Los grupos políticos Compromís, Reiniciem Benissa y CIBE han anunciado este martes, 12 de mayo de 2026, nuevas acciones judiciales, fiscales y sociales contra el avance del proyecto urbanístico de Benissa Natura en Patmore. Las formaciones sostienen que el Ayuntamiento de Benissa ha dado nuevos pasos administrativos en favor del macroproyecto pese a que, según denuncian, no se estaría aplicando el Plan Especial de Protección de la Franja Litoral de 1998, una norma que consideran plenamente vigente y de obligado cumplimiento.
La rueda de prensa se produce tres meses después de que los mismos grupos denunciaran una gestión «plagada de irregularidades» en torno a Patmore. Entonces ya advirtieron de que el desarrollo urbanístico colisionaba, a su juicio, con el Plan General de 1982 y con el Plan Especial de Protección de la Franja Litoral de 1998. Ahora aseguran que el caso ha entrado en una nueva fase: ya se han otorgado dos licencias, una de segregación de parcelas y otra de demolición de edificaciones, y las máquinas se encuentran trabajando sobre el terreno.
Dos licencias otorgadas y derribos ya en marcha
Según han explicado los representantes de la oposición, el Ayuntamiento ha concedido recientemente una licencia de segregación de parcelas y otra de demolición. Estas autorizaciones, afirman, se han dado mediante decretos de alcaldía y no por junta de gobierno.
Los grupos consideran que estas licencias forman parte de la preparación del terreno para la futura concesión de la licencia de obra mayor del proyecto. A su juicio, se estarían haciendo «trajes a medida» para facilitar la construcción de viviendas de lujo y un hotel en una zona litoral que, insisten, debería estar especialmente protegida.
Denuncian la demolición de una caseta histórica de más de 100 años
Una de las novedades más destacadas por los denunciantes es la destrucción de una caseta histórica de piedra situada en el ámbito de Patmore. Según han indicado, no se trataba únicamente de edificaciones de los años 70, sino también de una construcción vinculada a los antiguos caseros y con más de un siglo de antigüedad.
Los grupos aseguran que esa edificación podría haberse conservado y rehabilitado como centro de interpretación del litoral benisser.
Una vía pecuaria pública atravesaría tres parcelas segregadas
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la presunta afección a una vía pecuaria pública. Según ha explicado Juan Carlos Mut, de Reiniciem Benissa, el Casal Cultural de Benissa realizó una consulta a la Conselleria después de varias respuestas municipales que, según los grupos, negaban o evitaban aclarar el trazado real de la vía.
La respuesta de la Conselleria, según los denunciantes, confirma que la vía pecuaria atraviesa tres de las parcelas segregadas en la urbanización Patmore. Por ello, sostienen que la licencia de segregación incurre en una grave irregularidad, ya que se habría actuado sobre suelo público.
«La vía pecuaria es propiedad de la Conselleria y el Ayuntamiento no puede hacer ninguna modificación sobre una propiedad que no es suya», ha afirmado Mari Carme Ronda, de Compromís per Benissa. También han recordado que una vía pecuaria es de acceso público y no puede restringirse salvo que exista una desafectación formal.
El Plan Especial de la Franja Litoral, «escondido» en el archivo
Compromís, Reiniciem y CIBE han insistido en que el eje del conflicto está en la aplicación del Plan Especial de Protección de la Franja Litoral, aprobado definitivamente en 1998. Según han denunciado, este documento no aparece completo en el portal de transparencia municipal y tuvieron que reclamarlo en el archivo municipal.
«En el portal de transparencia de Benissa no lo busquéis porque no lo encontraréis», ha afirmado Ronda. Según los grupos, el hecho de que el plan y su anexo no estén digitalizados ni disponibles de forma ordinaria demuestra que «el Ayuntamiento no lo está utilizando» en la tramitación de las licencias.
La oposición sostiene que el plan afecta no solo a la primera línea litoral, sino también a la zona de influencia comprendida desde la Avenida de la Marina hacia el mar. Por tanto, entienden que Patmore queda dentro de su ámbito de aplicación.
Un anexo de flora y fauna con rango normativo
Los denunciantes han aportado como elemento clave el anexo de preservación de flora y fauna del Plan Especial. Según han explicado, este anexo fue aprobado y sellado en 1997, publicado junto al plan en 1998 y tendría rango normativo.
Ese documento, afirman, obliga a preservar el arbolado, evitar movimientos de tierra que dañen los sistemas radiculares, utilizar especies autóctonas y ejecutar cualquier intervención con la mínima transformación del entorno. La oposición sostiene que estos criterios chocan frontalmente con las actuaciones ya realizadas y con el diseño previsto del proyecto. «Desde hace meses, ya hemos visto maquinaria pesada actuando y talando toda la pinada», han denunciado.
Excavaciones de hasta 10 metros y «patios ingleses»
Los grupos también han alertado sobre el impacto visual y ambiental del proyecto. Según han explicado, para construir las viviendas y el hotel en el acantilado sería necesario excavar hasta 10 metros de profundidad y generar terrazas o «patios ingleses» que permitirían que determinadas plantas computaran como sótanos.
A su juicio, este mecanismo serviría para sortear los límites de edificabilidad y produciría un efecto de «torres» de cuatro o cinco plantas vistas desde el mar. «El impacto visual desde el mar será demoledor», ha advertido Isidpr Mollà, de CIBE.
La Junta Asesora del Litoral, otro órgano clave que no se habría constituido
La oposición ha vuelto a recordar que el Plan Especial prevé la creación de una Junta Asesora del Litoral, integrada por el alcalde y perfiles técnicos especializados, como un biólogo, un arquitecto con conocimiento de tipologías autóctonas, el arquitecto municipal y un arquitecto o ingeniero superior experto en paisajismo.
Según el plan, este órgano debe supervisar, informar y aprobar los proyectos de obra mayor y menor incluidos en las zonas afectadas. Los grupos denuncian que sin esa aprobación no se pueden conceder licencias municipales y que, sin embargo, el Ayuntamiento estaría tramitando autorizaciones sin este filtro.
«Estamos viendo que la voluntad del alcalde Arturo Poquet es seguir adelante y otorgar licencia al macroproyecto urbanístico de Benissa Natura», han afirmado. También han acusado al Ayuntamiento de actuar con falta de transparencia y de no facilitar información suficiente sobre los informes técnicos que han ido solicitando.
La oposición sostiene que las licencias son actos reglados, pero subraya que deben cumplir todo el planeamiento vigente. Por ello, considera que no basta con invocar de forma genérica el cumplimiento del planeamiento si no se cita expresamente el Plan Especial ni sus artículos.
Recursos, Fiscalía y posible vía penal
Ante los nuevos hechos, Compromís, Reiniciem y CIBE han anunciado un plan de acción en varias vías. En primer lugar, recurrirán las dos licencias ya otorgadas: la de segregación y la de demolición. En segundo lugar, aportarán a la Fiscalía toda la documentación recuperada del Plan Especial y de su anexo de flora y fauna.
Además, han avanzado que preparan la vía penal para el momento en que el Ayuntamiento otorgue, en su caso, la licencia definitiva de obra mayor. Los grupos hablan de un posible delito de prevaricación, siempre en términos presuntos, por entender que se estarían ignorando normas urbanísticas y ambientales vigentes.
Nuevas movilizaciones de Salvem el litoral
La respuesta no será únicamente judicial. Las formaciones han anunciado que se retomarán las protestas ciudadanas a través de la plataforma Salvem el litoral. Prevén movilizaciones en la calle y acciones informativas en los mercados locales.
Los grupos aseguran que existe una amplia oposición social al proyecto y que muchas personas todavía no perciben la magnitud del impacto porque las construcciones no se han levantado. «Cuando vean las torres desde la playa, la catástrofe será enorme», ha asegurado Mollà.
Un conflicto de años
El caso Patmore arrastra una larga controversia política y administrativa. En febrero, Compromís, Reiniciem Benissa y CIBE ya denunciaron que Benissa Natura había solicitado licencia poco antes de la suspensión de licencias acordada en noviembre de 2022. También acusaron al Ayuntamiento de no haber impulsado la modificación puntual necesaria para proteger el paraje y de impedir, con su inacción, prorrogar la suspensión.
Entonces ya alertaron de movimientos de tierra, desbroces, posible afección a flora protegida y ausencia de la Junta Asesora del Litoral. La novedad ahora es que, según la oposición, el expediente ha avanzado con licencias concretas, derribos en ejecución, una caseta histórica demolida y una vía pecuaria pública afectada.
