La alcaldesa de Calp, Ana Sala, anunció el lunes que se pondrían contenedores en superficie en todo el casco antiguo puesto que se estaba haciendo un mal uso de los soterrados, que se encontraban llenos de basura en el exterior. En ese momento, Sala pidió responsabilidad a la ciudadanía y, un día más tarde, ayer mismo la alcaldesa acusó directamente en redes sociales a PSOE y Compromís por paralizar la licitación de los servicios de recogida de residuos sólidos.
En respuesta a esa acusación el PSOE ha emitido un comunicado en el piden la dimisión de la alcaldesa y aseguran que "el recurso planteado sobre la licitación no afecta para nada la prestación de los servicios actuales".
Comunicado completo PSOE Calp
Desde el PSOE somos conscientes de la dificultad de gobernar un municipio en temporada turística. Esa dificultad se multiplica cuando se carece de previsión, interés y coordinación. Pese a todo, lo que nunca se puede hacer, y en Calp ha sucedido, es culpar de estos fallos a la ciudadanía. Las recientes declaraciones de la alcaldesa, a parte de rebasar las líneas rojas del buen gobierno, confirman su embuste.
Los meses de julio y agosto de este año, sin duda han estado marcados por diversos agravantes como la crisis sanitaria y la incertidumbre sobre las normas para contenerla. Sin embargo, se puede admitir que la afluencia turística se ha desarrollado con relativa normalidad, por lo menos a lo que las empresas calpinas se refiere. Hostelería y restauración han podido atender a sus huéspedes con todas las medidas necesarias.
Sin embargo, el descontento de muchos turistas se ha hecho visible, cientos de fotos de contenedores desbordados han inundado las redes sociales, los teléfonos móviles de muchos concejales y las juntas de agrupaciones vecinales. Se ha convertido en un problema difícil de ignorar, tanto para gobierno como para la oposición.
Hay que aclarar que el tema de la gestión de los RSU (residuos sólidos urbanos) es complejo, no obstante, en Calp que a día de hoy cuenta con un censo de 23.000 habitantes, tributan por la recogida de basura cerca de 40.000 unidades catastrales, incluyendo algunos garajes, trasteros, locales, chalets y viviendas. Se entiende que existe presupuesto más que suficiente y con ello un compromiso ineludible de la administración de mantener el pueblo limpio.
Sobra mencionar las vinculaciones del PP, desde el año 1998, con la trama BRUGAL. Mientras la fiscalía reclama 14 años de cárcel para el ex alcalde popular, el consistorio de César Sánchez no pedía prisión. Esto ayuda a entender porqué las deficiencias en la licitación de las basuras nunca han sido abordadas por el Partido Popular, en ninguna de sus etapas; en primer lugar por que no existe diferencia conceptual entre estas y en segundo lugar, porque les ha preocupado más la salvación de los suyos (para evitar un posible efecto dominó) que la gestión real del municipio.
Importante también remarcar que el concurso público para adjudicar la basura llega con varios años de retraso, seguramente por los mismos motivos: perpetuar un cómodo status quo para el PP y/o evitar el estirón de la manta. Ahora, de repente el tiempo apremia para sacar la licitación. Es difícil de creer que los recursos planteados por PSOE y Compromís tengan remotamente algo que ver con la mala gestión, la inoperancia y la "culpa in vigilando" de la acumulación de suciedad, el riesgo de incendios ante el amontonamiento de podas o la deplorable imagen proyectada al turismo que nos visita.
Mientras se dirime el pliego para la nueva contrata, la actual concesionaria, tiene la obligación de seguir prestando los mismos servicios por los que seguirá cobrando. Y justamente eso, la falta de control y la escasa flexibilidad que contempla tanto el pliego de hace 20 años, como el actual, han sido uno de los múltiples motivos por los que se ha recurrido la licitación. Todo ello con el fin de asegurar que la limpieza del municipio vaya por delante, un tema que, como hemos visto, afecta la convivencia, el bienestar y la marca turística.
Queda claro que el recurso planteado no afecta para nada los servicios actuales. Es más, el ayuntamiento ha tenido acceso a múltiples medios económicos y sociales para reforzar el servicio de recogida y evitar el colapso y el desgaste que se han originado. A estas alturas resulta difícil eludir responsabilidades políticas.
Obviando el papel altamente improductivo para la gestión que han demostrado los socios de gobierno, la situación que se ha generado desde la alcaldía, con una conducta más orientada a la exposición mediática y social que a la gestión y resolución de los problemas del municipio, nos lleva a pedirle que en vez de redactar decretos culpabilizando a los ciudadanos de Calp, perseguir a funcionarios, o de ventilar sus acusaciones en las redes sociales, sugerimos que la próxima vez que sienta la necesidad de escribir, lo haga conjugando el verbo dimitir.
