La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial acoge desde el lunes 1 de diciembre, a las 10:00 horas, el inicio del juicio contra ocho personas, entre ellas el exconcejal de Aguas del Ayuntamiento de Calpe y ex consejero delegado de la empresa mixta Aguas de Calpe, así como el ex gerente de la mercantil y otro ex consejero delegado.
Los acusados se enfrentan a cargos por prevaricación administrativa, fraude y tres delitos de estafa —dos de ellos en su modalidad continuada— por supuestas irregularidades cometidas en 2004 durante la adjudicación a la empresa de la gestión del servicio público de suministro de agua y en la posterior subcontratación del servicio y de diversas obras.
Según sostiene la acusación pública, los responsables actuaron «con la intención de lucrarse» a costa de generar «un grave perjuicio económico para el dinero público». La Fiscalía considera que las decisiones adoptadas en aquel proceso vulneraron los principios de legalidad y transparencia que rigen la contratación pública, y que los investigados aprovecharon su posición para obtener beneficios indebidos.
El Ministerio Público solicita inicialmente para los procesados penas que oscilan entre los seis y los nueve años de prisión, en función del grado de participación y responsabilidad atribuido a cada uno de ellos en los hechos investigados.
El juicio, que se prolongará a lo largo de los días 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre, prevé la comparecencia de los acusados, así como de una batería de testigos y peritos que deberán aclarar las circunstancias de la adjudicación y el alcance de las presuntas irregularidades.
La causa se remonta a las anomalías detectadas en la fase de concesión del servicio y en la ejecución de contratos derivados, elementos que, a juicio de la Fiscalía, configuraron un entramado destinado a obtener beneficios económicos injustificados mediante la explotación de un servicio público esencial.
Con el inicio de las sesiones, la Audiencia Provincial abre un proceso que podría esclarecer uno de los episodios más controvertidos de la gestión municipal de Calp en materia de infraestructuras hidráulicas, y que determinará la posible responsabilidad penal de quienes participaron en aquellas decisiones.
Están esperando que el delito prescriba o que mueran los imputados….
21 años y ya veremos si se llega a celebrar esto es una vergüenza tanto si son culpables ya que deberían estar ya en la cárcel o haber cumplido su condena como si son inocentes mucho más grave ya que el san Benito no se lo quita nadie.
Está sociedad necesita una restructuración desde la constitución hasta la » justicia «