Calp pone fin a la financiación municipal de la ambulancia 24 horas que prestaba Cruz Roja tras una sentencia firme del TSJ y años de advertencias jurídicas, una decisión que la alcaldesa, Ana Sala, defendió como «obligada» para evitar responsabilidades personales.
En una comparecencia pública tras la Junta de Gobierno, Sala se dirigió «a los vecinos de Calp y también a los trabajadores de Cruz Roja que hoy se sienten injustamente señalados», y subrayó que el problema «no nace hoy», sino que es el desenlace de «muchos años» intentando regularizar un servicio «que sobre el papel no es de competencia municipal».
La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento ha agotado «todas las vías políticas, administrativas y judiciales» para buscar un encaje legal: «Hemos pedido delegaciones, hemos pedido informes de no duplicidad, hemos planteado convenios, hemos reclamado económicamente a la Generalitat y hemos llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia». Según su relato, el resultado de ese recorrido es «contundente»: la Generalitat mantiene que «el transporte sanitario es su competencia exclusiva», el Consell Jurídic Consultiu (CJC) afirma que el consistorio «no tiene habilitación legal» y el TSJ ha dictado una sentencia que confirma que el Ayuntamiento «no puede asumir este servicio como propio».
Sala situó el punto de inflexión en la sentencia firme y en el informe de los técnicos municipales: continuar pagando, dijo, ya no comprometería solo a la institución, sino a quien autoriza el gasto. «Hoy con esta sentencia firme los técnicos nos advierten de que si seguimos por esa vía, la responsabilidad ya no sería del Ayuntamiento como institución, sino de quien firma, de la alcaldesa… se pondría en riesgo mi propio patrimonio personal por prestar un servicio que la ley dice que no es nuestro de manera contundente y rotundo», afirmó. A su juicio, el gobierno local se encontraba ante dos alternativas: «Mirar hacia otro lado y seguir pagando» o «reconducir la situación al marco de nuestras competencias y exigir con firmeza» un refuerzo autonómico.
En su intervención, la alcaldesa leyó una cronología de gestiones que arranca en 2016. Ese año, el pleno solicitó a la Generalitat la delegación para prestar el transporte sanitario «las 24 horas, los 365 días» y, según indicó, no recibió respuesta. En 2018 el Ayuntamiento pidió a la Dirección General de Administración Local un informe de inexistencia de duplicidades y en enero de 2019 la respuesta fue negativa al considerar que la actividad era propia de la Conselleria de Sanidad. También recordó la consulta al CJC en octubre de 2018 y su dictamen de diciembre: «El Ayuntamiento no dispone de habilitación legal… mientras no obtenga la delegación expresa», además de señalar que, si el servicio es contratable, «resulta prevalente la aplicación de la legislación sobre contratos del sector público» frente al convenio.
El consistorio dio un paso más en 2022 al presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat por 1.288.000 euros, una vía que fue inadmitida por Sanidad y que terminó en los tribunales. Sala citó el fundamento de la sentencia 668/2024: al asumir un servicio «que no son de su competencia» y reclamar después los gastos, el tribunal ve «otra razón clara y evidente para descartar la concurrencia de responsabilidad patrimonial». Con ese cierre judicial, defendió, el Ayuntamiento ya no puede sostener el pago «como hasta ahora», pese a que durante años diferentes corporaciones mantuvieron el servicio «levantando reparos de intervención» y abonando facturas «a sabiendas» de los informes.
Como respuesta inmediata, el gobierno local anunció dos medidas: la adjudicación de un «servicio preventivo de ambulancia» para reforzar la seguridad en eventos y actividades municipales, y una moción —prevista para el pleno del día 9— para exigir a la Generalitat que aumente los recursos del 112 en Calp. Sala insistió en que este contrato «perfectamente legal» no sustituye la cobertura 24/7, pero defendió que su prioridad es «vuestra seguridad» sin «poner en riesgo al Ayuntamiento y a sus representantes». La concejala del área, Itziar Doval , recalcó que el preventivo «no cubre el mismo servicio que estaba haciendo la Cruz Roja», aunque desde Compromís, Ximo Perles, apuntó que en caso de emergencia grave el CICU podría movilizar recursos disponibles y liquidar el coste a la Generalitat.
En el plano político, tanto Sala como Perles subrayaron el consenso mantenido durante años para sostener la ambulancia, con votos favorables «incluso desde la oposición», y evitaron cargar responsabilidades sobre Cruz Roja. «A Cruz Roja y a sus trabajadores solo podemos agradecerles el trabajo ejemplar de estos años. El problema no es su labor ni mucho menos», afirmó la alcaldesa. Perles, por su parte, sostuvo que «Compromís, el Partido Popular y el Partido Socialista» han ido «a una» para mantener un servicio «esencial», aunque introdujo el debate laboral sobre la subrogación y denunció lo que calificó de contradicción al sostener a la vez «que no hay continuidad del servicio» y generar alarma social por sus efectos.
Finalmente, la alcaldesa vinculó el conflicto a la Ley 27/2013, aprobada en 2013, que —según defendió— recortó la capacidad municipal para financiar «actividades complementarias» sin habilitación expresa. «Tan fácil como liberar ese articulito… si no pedimos dinero, pedimos que nos dejen prestar los servicios», dijo, lamentando que «en diciembre de 2025 esto sigue igual y nadie… lo ha cambiado». Mientras tanto, concluyó, el Ayuntamiento mantendrá la presión institucional: «Seguiremos luchando… pero ha llegado un momento en que ya no podemos hacer más».
