El Consell ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias y preventivas para hacer frente al riesgo de la peste porcina africana (PPA) y a la creciente sobrepoblación de jabalíes en 542 municipios, lo que abarca la totalidad de la Comunitat Valenciana.
La norma cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros y tiene como objetivo principal reducir la población de jabalíes, considerados un vector de riesgo clave en la transmisión de la enfermedad, mediante un refuerzo de las actuaciones de control en amplias zonas del territorio.
Un presupuesto de 6 millones
La semana pasada, el Consell ya ratificó el informe previo necesario para la aprobación del decreto ley, que ahora se concreta con una dotación económica distribuida en dos grandes líneas de actuación.
Por un lado, 2 millones de euros se destinan a ayudas para fomentar la caza del jabalí y garantizar su retirada efectiva del medio natural. Por otro, 4 millones de euros permitirán financiar un servicio complementario de control poblacional y la puesta en marcha de una Unidad Logística encargada de coordinar las actuaciones.
Un riesgo sanitario sin impacto humano, pero con graves consecuencias económicas
La peste porcina africana no afecta a las personas, pero su eventual llegada a la Comunitat Valenciana tendría importantes repercusiones económicas y productivas para el sector ganadero, especialmente para las explotaciones porcinas.
Ante este escenario, la Generalitat considera imprescindible intensificar las medidas de prevención y anticiparse a posibles brotes, dado el papel que la fauna silvestre, y en especial el jabalí, puede desempeñar en la propagación de la enfermedad.
La responsabilidad de los titulares de espacios cinegéticos
La Ley 13/2004 establece que los titulares de los espacios cinegéticos, principalmente sociedades y clubes de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos, son los responsables de la gestión de las especies en sus acotados.
Estos titulares gestionan más del 80 % del territorio valenciano susceptible de albergar poblaciones de jabalí y tienen el deber de cumplir los planes técnicos de ordenación cinegética, además de la capacidad jurídica y operativa para organizar la actividad de caza.
Actuación en el 20 % del territorio sin gestión cinegética
El decreto ley también aborda la situación del 20 % del territorio que no está bajo la gestión de ningún titular cinegético. En estas zonas, la Generalitat asume un papel activo, al considerar que la necesidad de actuar es tan prioritaria como en el resto del territorio.
Para ello, se destinan recursos específicos que permitan controlar la población de jabalí mediante los medios adecuados y apoyar la gestión realizada en los cotos y zonas de caza controlada, facilitando además la retirada de los animales capturados. La retirada resulta clave, ya que, en caso de un brote de PPA, los cadáveres podrían contribuir a la dispersión de la enfermedad.
Servicio de control de fauna y una unidad logística centralizada
El decreto prevé la creación de un servicio específico de control de fauna y una Unidad Logística que se encargará de la recogida y destrucción de los cadáveres, la coordinación de todas las actuaciones y la monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalí.
Este sistema permitirá un seguimiento continuo y una respuesta más eficaz y homogénea en todo el territorio valenciano.
Ayudas directas: 40 euros por cada jabalí cazado
Entre las principales medidas, el decreto articula ayudas directas a los titulares de cotos de caza, que recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.
Estas ayudas se aplicarán a los animales abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026, siempre que la retirada sea justificada por la Unidad Logística dentro de ese mismo periodo.
La actuación alcanzará a 353 cotos y zonas de caza en la provincia de Alicante, 209 en Castellón y 438 en València.
Encargo a VAERSA
El decreto incorpora también un encargo de emergencia a la empresa pública VAERSA, que habilitará a partir de enero un servicio específico de recogida de animales cazados. Además, VAERSA pondrá en marcha un dispositivo de trampeo mediante la instalación de cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte suficiente.
Este refuerzo permitirá actuar en zonas de seguridad y terrenos no cinegéticos, garantizando una intervención integral y eficiente.
Zonas prioritarias y vigilancia reforzada
La Generalitat ha analizado distintos escenarios de caza deportiva y control poblacional, seleccionando aquel que permite actuar en un mayor número de municipios y explotaciones porcinas, con especial atención a las áreas de mayor vulnerabilidad.
El plan establece como zonas prioritarias los corredores viarios de riesgo: A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23, CV-35 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre requiere una vigilancia preventiva reforzada.
Asimismo, la iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el objetivo de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana.
