Durante el pasado pleno en el Ayuntamiento de Calp se aprobó la ratificación del decreto por el que se interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la ampliación de la piscifactoría en la bahía calpina. El nuevo paso se anunció el pasado octubre tras conocer que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica había desestimado el anterior recurso de reposición que interpuso el pasado mes de abril.
Este nuevo recurso contencioso administrativo se basará en dos aspectos principales. Por un lado, el impacto paisajístico que esta instalación supone en el litoral calpino y, por otro, en un nuevo estudio sobre los efectos de la piscifactoría en las corrientes marinas. Esto se debe a que el estudio realizado y presentado por la empresa propietaria de la piscifactoría se corresponde con las corrientes de Villajoyosa y no a las de Calp.
El punto fue aprobado con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Defendamos Calpe y las abstenciones de Compromís y PSPV-PSOE. Por su parte, el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que "la piscifactoría está ahí porque la ley lo permite, se ha argumentado el impacto económico pero eso la ley no lo reconoce, sí hay recorrido en el aspecto medio ambiental y de las corrientes".
El portavoz de Compromís, Ximo Perles, se mostró contrario a la ampliación de la piscifactoría pero señaló que "sin el estudio de las corrientes es difícil apoyar esta actuación". El portavoz socialista, Santos Pastor, afirmó que "todo esto tiene una dimensión que supera el ámbito municipal, ¿tenemos base jurídica y administrativa para ir adelante con un contencioso?".
Finalmente la alcaldesa, Ana Sala, anunció: "Tengo un halo de optimismo por el apoyo institucional por parte de la Diputación de Alicante y hemos sabido que el President de la Generalitat, Ximo Puig, se ha interesado y preocupado por el tema de las piscifactorías y se ha comprometido a revisarlo".
De esta manera, Calp continua en su lucha contra la ampliación de la piscifactoría que pasará de 12 a 45 jaulas flotantes, así como a una capacidad máxima de producción de 3.000 toneladas al año de pescado.
El Ayuntamiento de Calp convocó dos concentraciones de protesta además de presentar un recurso de reposición contra la decisión de la entonces Consellera de Agricultura, Mireia Mollá. Este se desestimó porque, según arguyó Mollá en una reunión con la alcaldesa y diferentes sectores económicos del municipio, el procedimiento seguido para la concesión del permiso de ampliación cumplía la normativa existente y, por tanto, no era posible revocar esa autorización. Mollá señaló al mismo tiempo que a la Conselleria no le correspondía evaluar el impacto visual y paisajístico de la infraestructura.
Tanto el Ayuntamiento como varias asociaciones calpinas, como el Real Club Náutico de Calpe, la Cofradía de Pescadores o la Asociación de Empresarios de Calpe han mostrado desde un principio su rechazo rotundo a la ampliación de esta infraestructura precisamente por el impacto visual que causa en un municipio turístico como Calp, pero también por el impacto medioambiental y económico. De hecho uno de los informes sobre los que se sustentaba el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento cifraba en unos 450 millones de euros las pérdidas que podría ocasionar una macrogranja de estas características en la localidad.
