullana pertenecen a un vídeo en el que denuncia la destrucción de patrimonio natural a través del mencionado PAI que, según la coalición, «tendría importantes irregularidades y por este motivo se han interpuesto varias demandas tanto desde la coalición como desde ayuntamientos vecinos gobernados por la misma».
«Me amenazan con acciones penales si no afirmo en mis redes sociales que el PAI es totalmente legal, cosa que no haremos, puesto que de hecho hemos presentado varias demandas denunciando irregularidades», ha acusado Fullana. Además, la constructora pide que el diputado retire sus críticas por «el cierre y la ubicación de seguridad privada en caminos tradicionales y de uso habitual de la ciudadanía por los cuales se ha accedido históricamente a la cumbre del paraje». Según han informado los valencianistas, la constructora también habría denunciado la comparación de sus acciones con actividades «propias de la mafia», que el diputado hizo en relación con las presiones de la constructora a activistas o al propio diputado a través de varias acciones los últimos meses o por el modus operandi en la aprobación del proyecto.
«Pretenden dictarnos las opiniones que tenemos que escribir en las redes y decir a los medios de comunicación, un hecho absolutamente repudiable en 2024 en una democracia avanzada. No es un hecho aislado y forma parte de la mentalidad inherente a la extrema derecha autoritaria de limitar la libertad y derechos de la ciudadanía para asegurar los negocios y privilegios que unos pocos hacen a expensas de la mayoría», ha denunciado Fullana.
Según consideran los valencianistas, las denuncias y campañas para presionar a activistas o políticos en contra del macropai de Llíber llegan en un momento determinante en los juzgados. «Tres salas de lo contencioso-administrativo de los juzgados de Alicante dirimen la paralización cautelar de todo el proyecto por irregularidades en las obras del alcantarillado, por irregularidades en la reparcelación y por el elemento más determinante de todos: la falta de concesión hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar para construir cerca de 500 casas en un proyecto que duplicará las necesidades de agua de Llíber y que de continuar así dejará sin recursos al resto de la Vall de Pop». El diputado Gerard Fullana es uno de los impulsores de las acciones judiciales que se resuelven en este momento en los juzgados.
«Ya no solo es una lucha medioambiental, sino que es una lucha por la democracia y la libertad. No daremos ni un paso atrás, no dejaremos de denunciar con libertad contra la masacre medioambiental que se está perpetuando en Llíber, ni retiraremos ni una sola de las demandas que hemos presentado a los juzgados», ha destacado el diputado de la Marina Alta.
Así mismo, Fullana también ha destacado que desde el grupo parlamentario en les Corts Valencianes y el grupo de la Diputación de Alicante «se estudian más acciones judiciales contra los diversos proyectos que la Generalitat Valenciana está reviviendo». En el caso de la Marina Alta, Compromís ha denunciado la emisión de «informes express» por parte del gobierno valenciano los últimos meses «para acelerar y evitar la paralización en tribunales de los macroproyectos urbanísticos de Llíber y Pego».
