El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Calp ha aprobado de forma definitiva la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basura, con los votos en contra de los grupos municipales del Partido Popular y Defendamos Calpe. La actualización se realiza en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea, que obliga a los ayuntamientos a recaudar el 100% del coste del servicio para garantizar su sostenibilidad económica, según apunta el Ayuntamiento.
Nueva distribución de tasas por zonas
La nueva tasa se ha fijado tras un estudio económico-financiero que analiza los costes del servicio y establece las cuotas según criterios de capacidad económica y generación de residuos. La distribución se realiza en nueve zonas, determinadas por la valoración catastral, quedando de la siguiente manera:
- Zona 1 – Pou Roig: 162,03€.
- Zona 2 – Diseminados: 223,98€.
- Zona 3 – Casco/Ensanche: 223,06€.
- Zona 4 – Mascarat: 171,84€.
- Zona 5 – Urbanizaciones: 235,15€.
- Zona 6 – Manzanera: 257,14€.
- Zona 7 – Litoral Puerto: 176,85€.
- Zona 8 – Litoral: 177,17€.
- Zona 9 – Salinas: 185,33€.
Los locales comerciales e industriales quedan exentos del incremento, y se establece una bonificación del 95% para unidades familiares cuyos componentes, declarante y cónyuge, sean pensionistas o jubilados, previa acreditación.
Posturas enfrentadas en el pleno
La medida ha generado un intenso debate en el pleno. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha criticado que la ordenanza «no se centra en la generación de residuos, como exige Europa, sino en la capacidad económica». Según Quiles, «lo más justo hubiera sido reducir el IBI a los vecinos» y considera que «el método elegido es injusto y necesita mayor esfuerzo para hacerlo equitativo».
Desde el Partido Popular, Miguel Crespo ha manifestado su rechazo, calificando el servicio como deficiente: «Esta tasa no está bien trabajada. Los ciudadanos pagarán 2,5 millones de euros más por el mismo servicio. La Comisión Europea no obliga a subir las tasas, solo pide que el servicio sea sostenible».
Por su parte, Ximo Perles, concejal de Compromís y portavoz del gobierno, defendió la medida argumentando que «se trata de resolver una alegación que, de no haberse presentado, no habría generado este debate».
El concejal de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, acusó a la oposición de «aprovechar esta resolución para calificarla como un atraco» y añadió: «A nadie le gusta subir impuestos, pero ya lo hemos justificado».
Compromiso de modificación futura
La alcaldesa de Calp, Ana Sala, cerró el debate reconociendo el impacto de la medida: «El grupo popular intenta trasladar a la ciudadanía que esto es un tasazo. Obviamente, los ciudadanos van a pagar más. Esta subida no es del gusto del gobierno, pero me he comprometido a modificar la tasa en 2025 para que la carga impositiva sea menor para quien recicle. No sé cómo lo vamos a hacer, pero ya estamos trabajando en ello».