OPINIÓN | Paula Dólera, Secretaria de la Associació Animalista Els Poets de Pedreguer, y Carlos Javier Sapena Martín, Presidente de la Asociación para la Defensa de los Herbívoros contra los Incendios (ADHIF)
La muerte del arruí abatido hace unos días en Dénia reabre el debate científico y ético sobre la gestión de una especie sometida en la Comunitat Valenciana a una de las políticas de erradicación más intensas de España.
Hay hechos cuya importancia no reside únicamente en lo que ocurre, sino en la naturalidad con la que somos capaces de aceptarlos. La muerte del arruí abatido en Dénia pertenece a esa categoría de acontecimientos que revelan algo más profundo que un simple incidente con fauna silvestre. Revelan una forma de mirar el mundo.
Durante más de 24 horas, el arruí deambuló desorientado por el casco urbano de Dénia. Avanzaba sin rumbo aparente, buscando una salida en un entorno que no podía comprender. No era un depredador. No mostraba un comportamiento agresivo. Era un herbívoro salvaje fuera de lugar, atrapado entre el miedo y el desconcierto. Su huida terminó con un disparo.
El caso de Dénia no constituye una excepción. Constituye el instante en que una realidad silenciada durante años irrumpió en el espacio público. Mientras centenares de arruís son abatidos cada temporada en la Comunitat Valenciana, generalmente en montes públicos, espacios naturales, paisajes protegidos y otros terrenos donde la administración desarrolla sus programas de control, este animal apareció donde nadie podía apartar los ojos. Caminó desorientado entre personas que asistieron a su huida y, finalmente, a su muerte. Y eso fue precisamente lo que hizo diferente este caso: por una vez, la sociedad pudo contemplar las consecuencias de una política que habitualmente se ejecuta lejos de la vista y, con demasiada frecuencia, también lejos del debate.
Y cuando algo oculto se hace visible, también deberían hacerse visibles las preguntas.
La primera afecta a la propia base científica sobre la que se sostiene buena parte de la gestión actual. La cuestión de fondo es si esa política responde realmente al mejor conocimiento científico disponible o si, por el contrario, ha terminado convirtiéndose en una respuesta prácticamente automática.
La inclusión del arruí en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras ha orientado su gestión hacia políticas de control y erradicación. Ese marco legal no exime de una obligación esencial: que cada decisión irreversible esté sustentada en la mejor evidencia científica disponible y en un criterio de proporcionalidad. Convertir esa clasificación en sinónimo de un consenso científico absoluto supone simplificar un debate que está lejos de haber concluido.
Precisamente por ello, diversos investigadores llevan años defendiendo la necesidad de revisar la gestión del arruí a la luz del conocimiento científico acumulado durante las últimas décadas. Entre ellos se encuentra Jorge Cassinello, investigador del CSIC y uno de los mayores especialistas internacionales en esta especie. En esa misma línea se han pronunciado también investigadores como Sergio Enguía o Alfonso San Miguel Ayanz, que plantean modelos de gestión adaptativa, basados en la evaluación de cada territorio y no en soluciones uniformes.
No sostienen que el arruí no deba gestionarse. Lo que cuestionan es que la erradicación se haya convertido, en muchos casos, en el objetivo prioritario antes incluso de valorar otras estrategias de manejo.
La ciencia no avanza mediante certezas inamovibles. Avanza revisando hipótesis, incorporando nuevos datos y corrigiendo sus propias conclusiones. La gestión pública debería hacer lo mismo.
A esa discusión científica se suma otra paradoja. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) mantiene al arruí catalogado como especie Vulnerable en su área natural de distribución del norte de África.
Existe, además, una dimensión económica sobre la que apenas se habla. Aunque la normativa estatal y autonómica sobre especies exóticas invasoras prohíbe la comercialización del arruí (*), desde hace años se anuncian públicamente en la provincia de Alicante recechos de hasta 3.000 euros, ofertados tanto por particulares como por empresas del sector cinegético, como Hunty o CAZALICANTE. A la vista de los 1.379 arruís abatidos oficialmente en Alicante durante las temporadas 2024-2025, resulta difícil entender el silencio de la Generalitat ante una actividad que podría mover más de cuatro millones de euros.
Conviene recordar, además, que el arruí nunca llegó por sí solo a la península ibérica. Fue introducido deliberadamente por el ser humano en 1970 en Sierra Espuña con fines cinegéticos. Su expansión posterior deriva de aquella decisión inicial. No estamos, por tanto, ante una invasión espontánea de la naturaleza, sino ante las consecuencias de una actuación humana cuyas decisiones siguen condicionando hoy el debate sobre su gestión.
No deja de resultar paradójico que el mismo animal que durante décadas fue considerado un recurso cinegético y generó actividad económica sea presentado hoy exclusivamente como un problema cuya solución parece pasar por su eliminación sistemática.
Tampoco todas las administraciones públicas han interpretado esta cuestión del mismo modo. Mientras la Comunitat Valenciana ha apostado por políticas de erradicación especialmente intensas, otras comunidades autónomas han mantenido modelos de gestión más equilibrados, combinando el control poblacional, el aprovechamiento cinegético y otras herramientas de manejo.
Los propios datos oficiales reflejan la intensidad de esa política. Durante el periodo 2024-2025 fueron abatidos 1.423 arruís en la Comunitat Valenciana. De ellos, 1.379 correspondieron únicamente a la provincia de Alicante, frente a 44 en Valencia y ninguno en Castellón, según datos de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.
Frente a ello, otras comunidades autónomas han optado por enfoques diferentes. Especialmente significativo resulta el caso de la Región de Murcia. Su Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial analizó recientemente los últimos estudios científicos sobre la situación de esta especie con el objetivo de solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica la descatalogación del arruí como especie exótica invasora y su consideración como especie naturalizada. La propuesta se apoya, precisamente, en los informes elaborados por el equipo de Jorge Cassinello.
Si la ciencia condujera inevitablemente hacia una única respuesta, difícilmente existirían diferencias tan marcadas entre administraciones sometidas al mismo marco legal.
Desde 2007, la Asociación para la Defensa de los Herbívoros contra los Incendios Forestales (ADHIF) viene reclamando una revisión de la catalogación y de las políticas aplicadas al arruí. Su propuesta no consiste en renunciar a la gestión, sino en sustituir la erradicación sistemática por decisiones sustentadas en la evidencia científica más reciente, la proporcionalidad, la gestión adaptativa y el bienestar animal.
Puede compartirse o no esa posición. Lo difícil de justificar es que un debate científico real sea prácticamente ignorado por las políticas públicas.
Pero esta realidad no es únicamente científica. También interpela a la ética con la que una sociedad decide relacionarse con la fauna silvestre.
La protección de la biodiversidad es una obligación indiscutible, pero también lo es preguntarse si la muerte debe convertirse siempre en la primera respuesta. Una sociedad que aspira a relacionarse de forma ética con los animales debería explorar todas las alternativas disponibles antes de considerar indiscutible la eliminación de una vida.
El arruí no eligió llegar. Fue traído por decisiones humanas. Hoy son también decisiones humanas las que determinan su futuro. La responsabilidad nunca ha sido del arruí. Ha sido nuestra.
Lo ocurrido en Dénia no debería quedar reducido a una discusión puntual sobre una especie concreta, sino que debería obligarnos a cuestionar en serio el modelo de convivencia que estamos construyendo con la fauna silvestre. Con demasiada frecuencia, la presencia de animales solo se tolera mientras no altera nuestros intereses o nuestro bienestar cotidiano; en cuanto aparece la incomodidad, se reclama su gestión inmediata, rápida y aparentemente definitiva, como si los conflictos con la naturaleza pudieran resolverse sin costes ni efectos secundarios. Esa lógica de urgencia y simplificación ignora las consecuencias ecológicas y éticas de nuestras decisiones, y revela una relación profundamente desequilibrada con el entorno que compartimos.
Pero el verdadero problema ya no es únicamente el arruí. Es la extraordinaria facilidad con la que una sociedad moderna acepta que la muerte pueda convertirse en un procedimiento administrativo. Basta una clasificación legal para que dejemos de ver un animal y comencemos a ver un expediente. Basta una etiqueta para que desaparezcan preguntas que deberían acompañar cualquier decisión definitiva y cruenta.
Una sociedad verdaderamente civilizada no es aquella que resuelve más deprisa sus conflictos con la naturaleza. Es aquella que se resiste a aceptar que la muerte pueda convertirse, sin apenas discusión, en la forma más sencilla de resolverlos.
* El artículo 64.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dispone : “La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior”. Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, art. 7.1 (prohibición de posesión, transporte, tráfico y comercio de las especies catalogadas).
Artículo 4.1.b) del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, que prohíbe el comercio, tráfico o cesión de los ejemplares vivos de las especies incluidas en su Anexo I
