En el pleno celebrado este mes de octubre, el Ayuntamiento de Calp ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basura. Esta actualización se ha realizado en cumplimiento con la nueva ley estatal de Residuos, que sigue una directiva europea. Según anunció el equipo de gobierno, la normativa obliga a los ayuntamientos a garantizar que la gestión de los residuos no sea deficitaria, es decir, que la tasa de basura cubra el 100% del coste del servicio.
Para llevar a cabo esta modificación, el consistorio ha elaborado un estudio económico financiero que analiza los costes del servicio y fija la tasa en función de criterios relacionados con la capacidad económica y la generación de residuos. Además, la distribución de la tasa se ha organizado mediante la creación de nueve zonas basadas en la valoración catastral.
Durante el turno de intervenciones, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, subrayó que «se han intentado todas las variables para que la incidencia de esta subida sea la menor posible, no queremos subir la basura, pero nos obliga una normativa europea». Asimismo, aclaró que esta modificación tiene carácter provisional y estará vigente solo durante un año: «Trabajaremos para crear una nueva tasa mejor, más ajustada, en la que pague menos quien más recicla y se penalice al que más contamina».
Por su parte, Paco Quiles, portavoz del grupo Defendamos Calp, criticó el enfoque de la medida al señalar que «Europa no nos pide que subamos el precio, dice que pague más quien genere más residuos. Ustedes no han trabajado esta propuesta». Quiles también añadió que el método empleado es injusto, ya que se centra en la capacidad económica de la zona de residencia, pero ignora la cantidad de residuos generados, lo que, según él, no cumple con el objetivo de la ley.
Miguel Crespo, portavoz del Partido Popular, también mostró su descontento con la propuesta y criticó el servicio de recogida de basura en general. «El camino es lograr un servicio más eficiente y económico, pero esta es una solución de un gobierno sin ideas», afirmó Crespo, quien también lamentó la falta de bonificaciones y de participación vecinal en la elaboración de la tasa. En su opinión, la nueva tasa «no alienta el reciclaje, sino que castiga a las familias» y consideró que se trata de «una subida de impuestos pura y dura», que generará 2 millones de euros de ingresos adicionales en 2025.
En defensa de la medida, Guillermo Sendra, portavoz del Partido Socialista, admitió que se trata de «una medida impopular», pero rechazó el uso político de la situación por parte de la oposición. «¿Qué están haciendo en Benissa, Teulada, Elche o Alicante, donde gobierna el PP? Todos estos pueblos están aumentando la tasa, algunos la cuadriplican o triplican, señaló.
El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Compromís, Ximo Perles, también intervino para aclarar que «esta tasa no tiene que ver con el contrato del servicio». Recordó que «el contrato de la basura es fruto de la gestión del Partido Popular, y nosotros votamos en contra». Además, explicó que la zonificación la lleva a cabo SUMA y tiene en cuenta el valor medio catastral y el número de personas empadronadas en cada vivienda.
Finalmente, el concejal de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, destacó los costes asociados al reciclaje y señaló que «la gente debe saber que pagamos casi dos millones de euros al Consorcio Mare por la planta de reciclaje de Campello». Del Pino concluyó que «reciclar es caro, pero hay unos costes que hay que asumir».
