El Gobierno ha autorizado este 10 de noviembre de 2026 la aprobación de medidas de apoyo para el sector agrario, destinando 88,7 millones de euros a reparar los daños causados por la DANA Adam. Estas ayudas, contempladas en un Real Decreto-ley, buscan hacer frente a los destrozos provocados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos los días 18 y 19 de octubre de 2026. El paquete incluye la reparación de infraestructuras de regadío, el arreglo de caminos rurales y ayudas directas a través de seguros agrarios y financiación.
Reparación de infraestructuras y apoyo directo al campo
La orden establece una intervención directa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la reparación por emergencia de los caminos de uso agrario y las instalaciones de riego. Para ello, se destinarán 85 millones de euros, que serán gestionados a través de contratos de emergencia de la empresa pública Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). Esta acción se llevará a cabo una vez que los alcaldes de los municipios afectados y los presidentes de las comunidades de regantes comuniquen la existencia y extensión de los daños en el plazo indicado en el Real Decreto-ley.
Ayudas a agricultores con seguro y medidas de financiación
La normativa incluye ayudas directas para todos los agricultores con póliza de seguro agrario que hayan sufrido daños por la DANA Adam. Se les abonará hasta el 70 % del coste de la póliza, el máximo permitido por la normativa comunitaria, así como los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario, conocida como franquicia.
Estas ayudas se concederán de oficio a los titulares de pólizas de seguro agrario que hayan reportado daños por los fenómenos climáticos relacionados con la DANA Adam entre los días 17 y 19 de octubre. Las ayudas estarán exentas de tributación, buscando compensar a los productores asegurados por los daños sufridos y no indemnizados en su producción, y fomentar así el aseguramiento como política esencial frente a los efectos del cambio climático en la agricultura.
Además, se implementan medidas de financiación, extendiendo los plazos y el ámbito de la línea DANA/ICO-MAPA-SAECA, para que los afectados puedan solicitar créditos. Estos créditos incluirán una ayuda a fondo perdido equivalente al 15 % del principal y, además, estarán exentos del coste del aval.
El real decreto-ley también recoge la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025, para las ayudas públicas concedidas por las comunidades autónomas y entidades locales por daños sufridos por incendios, inundaciones, hundimientos, erupciones volcánicas u otras causas naturales. Esto se aplicará siempre que los beneficiarios y los requisitos sean idénticos o análogos a los establecidos para una ayuda pública con la misma finalidad concedida por el Estado, como consecuencia de la misma catástrofe que haya sido declarada exenta.
