El Grupo Municipal Socialista de Calp ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante una serie de publicaciones difundidas en redes sociales contra personas migrantes acogidas en el municipio. Los concejales solicitan que se investiguen los mensajes, su difusión y el señalamiento público de personas por sus rasgos étnicos, ante la posibilidad de que los hechos puedan tener relevancia penal. La documentación fue trasladada a la sección especializada en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía, según han comunicado los socialistas.
Las publicaciones analizadas habrían superado las 151.500 reproducciones acumuladas, según las métricas de las redes sociales incluidas en el dossier. El grupo municipal considera que tanto la reiteración de los mensajes como su alcance justifican que las autoridades examinen el contenido y determinen si se han podido vulnerar los límites legales de la libertad de expresión.
La iniciativa se produce en un contexto de controversia alrededor de la cuenta anónima Fiscaliza Calpe, sobre la que ya se han planteado otras acciones legales por publicaciones consideradas falsas o injuriosas por sus denunciantes. Además, concejales y funcionarios han denunciado episodios de acoso que, según sus testimonios, han pasado del ámbito digital a encuentros en la vía pública en los que han sido abordados y grabados, como los que se observan en las imágenes facilitadas por el grupo sobre un abordaje al concejal Ximo Perles.
Los concejales socialistas han solicitado que la Fiscalía examine el contenido de las publicaciones, su alcance y la identidad de las personas responsables de las cuentas implicadas, así como que determine las medidas legales que puedan corresponder.
El Grupo Municipal Socialista sostiene que los mensajes denunciados contribuyen a difundir una imagen negativa de un colectivo vulnerable, especialmente al asociar la inmigración con la inseguridad y cuestionar la legitimidad de los programas de protección internacional y acogida. A juicio de los denunciantes, esta forma de presentar la realidad social puede alimentar prejuicios y favorecer un clima de rechazo hacia personas que residen en el municipio, con independencia de su comportamiento individual.
Los socialistas defienden que cualquier conducta delictiva debe investigarse atendiendo a hechos concretos y responsabilidades individuales, sin utilizar el origen o los rasgos étnicos como indicios de culpabilidad. En este sentido, advierten de que las generalizaciones no contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana, sino que pueden favorecer la estigmatización y la desconfianza entre vecinos.
En su comunicado, los concejales expresan su rechazo a que se utilice a este colectivo como explicación de problemas sociales que consideran complejos. «Nos preocupa que se esté utilizando a las personas migrantes acogidas en Calp como chivo expiatorio de problemas sociales complejos. Es una forma de hacer política que la ultraderecha viene utilizando de manera recurrente: identificar a un colectivo vulnerable, presentarlo como una amenaza y convertirlo en responsable de problemas que no pueden explicarse mediante generalizaciones ni prejuicios», señalan los socialistas.
El grupo municipal sostiene que la convivencia entre vecinos de diferentes orígenes debe basarse en el respeto a la dignidad humana y en la aplicación de los mismos principios para todos, sin que las diferencias de nacionalidad o procedencia condicionen el trato que reciben los ciudadanos.
También recuerda que Calp es un municipio en el que conviven personas de numerosas nacionalidades y que esa diversidad no debe impedir abordar los problemas de seguridad o convivencia cuando se produzcan, siempre desde el respeto a la ley.
El Grupo Municipal Socialista subraya que las personas acogidas en Calp, especialmente aquellas que solicitan protección internacional, deben poder desarrollar su vida cotidiana sin ser objeto de señalamientos por su procedencia. Los socialistas consideran que combatir la discriminación y exigir el cumplimiento de la ley son objetivos compatibles. Por ello, defienden una convivencia que garantice tanto el respeto a los derechos individuales como la posibilidad de debatir y cuestionar las decisiones de las administraciones públicas.
Petición para preservar las pruebas digitales
El expediente trasladado a la Fiscalía incluye capturas de publicaciones, materiales difundidos por el propio perfil y datos sobre su alcance en redes sociales. La documentación incorpora las métricas de difusión de los contenidos, un elemento que los denunciantes consideran relevante para evaluar la repercusión pública de los mensajes y las posibles consecuencias del señalamiento de personas concretas.
Los concejales también han solicitado que se preserve la prueba digital disponible, ante la posibilidad de que determinados contenidos hayan sido retirados de las plataformas. Esta petición busca facilitar que las autoridades puedan analizar las publicaciones originales, su contenido y las circunstancias en las que fueron difundidas.
Entre los materiales aportados figuran asimismo varias fotografías que, según el Grupo Municipal Socialista, permitirían identificar al presunto responsable de generar los contenidos durante un enfrentamiento con un concejal en plena calle. La identificación de los responsables de las publicaciones constituye precisamente una de las cuestiones que los denunciantes piden esclarecer.
El anonimato y los límites de la libertad de expresión
Otra de las cuestiones planteadas por el PSOE es la utilización de perfiles anónimos para difundir acusaciones contra personas o colectivos. Los concejales sostienen que el anonimato en las redes sociales no puede utilizarse para eludir las responsabilidades que puedan derivarse de publicaciones ilícitas.
En su comunicado defienden la libertad de expresión como un derecho fundamental, pero consideran necesario distinguir entre la crítica legítima y aquellas conductas que pudieran vulnerar derechos de terceros o constituir infracciones penales.
El grupo municipal insiste en que su iniciativa no pretende impedir las críticas a las administraciones públicas ni restringir el debate sobre las políticas migratorias. Su objetivo, explican, es que las instituciones competentes examinen unos hechos concretos y determinen si existe alguna conducta contraria a la legislación.
«En una sociedad democrática, la discrepancia es legítima, pero el acoso, la difamación y la estigmatización no pueden normalizarse como si fueran una forma más de participación pública», manifiestan los socialistas. También recuerdan que la ocultación de la identidad de quien publica un mensaje no convierte una acusación en verdadera ni elimina las posibles responsabilidades derivadas de su difusión.
Fiscaliza Calpe acumula acciones legales por sus publicaciones
Uno de los antecedentes conocidos sobre se remonta al 14 de agosto de 2026, cuando la alcaldesa de Calp, Ana Sala, presentó una querella por posibles delitos de calumnias e injurias relacionados con publicaciones de Fiscaliza Calpe dirigidas contra ella, integrantes de su gobierno y familiares.
Aquella actuación solicitaba identificar a la persona responsable de la cuenta y conservar las publicaciones para su valoración judicial. También planteaba la cancelación cautelar del perfil. La formación Somos Calpe respaldó entonces la decisión de la alcaldesa.
La documentación aportada ahora por los concejales socialistas queda pendiente de la valoración que corresponda a la Fiscalía Provincial de Alicante. El Ministerio Fiscal deberá determinar si los materiales presentados justifican la práctica de diligencias para esclarecer los hechos y, en su caso, establecer qué actuaciones resultan procedentes conforme a la legislación vigente.
