La huelga educativa indefinida del profesorado valenciano ha alcanzado este martes 19 de mayo su séptima jornada después de una larga e intensa Mesa entre sindicatos convocantes y Conselleria que duró desde las cuatro de la tarde hasta casi las tres de la madrugada el pasado lunes. Cada sindicato presentó una contraoferta al preacuerdo presentado por el organismo autonómico al final de la primera semana de huelga de docentes, aunque las negociaciones del lunes no llegaron a ningún acuerdo.
Paralelamente, este martes, desde la Marina Alta los docentes han vuelto a denunciar públicamente lo que consideran unos «servicios mínimos abusivos», especialmente en 2º de Bachillerato, y han advertido de la inseguridad jurídica que, según sostienen, se está generando en el proceso de evaluación del alumnado.
La comparecencia se ha realizado en el IES Historiador Chabàs de Dénia y ha contado con las declaraciones de Óscar Ramírez, profesor del centro, miembro de STEPV y de la Coordinadora d’Assemblees de Docents del País Valencià.
Los docentes alertan de inseguridad jurídica en las evaluaciones
Ramírez ha explicado que el profesorado de 2º de Bachillerato está obligado a cumplir servicios mínimos tras las instrucciones dictadas por la Secretaría Autonómica de Educación, una situación que los sindicatos consideran desde el inicio contraria al derecho fundamental de huelga. Los sindicatos recurrieron la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aunque no se llegó a aceptar cautelarmente la medida.
Uno de los aspectos centrales de la denuncia realizada este martes ha sido la falta de instrucciones claras por parte de la Inspección Educativa sobre qué actuaciones concretas debe realizar el profesorado de 2º de Bachillerato durante la huelga.
Ramírez ha explicado que el profesorado solicitó aclaraciones formales ante las dudas surgidas sobre el proceso de evaluación continua y las obligaciones derivadas de los servicios mínimos, «no nos han dado una instrucción clara desde Inspección», ha denunciado.
El profesor ha advertido de que esta indefinición puede generar problemas legales posteriores relacionados con las evaluaciones del alumnado. «El alumnado puede considerar que no hemos realizado correctamente la evaluación», ha afirmado, explicando que el proceso de evaluación continua comienza en septiembre y finaliza en la sesión final de evaluación, por lo que la huelga interrumpe ese procedimiento sin que exista una regulación clara sobre cómo actuar.
Un modelo de reclamación elaborado por los sindicatos
Precisamente ante esa situación, antes del inicio de la huelga indefinida los sindicatos elaboraron un modelo de reclamación dirigido a las direcciones de los centros y a la Inspección Educativa para solicitar criterios homogéneos y seguridad jurídica sobre los servicios mínimos en 2º de Bachillerato.
El escrito, difundido por STEPV, reclamaba una resolución expresa sobre cuestiones como las sesiones de evaluación, la corrección de exámenes, la publicación de resultados, las reclamaciones del alumnado o la posibilidad de reprogramar pruebas y actuaciones vinculadas a la PAU.
El documento advertía además de que la indefinición actual podría afectar al ejercicio efectivo del derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española.
El conflicto afecta a otros niveles educativos
Durante su intervención, Ramírez ha señalado que la Conselleria centró inicialmente toda su estrategia en 2º de Bachillerato, pero ha advertido de que el conflicto afecta a otros ámbitos educativos.
El docente ha recordado que ya se han retrasado pruebas de acceso de Formación Profesional y ha advertido de que también podrían verse afectados procesos de evaluación en Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas, deportivas, conservatorios, Primaria y Secundaria. «Hay enseñanzas de régimen especial que tampoco tienen instrucciones claras sobre cómo actuar», ha denunciado.
La huelga sigue mientras continúan las negociaciones
Ramírez también ha valorado la situación actual de las negociaciones entre sindicatos y Conselleria, insistiendo en que la presión en las calles ha obligado a la administración autonómica a sentarse a negociar. No obstante, ha reiterado que las propuestas conocidas hasta ahora continúan siendo insuficientes para gran parte del profesorado y de los sindicatos convocantes.
El representante docente ha vinculado además el conflicto no solo a las condiciones laborales actuales, sino también a la planificación del próximo curso, alertando de posibles recortes de entre 4.000 y 8.000 docentes y recordando la polémica por la supresión de cerca de 100 ciclos de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. «Ahora mismo se está planificando el próximo curso con recortes», ha asegurado.
«El profesorado está dispuesto a continuar»
Ramírez ha señalado que la Conselleria esperaba inicialmente una huelga de corta duración, pero considera que las movilizaciones de los últimos días han demostrado la capacidad de resistencia del colectivo docente.
«El profesorado está dispuesto a continuar», ha asegurado, recordando las manifestaciones celebradas en Castelló, València y Alicante, así como la concentración ante la Conselleria que se prolongó hasta altas horas de la noche.
Además, ha avanzado que las movilizaciones previstas en la Marina Alta y en otras comarcas continúan adelante mientras no exista un acuerdo satisfactorio. «Todo continúa adelante», ha insistido.
