La Comunitat Valenciana se consolida como referente nacional en la promoción de vivienda protegida mediante construcción industrializada, una fórmula que busca agilizar los plazos de edificación y ampliar la oferta habitacional. Este modelo ha sido presentado por la Generalitat en jornadas sectoriales.
El director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, y la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, han destacado las ventajas de este sistema durante su participación en las jornadas ‘La promoción pública de la vivienda’, celebradas en Valladolid el 19 de septiembre de 2026. Ambos han subrayado que la construcción industrializada no solo acelera los procesos, sino que también mejora la eficiencia y la sostenibilidad de las edificaciones.
Un modelo pionero en España
La Comunitat Valenciana ha sido la primera autonomía en licitar un pliego de viviendas protegidas totalmente con el modelo industrializado. De esta manera se ha impulsado la construcción de más de 200 viviendas industrializadas, en el marco del Plan Vive Dana, diseñado para responder a las necesidades habitacionales en las zonas afectadas por la riada de octubre de 2024. De estas, un centenar de viviendas se han puesto en marcha en Torrent, Albal y Utiel, con una inversión que supera los 21 millones de euros.
Estefanía Martínez ha explicado que la industrialización implica una transformación profunda en los procesos de contratación pública. A diferencia del método tradicional, donde el proyecto se cierra antes de la licitación, la lógica industrializada permite definir necesidades y prestaciones para que el mercado proponga soluciones tecnológicas innovadoras. Juan Antonio Pérez, por su parte, ha resaltado la necesidad de una financiación compatible con este proceso industrial.
Adaptación de la contratación pública
La EVHA ha desarrollado un sistema pionero de contratación conjunta de proyecto y obra, que incluye tasaciones mensuales en fábrica y un control independiente de la dirección facultativa. Entre los principales retos, Martínez ha señalado la importancia de incorporar al industrial antes de definir la solución constructiva, adaptar la dirección facultativa a proyectos no cerrados, certificar y financiar la obra realizada en fábrica (off-site), y gestionar los riesgos de transporte y montaje de módulos.
La relevancia del modelo ha captado el interés de otras regiones. Así, el 1 de octubre de 2026, directivos de empresas públicas de vivienda de País Vasco (VISESA), Navarra (NASUVINSA) y Melilla (Emvismesa) visitaron València para conocer esta estrategia. Estefanía Martínez les expuso las soluciones jurídicas y técnicas implementadas para adaptar la edificación modular a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Martínez detalló que la licitación conjunta de proyecto y obra garantiza la neutralidad tecnológica, fomentando la competencia entre soluciones de madera, acero u hormigón, y estableciendo requerimientos funcionales y urbanísticos con un grado mínimo de industrialización. Los pliegos priman la calidad técnica y los plazos de ejecución, separando en lotes independientes la ejecución del proyecto y la dirección facultativa. Asimismo, se establecen pagos por hitos de fabricación condicionados a la tasación presencial y la aportación de avales bancarios, blindando los honorarios del proyecto técnico frente a las bajas económicas.
La directora general de la EVHA ha concluido que el sector público requiere un desarrollo normativo actualizado que reconozca las particularidades de la edificación industrializada, especialmente en la fabricación off-site, su control, valoración, pago y garantías. Este enfoque se aplicará a nuevas licitaciones previstas en Silla y Carcaixent, con un plazo global de 12 meses.
