El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este lunes en Dénia a los representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes que la Generalitat combatirá la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España por la vía administrativa, política y judicial, presentando un recurso el próximo mes de septiembre.
Durante el encuentro, en el que también han participado el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; y la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font, se ha analizado la situación de los expedientes de deslinde que afectan a distintos tramos del litoral de Dénia. Vicente Martínez Mus ha asegurado a los asistentes que «la Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance».
El conseller ha comunicado que el Consell ya se ha opuesto a los deslindes durante toda su tramitación administrativa y mantiene recursos contra los tres expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora, la Generalitat dará un paso más recurriendo la modificación del Reglamento General de Costas. Martínez Mus ha explicado que, aunque ya se han presentado alegaciones al proyecto normativo estatal, una vez aprobado definitivamente, «acudiremos a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales, para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana».
«Inseguridad jurídica» por el nuevo reglamento
Martínez Mus ha subrayado que la Generalitat comparte la preocupación de los propietarios afectados por unas actuaciones que tienen incidencia sobre miles de viviendas, parcelas y actividades económicas vinculadas al litoral. El conseller defiende que «la protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros».
El vicepresidente tercero ha insistido en que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre debe sustentarse en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo. Añade que «no podemos generar incertidumbre permanente entre los vecinos mediante decisiones que afectan a sus propiedades y a su futuro sin ofrecer las máximas garantías técnicas y jurídicas».
La Generalitat rechaza la modificación del Reglamento General de Costas porque «introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas». La principal novedad, según ha detallado el conseller, consiste en permitir que un único temporal excepcional pueda utilizarse como referencia para determinar de forma permanente los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. Este cambio, aseguran, «sustituye un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un episodio aislado», lo que, a juicio de la Generalitat, genera una grave inseguridad jurídica, incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano.
Martínez Mus ha trasladado a los representantes vecinales las alternativas que propone la Generalitat para «garantizar una gestión del litoral basada en criterios científicos consolidados, la seguridad jurídica y el equilibrio entre la protección ambiental y los derechos de los ciudadanos».
El vicepresidente también ha reclamado al Gobierno de España actuaciones efectivas para combatir la regresión costera y ha recordado que dos de los cinco tramos más afectados de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana: Castelló-Sagunt y València-Dénia. En este sentido, ha defendido que la protección del litoral «no puede limitarse a ampliar deslindes, sino que debe ir acompañada de inversiones y actuaciones de regeneración que permitan preservar la costa».
Por último, Martínez Mus ha reiterado la voluntad de la Generalitat de seguir colaborando con los afectados y de defender un modelo de gestión litoral que combine la protección ambiental con la seguridad jurídica, la proporcionalidad, el rigor técnico y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
