Las secuelas del agua todavía colean en caminos cortados, plantas bajas embarradas y facturas imprevistas que muchos vecinos siguen haciendo sobre el terreno. Ahora llega el respaldo administrativo para encajar el golpe. El Consejo de Ministros ha declarado este martes a la Marina Alta como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la figura que tradicionalmente se conocía como zona catastrófica, tras el virulento paso de la DANA Adam el pasado fin de semana.
La comarca figura de manera destacada en el acuerdo gubernamental junto a la vecina comarca de la Safor. El temporal de mediados de octubre obligó a activar los protocolos de emergencia autonómicos, se cobró siete vidas a escala estatal y dejó una estela de averías, muros caídos y destrozos materiales que aún hoy se siguen peritando. Con esta luz verde oficial, los ministerios ponen en marcha la maquinaria económica para canalizar fondos tanto a particulares como a las arcas municipales.
Viviendas, locales y trámites gratuitos para coches anegados
La declaración permite tramitar de forma inmediata las solicitudes ante la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Las compensaciones están pensadas para cubrir daños personales, reposición de enseres de primera necesidad y destrozos estructurales en viviendas habituales, además de prestar auxilio a comercios, establecimientos industriales y explotaciones de servicios que sufrieran el azote de las riadas.
A este paquete de choque se suma un alivio tributario. El Ministerio de Hacienda regulará la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles perjudicados, junto a una rebaja en el Impuesto sobre Actividades Económicas. En paralelo, quienes hayan perdido su coche bajo el agua o lo tengan inservible se ahorrarán gastos burocráticos: Tráfico valora suprimir las tasas para tramitar las bajas definitivas de vehículos y para emitir duplicados del carné de conducir o del DNI.
Cobertura para reconstruir infraestructuras públicas
Los ayuntamientos de la comarca, que han tenido que desviar fondos sobre la marcha para desatascar viales y asegurar puntos críticos, también tendrán respaldo financiero. El Ministerio de Política Territorial asumirá hasta el 50 % del presupuesto en los proyectos locales destinados a reparar calles, dependencias municipales y servicios esenciales.
Para agilizar la llegada de la maquinaria, el Gobierno autoriza que las reparaciones de infraestructuras públicas se declaren obras de emergencia sin importar su cuantía. El cobro final de las aportaciones quedará ligado a la acreditación formal de las pérdidas sufridas, abriendo ahora un plazo clave en el que técnicos municipales y peritos privados tendrán que documentar cada estrago dejado por el agua.
