La batalla contra la megaampliación de la piscifactoría de Calp ya no se libra solo en los juzgados ni a pie de playa. Ha cruzado fronteras. La voz de los municipios costeros de la comarca se ha escuchado esta vez directamente en los pasillos de las instituciones europeas para denunciar el impacto ambiental y las pérdidas millonarias que amenaza con causar esta instalación en la economía local.
El concejal calpino Marco Bittner intervino en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas dentro de la mesa redonda sobre acuicultura carnívora organizada en el marco de la Ocean Week 2026. El foro, promovido por las entidades Compassion in World Farming y Foodrise bajo el amparo de la eurodiputada Emma Fourreau, analizó las repercusiones de este modelo industrial. Calp acudió como la única representación de un ayuntamiento en toda la jornada.
El edil compartió debate con la propia Fourreau, la diputada francesa Anne Stambach-Terrenoir y la investigadora Marine Cusa, perteneciente a Oceana y a la Universidad Técnica de Dinamarca. En su discurso, Bittner expuso la realidad de un municipio con un siglo de trayectoria turística y una identidad pesquera arraigada, con un entorno paisajístico marcado por el Peñón de Ifach y protegido por la Red Natura 2000.
Números que preocupan: 45 jaulas y toneladas de pienso
El proyecto autorizado por la administración autonómica multiplica por catorce la capacidad de producción inicial de la granja marina. El plan prevé la instalación de 45 jaulas flotantes para cosechar hasta 3.000 toneladas de pescado al año.
Durante la reunión se aportaron datos procedentes del informe de vigilancia ambiental de la propia planta correspondiente al ejercicio 2024. Según el documento, la granja recibió en doce meses cerca de 4.800 toneladas de pienso, de las cuales 23 contenían tratamientos medicamentosos. La inquietud no es solo ecológica: un estudio de la Universidad de Alacant calcula que los daños en el ecosistema podrían acarrear pérdidas de entre 83 y 911 millones de euros en diez años para el tejido económico calpino.
Uno de los aspectos donde más incidiante estuvo el concejal fue en la falta de evaluaciones neutrales. El control del entorno lo encarga y lo paga la firma que explota la granja. Ante esta falta de garantías, un grupo de voluntarios decidió descender recientemente con equipos de buceo a 40 metros de profundidad, junto a las estructuras marinas, donde registraron imágenes de residuos orgánicos en suspensión cuyo origen se analiza en estos momentos.
Exigencias ante la futura Ley Europea del Océano
El sector pesquero tradicional de la zona también arrastra consecuencias. Ahogado por el encarecimiento de la energía y castigado por la competencia del pescado de criadero, ve amenazada su supervivencia. Desde el consistorio recalcaron que, mientras la UE busca que los rendimientos de la economía azul beneficien a las poblaciones costeras, en Calp ocurre justo lo opuesto: las ganancias terminan fuera y el impacto paisajístico y ambiental repercute en el pueblo.
Por todo ello, la delegación calpina reclamó que la próxima Ley Europea del Océano, prevista para diciembre, obligue a instaurar auditorías ambientales independientes y conceda poder de decisión a los municipios para ordenar sus aguas. De igual modo, Bittner ofreció al municipio como proyecto piloto de vigilancia ciudadana para supervisar los mares.
En el ámbito legal, el frente sigue abierto. Las alegaciones tramitadas en su día por el consistorio contra la resolución autonómica continúan a la espera de fallo en la vía contencioso-administrativa.
