El diputado por Alicante Gerard Fullana y la portavoz de asuntos medioambientales, Paula Espinosa, defienden que los recursos hídricos deben priorizarse para garantizar derechos básicos en los pueblos, frente a la expansión de macrourbanizaciones y del turismo residencial impulsados por las leyes de simplificación urbanística del Consell presidido por Carlos Mazón y con el apoyo del PP de Alicante, encabezado por Juan Francisco Pérez Llorca.
La iniciativa parlamentaria llega tras los graves episodios vividos en la Vall de Laguar, que durante el año 2025 sufrió 200 días sin agua potable, una situación que en 2026 amenaza con repetirse. El origen del problema se encuentra en la nueva depuradora ejecutada por la Diputación, con una capacidad de filtración insuficiente, pese a haber supuesto un coste cercano a los 600.000 euros de dinero público.
Esta actuación se financió gracias a un acuerdo presupuestario firmado en 2021, en plena pandemia de la COVID, entre Compromís y el gobierno de la Diputación. Un acuerdo que exigía reforzar los servicios esenciales en los municipios de menos de 10.000 habitantes, con criterios democráticos y priorizando inversiones básicas como el agua potable. «Ese acuerdo existe, está firmado y no se ha cumplido correctamente por parte de la Diputación», ha remarcado Fullana, quien firmó el acuerdo como portavoz de Compromís.
Una obra fallida y la denuncia de irresponsabilidad institucional
Tras visitar el municipio y conocer la situación de primera mano, Fullana ha sido contundente: «El PP de la Diputación de Alicante nunca se ha tomado en serio los problemas hídricos de nuestros pueblos. Esta obra, hecha tarde y mal, es la prueba».
Compromís denuncia además un hecho especialmente grave: el Ayuntamiento y sus técnicos propusieron desde el primer momento una solución alternativa, técnicamente solvente y más eficiente, que la Diputación rechazó. Ahora, años después, es la propia Diputación la que admite que aquella era la solución correcta. «Esto implica duplicar gastos, perder tiempo y condenar al vecindario a continuar sin agua potable. Es una irresponsabilidad mayúscula», han señalado.
Para Compromís, el caso de la Vall de Laguar ejemplifica el modelo del PP en la Diputación de Alicante: una institución que cuesta millones de euros cada año solo para funcionar, pero que no cumple su función principal de garantizar servicios esenciales en los pueblos. Al mismo tiempo, denuncian que sí se destinan recursos y esfuerzos a favorecer inversiones ligadas al turismo residencial y a la especulación urbanística.
En este contexto, la coalición también cuestiona el convenio mediante el cual la Generalitat Valenciana delega competencias en materia hídrica a la Diputación de Alicante a través de la empresa pública Proaguas. Compromís considera especialmente preocupante que esta decisión se haya tomado justo cuando han salido a la luz actuaciones cuestionables en inversiones de agua por parte de la Diputación, y reclama explicaciones claras sobre los criterios seguidos y el control real de estos recursos.
El diputado Gerard Fullana ha declarado: «Las leyes de alfombra roja a los pelotazos urbanísticos y el monopolio inversor de la Diputación en el turismo residencial provocarán que, en menos de diez años, situaciones como la de la Vall de Laguar —con hasta 200 días al año sin agua potable— se generalicen. Se está expulsando a la gente de una vida normal en sus pueblos, reduciendo servicios básicos y multiplicando el coste de vida».
Compromís concluye que el agua no puede ser un negocio ni una moneda de cambio. Es un derecho básico que debe estar garantizado para todas las personas, vivan donde vivan. «Mientras el PP defiende el negocio del agua, Compromís defenderá siempre el agua para los pueblos».
