La relación entre PP y obras públicas ha tenido una larga histórica mediática, llena de desencuentros y sumarios judiciales. En Calp todo se magnifica en un crisol aderezado por 20 años de gobierno popular, desde la discutible utilidad de la obra hasta la cascada de subcontratas que nos dejan imágenes de precariedad laboral, poca profesionalidad y una posible explicación del porque "todo va com Calp".
Si antes imperaba la omertà, o ley del silencio, la indignación acumulada entre la ciudadanía calpina ante la dejadez, la prepotencia y el alejamiento de la utilidad social del actual gobierno, ha propiciado un mosaico de quejas y denuncias que quizás explique mejor que la propia alcaldía las obras del plan Edusi - Revitaliza Calp - Plan de Acción Local Calp 2020
Antecedentes: ¿Por qué escaleras mecánicas? Escalera I
¿Cómo es posible que el gobierno Popular pase de promocionar el encanto histórico de la calle Vicente Pastor a remodelarla por completo para colocar una escalera mecánica?
Después del estupor ciudadano ante primera rampa/escalera mecánica, que se colocaba en este icónico pasaje tradicional, convirtiéndolo en un monumento al derroche (la Calle Alcalde Vicente Pastor, aún visible en google maps en su estado original ). Tras unas molestas obras, lo que era un vestigio del Calp histórico, se convirtió en un pasaje pos-moderno que se llevó por delante el alma de la calle. Teniendo en cuenta que el dinero que Europa destinaba a "movilidad" (fondos EDUSI) podría haber sido invertido de forma más inteligente y eficaz, ya se hablaba abiertamente de "un despilfarro grotesco". El asunto no había hecho más que comenzar, ahora venía la segunda parte en la Calle Murillo.
Movilidad o trama. Escaleras II
El hecho de que Europa asumiera el 50% del coste nunca justificó las rampas mecánicas. La histórica falta de movilidad de Calp se podría haber resuelto con líneas de subvenciones a las comunidades de vecinos, líneas adicionales de autobuses o incluso con ayudas para vehículos de movilidad personal, había alternativas.
Lo incomprensible, a parte de la nunca justificada necesidad de las rampas, comenzaba con la misma licitación. Un proceso en el que el ayuntamiento de Calp otorgaba el contrato a una empresa de Madrid, frente a dos competidores mas cercanos, de Villajoyosa y de Alicante. Todo esto, basándose en un informe de criterios subjetivos firmado por un técnico municipal imputado en la trama BRUGAL.
Finalmente, pese a no ser ni la más cercana, la más experimentada, ni la más económica, la adjudicataria fue LICUAS SA, empresa ubicada en Madrid, conocida por estar vinculada a la financiación del PP, figurando en los papeles de Bárcenas, el "Caso Púnica" y la "Trama Lezo", es decir, una habitual en los sumarios del PP.
Una cascada de chapuzas que llamó la atención
Lo que se llevó a cabo por una subcontrata en la calle Murillo fue más allá en todas las expectativas, la apertura de la calle causó muchísimas e innecesarias molestias a los vecinos, los mismos que seguían sin entender la necesidad del remodelado, ni de las rampas. Habida cuenta de la presencia de garajes que obligarían a partir el tramo en dos partes, y sobre todo, de la existencia de rutas alternativas.
El resultado final incluye roturas y vías de agua, mala señalización, un sinfín de denuncias públicas de una chapuza detrás de otra. La extensión de la acera había obligado a cambiar el trayecto del autobús, las vallas de protección que se colocaron impedían el acceso al paso de cebra y hubo que cortarlas con radial, el badén sobre el que se ubica el paso de peatones está tan mal situado que los vehículos lo rozan con los bajos o salen despedidos. Y como siempre, explicaciones, cero. La idoneidad que se acreditaba en el informe que le otorgo la contrata cada vez se disipaba más, y aun no ha acabado.
Del hartazgo vecinal a la denuncia ciudadana
No se quedó en eso, la colocación de las rampas fue tortuosa, y una vez inauguradas seguían dando problemas. El capricho de la alcaldesa llagaba al punto de asignar la supervisión del funcionamiento de las mismas a una asesora de gobierno que avisaba al servicio técnico mantenedor o las encendía personalmente según hacía falta.
El colofón, en este caso, lo ponían los operarios (sub)contratados por LICUAS SA, obligados por contrato a dejar la zona como se la encontraban. Nos dejaban, a la vez que saneaban la entrada de un garaje colindante, la imagen que representa perfectamente el espíritu del contratista. Subidos a una valla de obra, perforaban las farolas que rodean la zona. Una muestra explicita de la precariedad laboral que se esconde tras las subcontratas del Partido Popular.
A modo de epílogo hemos podido comprobar que la guinda viene con la instalación de cámaras de seguridad en la zona, ordenadas por la mismísima alcaldesa con el fin de evitar travesuras y usos indebidos de lo que pretendía que fuera su proyecto estrella. Nada que alegar, si no fuera por la histórica falta de vigilancia que sufren determinadas zonas de ocio, la vasta red de urbanizaciones y otros lugares conflictivos del municipio que no cuentan con el mismo despliegue de medios.
