La primera sesión del juicio por el caso Aguas de Calp comenzó este lunes en la Audiencia de Alicante tras más de veinte años de retrasos, sin que llegaran a declarar los acusados, ya que las defensas pidieron que lo hagan al final.
El primer testigo fue el técnico municipal que dirigía entonces el servicio de Aguas, quien sostuvo que su trabajo «se limitaba a un control formal del contrato y a la supervisión básica de la ejecución, sin intervenir en el análisis económico ni en la selección de empresas». El ingeniero afirmó que su «control» consistía, en la práctica, en pasar por las obras «porque le venía de camino» y añadió que fue un encargo del entonces alcalde, Javier Morató, para vigilar que los trabajos «se hicieran bien».
Acusaciones y presuntas irregularidades
En el banquillo se sientan el exconcejal y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado Javier Artacho, para quienes Anticorrupción solicita nueve años de prisión por prevaricación, fraude y estafa, además de exresponsables de la empresa mixta y directivos de mercantiles implicadas.
La Fiscalía sostiene que se usaron empresas sin actividad real para aprobar proyectos sobredimensionados y con sobrecostes, desviando fondos públicos y dejando a proveedores sin cobrar: los proyectos bajo sospecha suman 4,5 millones de euros y más de un millón se habría desviado mediante subcontratas y obras infladas.
El técnico declaró que «no trataba con Roselló ni Artacho y que su interlocutor era el director de Aguas de Calp; admitió además que tuvo solo ocho días para informar de cinco proyectos y que no emitió informes de especificidad técnica», al tiempo que dijo «desconocer la subcontratación a los nueve días de la adjudicación y que las certificaciones de obra eran la primera vez que las veía».
Empresas perjudicadas
La sesión se completó con los testimonios de empresarios que ejecutaron trabajos y aseguran que el entramado les dejó sin cobrar. Nicolás Agudo, gerente de Exca-Gata, uno de los principales afectados, afirmó que «su empresa realizó durante un año zanjas de la red transversal, incluso de noche, y quedó con una deuda de 245.000 euros tras impagos y pagarés sin fondos». Añadió: «Me daban largas, decían que ellos tampoco habían cobrado».
Según su relato, Aguas de Calp le ofreció 60.000 euros a cambio de renunciar al resto y aseguró: «Esto ha sido mi ruina, la de mi mujer y la de mi familia. Del disgusto me he quedado ciego». También ratificaron la acusación familiares del empresario de Vives Dalmau, encargado del asfaltado, con 83.300 euros pendientes, y declaró el exgerente de una empresa que ejecutó parte de un proyecto de canalización de salmuera, quien denunció una factura de 350.000 euros para trabajos valorados en 46.000 y afirmó que aquello le llevó a perder su empleo.
