El Partido Popular de la provincia de Alicante ha expresado su apoyo al paro convocado por las cofradías de pescadores como protesta ante las restricciones a la actividad pesquera, que consideran perjudiciales para la viabilidad del sector en el litoral mediterráneo.
La vicesecretaria de Bienestar Social del PP provincial y diputada del Grupo Popular en la Diputación de Alicante, Loreto Serrano, ha reiterado el respaldo de su formación a los pescadores alicantinos y ha denunciado lo que califica como un «ahogo al sector pesquero» derivado de las nuevas normativas impulsadas desde el Ministerio de Agricultura y Pesca en aplicación de la regulación europea.
Serrano ha mostrado su apoyo al paro previsto para este lunes por parte de las cofradías alicantinas, señalando que estas medidas «ponen en riesgo el trabajo y la continuidad del sector», al no tener en cuenta la realidad específica de la pesca en la provincia de Alicante y en el Mediterráneo.
Según ha explicado, los pescadores, especialmente los dedicados a la pesca de arrastre, necesitan contar con informes técnicos y avales científicos que acrediten que la actividad puede seguir desarrollándose sin comprometer la sostenibilidad de las especies. En este sentido, ha subrayado la necesidad de disponer de datos objetivos y documentados que respalden la postura del sector ante las instituciones europeas.
La diputada provincial ha recordado que, a iniciativa suya y del diputado popular Carlos Pastor, se solicitó a la Diputación de Alicante la elaboración de un informe sobre la situación de las especies en el Mediterráneo en las zonas donde faenan los barcos de costa y bajura.
Serrano ha defendido la legitimidad de la protesta, señalando que las cofradías se ven afectadas por unas restricciones que limitan su actividad y generan un profundo malestar entre los profesionales del mar. A su juicio, algunas de las medidas adoptadas «desconocen absolutamente la realidad del sector», como el preaviso de dos horas para la llegada a puerto o el pesaje de las capturas a bordo, que pueden conllevar sanciones económicas o la pérdida de ayudas.
