Josep Femenia, exalcalde del Poble Nou de Benitatxell, acudió el pasado lunes a su cita en el Palau de Justícia de Dénia. El pasado mes de abril la Jueza lo citó para esta declaración en calidad de investigado por un posible delito de malversación y prevaricación en el caso de las multas de tráfico que supuestamente se dejaron de tramitar durante su mandato.
El Ayuntamiento dejó de tramitar casi un centenar denuncias de la Policía Local
El caso llegó a los tribunales en 2018, cuando tres de los actuales concejales de Més Benitatxell llevaron a la Fiscalía diversas pruebas y documentación que acreditaban que el Ayuntamiento dejó de tramitar casi un centenar denuncias de la Policía Local. Todas ellas entre finales de 2013 y principios de 2017. En un principio, la Fiscalía solo pidió la imputación del secretario interventor municipal, Jesús Castro, por haber incurrido presuntamente en la comisión de los delitos de prevaricación y malversación, ocasionando un perjuicio económico a las arcas municipales.
Los informes que aportaron los concejales de Més Benitatxell probaban que en el periodo de tiempo indicado el Consistorio habría dejado de tramitar y, por tanto, de cobrar, 85 sanciones. Los informes elaborados por la Jefatura de la Policía Local señalaban que, a partir del cuarto trimestre de 2013, se modificó el procedimiento de instrucción de las denuncias y se revocó al Jefe de la Policía la condición de instructor de tal procedimiento. Se suprimió el registro de entrada y salida propio de la Policía Local, con lo que las comunicaciones pasaron a centralizarse desde el registro general del Ayuntamiento.
Desde entonces, quedaba en manos de la Alcaldía la documentación remitida por la Policía y el dinero en efectivo pagado por los conductores que abonaban la sanción en el acto. Periódicamente, la Policía trasladaba al Consistorio los boletines de denuncia para su posterior remisión al organismo tributario SUMA, que tenía delegada la gestión y recaudación de las denuncias. Esa forma de actuar se mantuvo hasta el 16 de enero de 2017, cuando nuevamente se nombró instructor al oficial-jefe de la Policía Local y se reactivó la comunicación electrónica con SUMA. Durante ese periodo, la gestión de las multas fue abandonada, lo que produjo su prescripción.
