El conflicto educativo valenciano ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras el comunicado emitido este martes 26 de mayo por la Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU, integrada por más de 250 especialistas vinculados a la corrección de las pruebas de acceso a la universidad.
En plena huelga indefinida docente, el colectivo advirtió de posibles medidas extremas ante «el bloqueo de las negociaciones de la huelga». Entre las acciones planteadas figuran la no constitución de tribunales, renuncias en bloque y posibles actuaciones relacionadas con las calificaciones de las pruebas.
La reacción de la Conselleria de Educación no se hizo esperar. El departamento dirigido por Carmen Ortí aseguró pocas horas después que la PAU se celebrará «en tiempo y forma» según el calendario previsto y garantizó la realización de los exámenes del 2 al 4 de junio en todas las sedes universitarias de la Comunitat Valenciana.
Más de 250 correctores denuncian la situación educativa valenciana
En el comunicado difundido por la asamblea de correctores, el profesorado acusa directamente a la Conselleria de «incapacidad» para atender las necesidades reales de la educación pública valenciana.
Los docentes denuncian especialmente:
- Ratios elevadas.
- Supresión de grupos en Bachillerato Artístico.
- Aulas «no acondicionadas».
- Menosprecio al valenciano y al currículum.
- Tutorías no remuneradas.
- Falta de horas y profesorado.
- Exceso de burocracia.
Además, sostienen que la administración educativa sigue sin mostrar «una verdadera preocupación» por las demandas planteadas desde el profesorado y los sindicatos convocantes de la huelga indefinida.
Los correctores plantean no acudir a la constitución de tribunales
La Assemblea de Professorat Corrector de la PAU anunció que estudia varias medidas de presión relacionadas directamente con la Selectividad valenciana.
Entre ellas, el colectivo contempla:
- No presentarse a la constitución de los tribunales.
- La renuncia en bloque el mismo día de constitución.
- La adopción de «otras acciones más contundentes» vinculadas a las calificaciones.
El colectivo insistió en que las medidas responden al estancamiento de las negociaciones de la huelga educativa y a la falta de avances reales por parte de la administración autonómica.
Conselleria asegura que la PAU está garantizada
Frente a estas advertencias, la Conselleria de Educación quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias valencianas. Según informó el departamento autonómico, un cuerpo de 1.500 profesores voluntarios correctores será el encargado de evaluar las pruebas.
Además, la administración aseguró que, si parte de la plantilla de correctores se viera afectada por cuestiones derivadas de la huelga, las plazas serían cubiertas mediante profesorado suplente o profesores universitarios. La Conselleria recordó también que el compromiso adquirido por los docentes voluntarios correctores «es de obligado cumplimiento» y advirtió de posibles sanciones que podrían impedir volver a formar parte de futuros tribunales.
Educación adelanta la constitución de tribunales como medida preventiva
Como medida preventiva ante la tensión generada alrededor de la PAU, la comisión gestora de las pruebas adelantará la constitución de los tribunales «como máximo» al próximo viernes 29 de mayo. La Conselleria comparó esta decisión con medidas similares adoptadas durante la pandemia de COVID-19 para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes.
La secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, Esther Gómez, defendió que la administración dispone de «todos los mecanismos necesarios» para asegurar una evaluación justa y en condiciones de equidad. «El futuro de los hijos no puede quedar supeditado a ningún conflicto sindical», afirmó Gómez.
La responsable autonómica añadió además que «las familias valencianas tienen derecho a que esas pruebas se celebren en condiciones de equidad. Y así va a ser».
La administración autonómica recordó igualmente que los servicios mínimos establecidos durante la huelga educativa fueron avalados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Según defendió la Conselleria, estas medidas ya permitieron garantizar la evaluación objetiva de 2º de Bachillerato durante las semanas anteriores.
Precisamente, uno de los principales focos del conflicto educativo durante los últimos días ha sido la situación del profesorado de Bachillerato y las dudas jurídicas planteadas sobre las evaluaciones finales vinculadas a la PAU.
