El grupo municipal Reiniciem Benissa, a través de su portavoz, Juan Carlos Mut, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar lo que califica como una vulneración del derecho a la información de los regidores y regidoras de la corporación. Según la formación, este derecho «se está incumpliendo sistemáticamente por parte del Ayuntamiento», lo que estaría dificultando la labor de control y fiscalización que corresponde a la oposición.
Reiniciem sostiene que existe un bloqueo institucional basado en el uso del silencio administrativo, la dilación de los procedimientos y la remisión cruzada de responsabilidades entre la Alcaldía y la Secretaría municipal. La formación considera que esta dinámica impide acceder en tiempo y forma a expedientes relevantes para comprobar la actuación del gobierno local.
Mut, además, ha anunciado que ha registrado la queja en el propio Ayuntamiento y que ya ha presentado un escrito ante el Síndic de Greuges. Por otro lado, el portavoz de Reiniciem ha adelantado que contemplan acudir también a la vía contencioso-administrativa y a la vía penal. Entre las medidas que estudian figuran acciones contra el alcalde y contra la Secretaría municipal, a la que atribuyen un papel clave como garante de la legalidad administrativa.
Acceso a expedientes municipales
El núcleo de la denuncia se sitúa en el acceso a la documentación municipal. Reiniciem afirma que las solicitudes de información formuladas por sus representantes no reciben respuesta dentro de los plazos previstos y que, cuando intentan hacer efectivo el acceso por silencio administrativo, se encuentran con nuevos obstáculos.
Según ha explicado Mut, tanto el Reglamento Orgánico Municipal de Benissa como el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establecen que las solicitudes de información de los miembros de la corporación deben entenderse aceptadas si no existe una resolución denegatoria motivada en el plazo de cinco días naturales.
Sin embargo, Reiniciem sostiene que en la práctica el Ayuntamiento no responde dentro de ese plazo y que, al acudir al departamento correspondiente para consultar la documentación, se les exige previamente un certificado de silencio administrativo. La formación denuncia que este requisito genera una nueva demora, porque la Secretaría dispone de 15 días para emitir ese certificado y, según el grupo, en ocasiones no lo entrega y finalmente se facilita la información solicitada de manera parcial o distinta de la solicitada.
El «bucle» entre Alcaldía y Secretaría
Mut ha descrito esta situación como un «bucle» administrativo. Según el portavoz de Reiniciem, cuando se reclama el acceso a la información, la Alcaldía deriva la responsabilidad a la Secretaría municipal, alegando que es quien debe permitir el acceso. A su vez, la Secretaría remite la decisión a la Alcaldía, al señalar que es el alcalde quien firma los decretos de autorización.
El resultado, según el grupo municipal, es que las solicitudes quedan atrapadas en un ciclo de responsabilidades cruzadas que termina retrasando o impidiendo el acceso a los expedientes. Reiniciem considera que esta práctica afecta directamente al derecho a la participación política de los representantes públicos, porque sin documentación no pueden ejercer adecuadamente la fiscalización del gobierno municipal.
La formación sostiene que no se trata de una demora puntual por carga de trabajo o falta de personal, sino de una dinámica continuada que, en su opinión, configura un escenario de indefensión institucional para la oposición.
Reiniciem señala algunos casos
Mut ha dado a conocer algunos de los casos en los que basa su denuncia sobre el «bucle administrativo» al reclamar el acceso a la información y ha explicado que la situación les comenzó a llamar la atención cuando solicitaron acceso un expediente relacionado con Patmore.
Uno de los casos ha sido la licitación de la explotación del bar del centro social. Según ha expuesto Mut en la rueda de prensa, la empresa adjudicataria habría presentado una propuesta que no cumplía las prescripciones técnicas mínimas relativas a la reforma de los baños, tanto en la dotación de sanitarios como en la adaptación normativa exigida. Reiniciem sostiene que, pese a que el informe técnico habría reconocido ese incumplimiento, la propuesta fue puntuada y no excluida del procedimiento.
La formación compara este caso con otros procesos de contratación en los que, según afirma, el incumplimiento de las cláusulas técnicas sí ha comportado la exclusión automática de ofertas. Por ello, pidió conocer los informes completos y la documentación que justificó la continuidad de la empresa adjudicataria en el procedimiento. Finalmente solo se le concedió el acceso al expediente de contratación.
Otro de los casos citados ha sido el de las excavaciones realizadas en el cementerio viejo de Benissa para la búsqueda de restos de brigadistas internacionales. Reiniciem afirma que existe una opacidad total en torno a este expediente y a la gestión de los restos óseos, ya que, hasta el momento de la rueda de prensa este martes 26 de mayo, y a la espera del pleno del mes, no habían obtenido respuesta a esta solicitud. Según el grupo, se habría producido un traslado de restos desde el cementerio viejo al cementerio nuevo sin custodia ni acta oficial. La formación también señala que la Fiscalía habría requerido documentación al Ayuntamiento en dos ocasiones.
Queja ante el Síndic de Greuges y advertencia a la Secretaría
Ante la acumulación de casos, Reiniciem ha informado de la presentación de una queja-denuncia ante el Síndic de Greuges. En ella detalla los episodios que, a su juicio, reflejan obstrucción al acceso a la información municipal. El grupo sostiene que el Síndic ya habría identificado previamente al Ayuntamiento de Benissa como una entidad hostil por su falta de respuesta recurrente. La formación utiliza este antecedente para reforzar su tesis de que no se trata de un conflicto aislado.
Además, el portavoz de Reiniciem ha informado que se ha registrado en el Ayuntamiento un documento dirigido a la Secretaría municipal para advertir de su deber de velar por la legalidad y por el cumplimiento efectivo del derecho de los representantes públicos a acceder a la información municipal.
Reiniciem estudia la vía contencioso-administrativa y penal
Por último, Mut ha anunciado que contemplan interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales. En concreto, vincula la falta de acceso a los expedientes con una posible lesión del derecho a la participación política y a la fiscalización de la acción de gobierno.
Reiniciem también prepara, según la información facilitada, una posible denuncia contra el alcalde y otra contra la Secretaría municipal ante el Colegio de Secretarios. En el caso de esta última, el grupo plantea solicitar la inhabilitación a través de su colegio profesional por un presunto incumplimiento de sus funciones como garante de la legalidad.
La formación fundamenta su posición en que el acceso a la información no es una concesión política del gobierno local, sino un derecho reconocido a los miembros de la corporación para poder ejercer su cargo público.
Mut ha citado varios precedentes judiciales para respaldar su advertencia de que la falta de entrega de documentación puede derivar en condenas por vulneración de derechos fundamentales. Entre los casos mencionados figura Benahavís, en Málaga, donde se alude a sentencias condenatorias por ocultación de información urbanística, o el caso de Moncada, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana habría condenado a la corporación por lesionar el derecho a la participación política al ocultar documentación.
