El pasado martes, 8 de abril, la Unión Municipalista, confederación de partidos de ámbito local, registró en les Corts Valencianes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de impulsar una reforma de la actual Ley Electoral Valenciana. La propuesta pretende avanzar hacia una democracia más representativa, justa y plural. La iniciativa ha sido admitida a trámite por la Mesa de les Corts y publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2025.
Firmas ciudadanas en Calp
En apoyo a esta ILP, Somos Calpe ha anunciado la organización de dos jornadas de recogida de firmas en la localidad:
- Viernes 22 de agosto, a las 19:30 h, en la Plaza Colón (Playa Arenal-Bol)
- Sábado 23 de agosto, a las 9:30 h, en el Mercadillo de la Avenida Rumanía
La formación defiende que la actual legislación, que establece una barrera electoral del 5 % computada sobre el total de votos (incluidos los nulos), supone un obstáculo desproporcionado para el acceso de formaciones minoritarias a les Corts.
Posturas de representantes locales
La alcaldesa de Calp y portavoz de Somos Calpe, Ana Sala, ha declarado que:
«La barrera electoral del 5 % supone una injusticia democrática que limita la pluralidad en les Corts. Desde Somos Calpe defendemos que todas las voces deben ser escuchadas y que ningún voto pese menos que otro».
Por su parte, la secretaria de la formación y concejal del Ayuntamiento, Rebeca Merchán, ha añadido:
«Esta iniciativa es un ejemplo de cómo los partidos municipalistas trabajamos por la gente, desde lo local hacia lo autonómico. Queremos un sistema electoral más justo, que represente realmente a la ciudadanía».
Justificación constitucional y objetivos de la reforma
Según indica la formación, la ILP se basa en los principios recogidos en la Constitución Española de 1978, concretamente en sus artículos 1, 9 y 23, que reconocen la soberanía popular, el derecho de participación en los asuntos públicos y la necesidad de que el sistema electoral respete la proporcionalidad e igualdad del voto.
Desde Somos Calpe se considera que la ley actual, heredada del Estatuto de Autonomía de 1982 y la Ley Electoral de 1987, no se ajusta a estos principios ni a los compromisos internacionales suscritos por España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La campaña se enmarca en el objetivo de fortalecer la representación democrática y asegurar que el sistema electoral refleje fielmente la voluntad de la ciudadanía.
