Las acusaciones que ha lanzado Compromís per Pego de «ocultar información» en lo que respecta al procedimiento que rodea al Plan de Actuación Integral (PAI) del Pego Golf han provocado une reacción casi inmediata del el equipo de gobierno pegolí, que ha emitido otro comunicado aclarando la situación.
Ante las afirmaciones de la oposición, estos defienden una «transparencia del proceso, ya que la información surgida de este procedimiento se puede consultar en las dependencias municipales, solicitándolo a través de un registro de entrada». La mencionada explicación continúa de la siguiente forma:
Las críticas del grupo Compromís confirman que no han leído las bases del procedimiento y que, una vez más, no saben cómo es el funcionamiento de las instituciones públicas y, especialmente, este tipo de procesos.
Ante las acusaciones de ocultar información ante un medio de comunicación, la concejal entrevistada en aquel momento confirmó que, de momento, había una empresa interesada en el proyecto. Desde el inicio de la licitación, no se ha hecho ninguna publicación pública, ni en ningún medio de comunicación sobre qué empresas (con nombre) han decidido postularse al proyecto. Se hace por respeto al proceso para evitar así presiones mediáticas o políticas para cualquier empresa que quiera postularse.
En el caso de la información facilitada a los propietarios afectados por el proceso, sí se ha decidido informarles sobre el estado del proceso, después de recibir la petición de ser informados por su parte. Creemos que están en su derecho de ser informados. Además, sabemos que los propietarios están informados en todo momento de cualquier movimiento, de hecho, los representantes de la asociación, así como otros propietarios, ya han mantenido reuniones con la empresa que de momento se ha postulado al proyecto. Aunque el Ayuntamiento no está en disposición de confirmar nada de manera categórica, porque hay que recordar que el proceso aún está abierto.
Insistimos en que NO hay ningún interés más que el de hacer cumplir el proceso, hay que recordar que hacer marcha atrás supondría que los propietarios que han comprado parcelas podrían reclamar al consistorio el lucro cesante, por lo que el Ayuntamiento tendría que asumir un coste muy elevado en indemnizaciones. Además, una vez acabe el plazo de licitación, se expondrá públicamente el resultado como en cualquier otro proceso, repetimos, no hay ningún tipo de interés en ocultar nada.
Hay que recordar que no se ha dado la citada caducidad del proyecto, el Ayuntamiento ha recibido un informe ratificado por técnicos de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (Urbanismo) donde se indica que la DIA tiene vigencia indefinida, porque se trata de un plan parcial y estos, una vez aprobados, tienen vigencia indefinida. Se ha llevado a cabo la cancelación del agente urbanizador, para buscar otro, no significa que se cancele el proyecto.
La respuesta sobre la vigencia de la DIA por parte de la consejería de Medio Ambiente a una pregunta de un diputado pegolí, no cuenta con ningún informe de técnicos que avale la respuesta de la ya exconsejera Mireia Molla; o al menos el Ayuntamiento no ha recibido ningún informe al respecto, aunque sí ha llegado el de la consejería de Urbanismo, que también contestaba una pregunta de Compromís.
Ni el Ayuntamiento de Pego ni ninguno de los miembros del equipo de gobierno tiene ningún interés oculto en que sea una u otra empresa la que licite el proyecto. No se le puede negar su participación a ninguna empresa si cumple todos los requisitos establecidos. El proceso cumplirá toda la normativa (de esto se encargarán los técnicos del Ayuntamiento).
El Ayuntamiento de Pego tampoco es quien debe juzgar procesos judiciales, será la justicia quien se encargue de dictaminar.
Insistimos, simplemente cumplimos con un procedimiento que, en caso de no hacerlo, puede repercutir económicamente en las arcas municipales.
En cuanto a las acusaciones por parte de Compromís al concejal de Urbanismo y al resto del equipo de gobierno, creemos que no son aceptables cuando hay total transparencia en el proceso. Si pueden demostrar algún indicio de ilegalidad o interés personal por parte de alguno de los miembros del ejecutivo, que lo hagan público. Quizás piensan que todos actúan como lo hizo su partido durante la aprobación del PAI, cuando estaban en el gobierno local.
