El conflicto educativo valenciano sigue vivo en los centros de la Marina Alta. Desde el inicio del curso 2026/2027, docentes de diferentes municipios de la comarca se concentran cada jueves a las puertas de sus respectivos centros educativos para mantener visibles las reivindicaciones que condujeron a la huelga indefinida del pasado mes de mayo.
Las protestas semanales buscan recordar que, aunque la huelga quedó suspendida en junio, las principales demandas del profesorado continúan abiertas. Entre ellas figuran la reducción de ratios, la mejora de las plantillas docentes, la climatización de los centros, la recuperación del poder adquisitivo perdido y la defensa de unas condiciones laborales y educativas dignas.
Estas concentraciones comarcales se suman a las manifestaciones celebradas el pasado 12 de septiembre en Alicante, València y Castelló, que marcaron la primera gran movilización del nuevo curso y dieron continuidad a la respuesta iniciada durante el curso anterior.
STEPV denuncia falta de negociación
El sindicato STEPV, mayoritario entre el profesorado valenciano, denunció el pasado 17 de septiembre que la Conselleria de Educación no había reactivado de forma real las negociaciones tras las movilizaciones del 12 de septiembre.
Según el sindicato, pese a que la administración afirma públicamente estar abierta al diálogo, desde el inicio del curso solo se había convocado una mesa de negociación el 2 de septiembre y para tratar una cuestión concreta relacionada con la bolsa de inspectores accidentales.
STEPV reclamó entonces la convocatoria de la Junta de Portavoces y la reanudación inmediata de las negociaciones sobre los puntos que siguen pendientes. El sindicato sostiene que los centros continúan afrontando problemas de climatización, ratios sobrepasadas, falta de profesorado de plantilla y retrasos o errores en las sustituciones.
Climatización, plantillas e infraestructuras: los problemas del inicio de curso
El 29 de septiembre, STEPV difundió los resultados de una encuesta de inicio de curso realizada en centros educativos. Los datos apuntan a una situación especialmente preocupante en plantillas, infraestructuras y climatización.
En Secundaria y Bachillerato, el sindicato señala que el 57,6% de los centros encuestados afirma tener la plantilla incompleta y el 79,3% indica que no se ha incrementado el personal docente. Además, un 30,1% asegura que no se ha incorporado todo el personal no docente.
En cuanto a infraestructuras, solo el 25% de los centros de Secundaria y Bachillerato encuestados afirma no tener problemas. El resto señala defectos o actuaciones pendientes. La climatización aparece como uno de los apartados peor valorados: el 90,2% de los centros consultados indica tener problemas en este ámbito.
En Infantil y Primaria, la situación tampoco mejora. Según la encuesta, el 72,1% de los centros afirma no disponer todavía de la plantilla completa y el 49,6% asegura haber pedido más profesorado sin recibirlo. Además, el 76% constata problemas de climatización y un 42,1% señala deficiencias en infraestructuras.
El poder adquisitivo sigue en el centro de las reclamaciones
Otra de las cuestiones que continúa abierta es la recuperación salarial. Esta semana, STEPV defendió que el profesorado valenciano acumula actualmente una pérdida de poder adquisitivo del 25,5% desde 2010, al comparar el incremento acumulado del IPC con la evolución salarial del colectivo.
El sindicato recuerda que la subida de 200 euros brutos acordada durante la huelga entre Conselleria, ANPE y CSIF se aplica de forma progresiva hasta 2028 y considera que no compensa la pérdida acumulada. STEPV insiste en reclamar un incremento salarial que recupere el poder adquisitivo perdido y que incorpore una cláusula de revisión automática vinculada al IPC. También reclama el abono de los complementos autonómicos en las pagas extra.
La Fiscalía cuestiona parte de los servicios mínimos de la huelga
El conflicto educativo también continúa en el plano judicial. Ayer se informó de que la Fiscalía había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que estimara parcialmente la demanda presentada por STEPV contra los servicios mínimos impuestos durante la huelga indefinida de mayo y junio.
Según el sindicato, el Ministerio Fiscal considera que algunas resoluciones de la Generalitat pudieron vulnerar el derecho fundamental de huelga al imponer servicios mínimos desproporcionados y con falta de motivación suficiente.
El escrito fiscal cuestiona especialmente los servicios mínimos relacionados con la PAU y con procesos de evaluación final, promoción y acceso a nuevas etapas educativas. Para STEPV, esta posición refuerza la denuncia que hizo durante la huelga de que la administración utilizó los servicios mínimos para limitar la efectividad de la protesta.
Conselleria destaca avances en simplificación burocrática
Por su parte, la Conselleria de Educación informó también esta semana del inicio de los trabajos para unificar plataformas digitales y reducir la carga burocrática del profesorado y de los equipos directivos. Según la administración, esta línea de trabajo da continuidad a los acuerdos alcanzados en junio con las organizaciones sindicales en materia de simplificación administrativa, uno de los pocos puntos que sí obtuvo un consenso amplio tras la huelga.
La Conselleria plantea avanzar en la unificación de plataformas, la revisión de trámites internos, la simplificación de procedimientos y la eliminación de duplicidades. El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, defendió que el objetivo es que el profesorado y los equipos directivos puedan dedicar más tiempo a enseñar y menos a tareas administrativas.
