El Grupo Municipal Defendamos Calpe ha presentado alegaciones contra la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, aprobada inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Calp el 15 de mayo de 2026 y publicada, según el escrito, en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 de mayo de 2026.
El escrito, firmado por Paco Quiles, portavoz del Grupo Municipal Defendamos Calpe, comparece dentro del trámite de información pública para solicitar la estimación de las alegaciones, la retroacción del expediente y, subsidiariamente, la supresión o revisión de dos elementos centrales: el incremento del 5% aplicable a negocios y la cuota adicional de 40 euros por plaza turística.
El grupo cuestiona la memoria económico-financiera
La primera alegación sostiene que la aprobación de una tasa exige una memoria o informe económico-financiero «suficiente que justifique el importe de las cuotas y permita verificar la necesaria relación entre el coste del servicio y los ingresos previstos».
Defendamos Calpe afirma que, en el expediente sometido a información pública, no queda suficientemente justificado el criterio utilizado para fijar las cuotas de las actividades económicas. En concreto, el escrito señala que los establecimientos y negocios soportan un incremento del 5% respecto de la tasa anterior, «sin que la memoria económica explique las razones técnicas, económicas o jurídicas que justifican dicho porcentaje».
Según las alegaciones, el expediente no incorpora «un análisis de costes específico, una estimación de generación de residuos por categorías de actividad ni un estudio que permita entender por qué el aumento debe ser del 5% y no de otro porcentaje». Tampoco se identifican, según el grupo, «incrementos concretos de costes del servicio imputables a este tipo de contribuyentes».
El escrito cita el apartado 4.2 del informe económico-financiero, en el que se indica que «en relación con la actualización de las tarifas correspondientes a las actividades económicas, se propone la aplicación de un incremento del 5,00 %». Defendamos Calpe sostiene que esa frase no va acompañada de explicación, justificación o cálculo que vincule ese aumento con una mayor generación de residuos.
La comparación entre viviendas turísticas y aparthoteles
Uno de los puntos centrales de las alegaciones es la comparación entre el importe que pagaría una vivienda de uso turístico y el que correspondería a un apartamento integrado en un aparthotel.
El escrito expone el ejemplo de un apartamento para cuatro turistas dado de alta como vivienda de uso turístico en zona litoral. Según el cálculo incluido en las alegaciones, esa vivienda pagaría 177,17 euros por su condición de vivienda residencial y se le sumarían 160 euros por su condición de vivienda turística, a razón de 40 euros por cada una de las cuatro plazas. El total ascendería a 337,17 euros.
Frente a ello, Defendamos Calpe compara ese caso con un apartamento de aparthotel de características similares a efectos de generación de residuos. Al considerarse negocio, sostiene el grupo, pagaría 92,72 euros, resultado de aplicar un 5% adicional a la tarifa previa de 88,31 euros por apartamento.
La formación considera que esa diferencia, que califica de cercana al 400%, no responde a ningún cálculo, estimación, justificación ni explicación. También apunta que, para la vivienda residencial con condición de vivienda turística, se tiene en cuenta el valor catastral, los empadronados de la zona y el número de huéspedes registrados, mientras que para el aparthotel «se toma la tasa calculada con más de 20 años atrás y se le aplica un 5% adicional, sin tener en cuenta en este caso su valor catastral, el tamaño del apartamento ni los huéspedes existentes».
La cuota de 40 euros por plaza turística, bajo discusión
La segunda alegación se centra en la cuota adicional de 40 euros por plaza turística. Defendamos Calpe sostiene que la memoria económico-financiera «no contiene cálculo alguno que permita conocer cómo se ha obtenido dicha cuantía». El grupo afirma que no se incorporan estimaciones sobre la producción de residuos asociada a cada plaza turística ni estudios de costes diferenciales que permitan concluir que cada plaza genera un coste adicional equivalente a 40 euros anuales.
Según el escrito, la «ausencia de una metodología identificable impide verificar si dicha cantidad responde a criterios objetivos y proporcionados o si, por el contrario, constituye una cifra fijada de manera arbitraria».
La formación considera que la memoria debería incluir, «al menos, una estimación razonada de los residuos generados por las plazas turísticas, la repercusión económica de su recogida y tratamiento y la forma en que esos costes conducen a la cuantía finalmente aprobada».
Críticas al criterio utilizado para las viviendas turísticas
Defendamos Calpe reproduce varios pasajes del informe económico-financiero para cuestionar la justificación de la diferenciación tarifaria entre vivienda residencial y vivienda turística.
En el apartado 2.1, según el escrito, el informe señala que «la diferencia entre ambos usos, residencial y turística, no es urbanística, sino funcional y económica». También indica que la vivienda de uso turístico combina características residenciales con una explotación económica de alojamiento temporal con elevada rotación de ocupantes, ocupación intensiva y estacional y una mayor presión sobre los servicios públicos.
La alegación sostiene que, para las viviendas residenciales, la ordenanza combina un criterio de capacidad económica relacionado con el valor catastral medio por metro cuadrado de una zona determinada y un criterio de número medio de empadronados, también zonificado. Sin embargo, para las viviendas turísticas, el expediente aplica un criterio individualizado en función del número de plazas registradas en cada vivienda concreta.
Defendamos Calpe considera que se atribuye a esas viviendas una supuesta capacidad económica sin justificarla con datos de facturación, ventas, alquileres u otros indicadores análogos. Además, el grupo denuncia una «doble imputación» sobre el mismo inmueble: la vivienda paga como vivienda residencial según el cálculo por zona y, además, soporta 40 euros por cada plaza turística registrada.
El grupo niega que se haya demostrado una mayor generación de residuos
El escrito también cuestiona el apartado 2.2 del informe económico-financiero, en el que, según las alegaciones, se afirma que la diferenciación tarifaria para las viviendas de uso turístico resulta ajustada a derecho al responder a «diferencias objetivas en la intensidad de utilización del servicio».
Defendamos Calpe rechaza esa argumentación porque, a su juicio, no se demuestra la rotación real de ocupantes ni se aporta dato alguno sobre la cantidad de residuos generados, ni en viviendas turísticas ni en residenciales. La formación sostiene que vincular la existencia de una actividad económica con una mayor generación de residuos exige una justificación que, en su opinión, no aparece en el expediente.
El grupo añade que, si se acreditara con datos que las viviendas turísticas generan muchos más residuos de forma objetiva, la cuota no tendría por qué ser solo de 40 euros por plaza, sino que podría ser de 60, 80 o 100 euros. Por eso, concluye que el problema no es únicamente que las viviendas turísticas paguen más, sino que no existe un cálculo que permita saber cuánto deberían pagar realmente.
La ocupación real, otro elemento cuestionado
Defendamos Calpe también pone el foco en la ocupación efectiva de las viviendas turísticas. El escrito recuerda que la mera identificación de una vivienda como turística no determina necesariamente que esté ocupada.
Por ello, el grupo sostiene que la generación de residuos puede ser completamente distinta a la atribuida en el informe económico-financiero. Esta cuestión enlaza con otra crítica: la ausencia de indicadores turísticos concretos que permitan conectar plazas registradas, ocupación real, rotación de huéspedes, generación de residuos y coste del servicio.
«Vulneración de los principios de motivación, transparencia y proporcionalidad»
La tercera alegación sostiene que el expediente vulnera los principios de motivación, transparencia y proporcionalidad. Defendamos Calpe afirma que la jurisprudencia exige que «los informes económico-financieros que acompañan a las ordenanzas fiscales permitan conocer de forma suficiente el proceso seguido para la determinación de las cuotas y la conexión entre los costes del servicio y las cantidades exigidas a los contribuyentes».
En este caso, el grupo considera que ni el incremento general del 5% aplicable a negocios ni la cuota de 40 euros por plaza turística aparecen respaldados por cálculos, estimaciones o criterios técnicos debidamente explicitados. La formación sostiene que esa insuficiencia «impide verificar la razonabilidad y proporcionalidad de las cuotas aprobadas y constituye un defecto sustancial de la memoria económico-financiera».
Críticas al uso de medias por zonas
Otra parte relevante del escrito se dirige contra el método utilizado para calcular la tasa de las viviendas residenciales. Defendamos Calpe señala que la estimación del coste atribuido a esas viviendas se basa en datos medios de valor catastral por metro cuadrado y número de empadronados para una zona del municipio. A su juicio, lo más justo sería «atribuir esta imputación al valor catastral y número de empadronados existentes en las mismas viviendas, así como se ha hecho en la imputación de las V.U.T. La disparidad de criterios tampoco se ha justificado».
El grupo plantea varios ejemplos para evidenciar lo que considera una inconsistencia del método. En uno de ellos, compara una vivienda con una persona empadronada y otra con ocho personas empadronadas. Si la media de la zona fuera de tres personas, ambas pagarían como si en cada vivienda vivieran tres residentes. Para Defendamos Calpe, eso perjudicaría al vecino que vive solo y beneficiaría al inmueble con más residentes.
Una propuesta alternativa: tramos por valor y empadronados
El escrito plantea como alternativa la individualización de cada vivienda. Si eso no fuera posible, propone estudiar un sistema por tramos, tanto para el valor de las viviendas como para el número de empadronados, con el objetivo de aproximar la tasa a la realidad de cada sujeto pasivo.
Defendamos Calpe incluye una propuesta meramente orientativa, sin datos exactos, basada en tres tramos de valor de vivienda y tres tramos de empadronamiento. Para el valor catastral, plantea como ejemplo 30 euros para viviendas de menos de 100.000 euros, 50 euros para viviendas entre 100.001 y 250.000 euros y 100 euros para viviendas de más de 250.001 euros.
Para el número de empadronados, sugiere 40 euros para viviendas con dos o menos personas, 60 euros para viviendas con entre tres y cinco empadronados y 100 euros para viviendas con seis o más.
El propio escrito aclara que esta propuesta no está basada en datos concretos, sino que pretende orientar la dirección metodológica que, a juicio del grupo, debería seguir el cálculo de la tasa.
La generación de residuos como criterio principal
Defendamos Calpe insiste en que el criterio que debería prevalecer en primera instancia es el de generación de residuos. Es decir, que quienes más residuos generen sean quienes más paguen.
Hasta que esa cuestión pueda resolverse con una metodología que el grupo considere realmente justa, la formación propone utilizar métodos más acordes con los fundamentos iniciales de la norma y con los criterios de capacidad económica y número de empadronados que el propio expediente toma como referencia para las viviendas residenciales.
«Ausencia de justificación» en la distribución del coste del servicio
La cuarta alegación sostiene que la memoria económico-financiera «identifica el coste global del servicio, pero no justifica adecuadamente los criterios empleados para distribuir dicho coste entre las distintas categorías de contribuyentes».
Defendamos Calpe resume dos objeciones principales: por un lado, que «se establece para las actividades económicas un incremento del 5 % respecto de las cuotas previamente vigentes sin que se incorpore estudio, cálculo, estimación o motivación alguna que explique la elección de dicho porcentaje»; por otro, que «se establece una cuota adicional de 40 euros por plaza turística sin que el expediente contenga análisis de generación de residuos, estimación de costes asociados a cada plaza turística o cualquier otra metodología que permita verificar el origen de dicha cuantía».
La formación sostiene que la memoria no explica por qué el incremento debe ser exactamente del 5% ni por qué el coste atribuible a cada plaza turística asciende a 40 euros anuales.
