Compromís ha anunciado hoy su intención de llevar ante la Comisión Europea el caso del PAI Medina Llíber, así como las irregularidades en las que incurre el proyecto y que la formación lleva tiempo denunciando y judicializando. Con este fin, se ha presentado un escrito al Parlamento Europeo para que se pronuncie al respecto.
La formación valencianista ha arropado de esta forma a la plataforma ciudadana Salvem la Vall, «para que la presión no vaya solamente desde un lado». Vicent Marzà, síndico adjunto de Compromís y portavoz en la Comisión de Asuntos Europeos de las Corts Valencianes, ha explicado junto al paraje natural de la Muntanya Llarga de Llíber que el documento se basa en tres ejes, a través de los cuales esperan que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y se pronuncie al respecto.
Por un lado, el escrito muestra su intención de conocer si la Comisión Europea considera que el proyecto cumple los requisitos legislativos sobre conservación de hábitats naturales y fauna y flora silvestres. Por otro, si se trata de una actuación coherente con los actuales criterios de protección territorial y medioambiental. Y, por último, pretende averiguar cómo piensa la Comisión salvaguardar los bienes de valor medioambiental y territorial de la región en cuestión.
El documento ha sido registrado por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en representación del grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea. Marzà ha querido agradecer «la sensibilidad de la compañera Ana Miranda para que haya un pronunciamiento europeo sobre este nuevo despropósito que se está produciendo en el País Valencià».
«Se trata de que la máxima institución europea se pronuncie sobre las negativas consecuencias medioambientales provocadas por la decisión unilateral e irregular por parte del ayuntamiento y la empresa constructora, de continuar con la construcción de 488 chalés, a pesar de que hay una orden judicial de paralización de las obras», ha explicitado el síndico.
«Estamos sufriendo ya la sequía y preparándonos para restricciones en la Vall de Pop»
En representación de la plataforma Salvem la Vall, Alessandro Romano Ottolini, ha querido recordar que este macro PAI plantea construir en más de 400.000 m², «es más de tres veces la superficie de Llíber», ha estimado. El proyecto abarca la construcción de unas 488 viviendas nuevas y en un año se construirán entre 10 y 15 de ellas, «por lo que la zona estará en constante construcción durante décadas», ha calculado Compromís. Los valencianistas han apoyado la causa de la plataforma «para que tengan voz también en Europa» y dar un paso más para «lograr paralizar definitivamente un nuevo caso de especulación urbanística, falta de respeto y ataque continuado a nuestra tierra».
Los diputados Gerard Fullana, Paula Espinosa, Maria Josep Calabuig y el diputado provincial Ximo Perles han estado también presentes en la reunión convocada, quienes han querido destacar «las graves consecuencias que puede tener el proyecto en una zona dónde, además, estamos sufriendo ya las consecuencias de la sequía y preparándonos para restricciones de uso del agua en la Vall de Pop durante los próximos meses. Si estamos así ahora, imaginad lo que puede suponer tensionar todavía más nuestros recursos hídricos si se acaban construyendo esa cantidad de chalés con sus respectivas piscinas».
Según la diputada Paula Espinosa, «al modelo basado en la construcción y en el ladrillo, que hizo estallar la burbuja de la crisis inmobiliaria, ahora también tenemos que añadirle un nuevo elemento, y es que estamos en emergencia climática. Es una paradoja, que en un momento de sequía extrema como la que estamos sufriendo, el Consell de viabilidad a proyectos que contribuirán a incrementar el colapso hídrico que ya sufre la comarca, tal y como han indicado los diferentes informes técnicos».
La formación ha destacado además la reactivación de las obras «cuando hay una paralización cautelar de un juez para hacer el alcantarillado de la supuesta urbanización». Según ha hecho saber la formación, la Evaluación de Impacto Ambiental de estas obras se basa en estudios territoriales y ambientales realizados «hace más de 30 años, con deficiencias metodológicas, sin participación pública y sin garantías de recursos hídricos suficientes para este crecimiento urbanístico», por lo que un juez tomó la medida cautelar de paralizar el proyecto.
Sin embargo, afirman, «el ayuntamiento y el promotor hicieron caso omiso de esta medida y aceleraron las obras, lo cual está provocando un enorme impacto ambiental por el uso de maquinaria pesada, la deforestación y la pérdida de especies vegetales y animales protegidas».
Salvem la Vall también ha recordado la manifestación convocada para el próximo 18 de febrero en Llíber, donde Compromís estima que asistirán miembros destacados de la formación, además de las diversas alcaldías que tienen en la Vall de Pop y la comarca, para darles apoyo «político y judicial». En este sentido, Alessandro Romano ha hecho «un llamamiento a toda la sociedad a la movilización. Nos jugamos el futuro de la Vall del Pop», ha afirmado.
