El Consell ha aprobado diversas medidas para apoyar a las familias valencianas aliviando el impacto de la inflación en la economía de los hogares y a las empresas del territorio.
Así, se ha aprobado el decreto ley por el que se prolonga temporalmente la reducción de un 10 % de las tasas y precios públicos de la Generalitat hasta el 31 de agosto de 2023 y se amplía la suspensión a los contribuyentes del importe abonado por canon de saneamiento del agua hasta el 31 de julio de 2023.
De esta forma, la norma recoge una bonificación del 10 % sobre todas las tasas devengadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto que se regulan en la Ley 20/2017 de tasas; en Ley 10/1997 de Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos; en la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias y en la Ley 2/2014 de Puertos de la Generalitat.
Las únicas excepciones recogidas en la norma son las tasas por servicios académicos universitarios y las tasas y precios públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte cuya regulación a través del Decreto 123/2022 ya prevé una reducción del 10 % hasta la finalización del curso escolar y universitario 2022/2023.
Esta rebaja del 10 % sobre la cuantía a abonar por parte de los contribuyentes se hace extensiva igualmente a todos los precios públicos de la Generalitat que resulten exigibles entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.
La Generalitat también modifica a través de este decreto la duración de las medidas para el apoyo económico a los contribuyentes del canon de saneamiento, ampliando hasta el 31 de julio de 2023 el plazo fijado en el decreto 6/2022 para ayudar a las familias valencianas a hacer frente a la inflación.
Contra la despoblación
Además, y con el objetivo de impulsar diversas medidas de apoyo a la actividad económica en el territorio de los municipios en riesgo de despoblación, se crean nuevos incentivos fiscales dirigidos a atraer y mantener negocios y empresas y a proteger núcleos históricos y enclaves con una importante representación de la arquitectura tradicional.
Para ello, se modifica la Ley 13/1997 de la Generalitat que regula el tramo autonómico del IRPF, con la inclusión de nuevas deducciones y reducciones en los tipos impositivos de los impuestos por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
En concreto, se mejora el tipo impositivo aplicable a las transmisiones de inmuebles que se destinan a ser sede social o centro de trabajo en los municipios en riesgo de despoblamiento, pasando del tipo general del 10 % al tipo super reducido del 4 % en la modalidad transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Igualmente, para las empresas que adquieran inmuebles para destinarlos a ser sede social o centro de trabajo se recoge igualmente una bonificación del 30 % sobre la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en el caso de que fueran realizadas entre empresarios o profesionales y estuvieran sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para poder acceder a estas deducciones las empresas deberán conservar en estos municipios su sede social o centro de trabajo durante al menos un periodo de tres años y contar con al menos un trabajador a jornada completa durante este mismo periodo.
Con el objetivo de fijar población en estos municipios y fomentar la rehabilitación de viviendas, se crea igualmente una nueva bonificación por la cual se reduce en un 50 % el importe de las cuotas íntegras a abonar por la adquisición de viviendas -incluidas las destinadas a ser segundas residencias o a alquiler-, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales siempre y cuando en el plazo de tres años se acometa una rehabilitación de las mismas que garantice la protección de los núcleos históricos y la arquitectura tradicional.
