«Es un auténtico escándalo. Una vergüenza que se esté dejando en la cuneta a las víctimas de violencia machista», ha manifestado esta mañana Verónica Ruiz, diputada portavoz de Igualdad de Compromís en les Corts Valencianes. Tras una reunión mantenida con Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer, y Gerard Fullana, concejal de Xaló y diputado en les Corts, los valencianistas han denunciado la deuda que la Generalitat acumula con las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género por no prorrogar los convenios y contratos establecidos que sufragan los gastos de servicios sociales de estas entidades esenciales en toda la Comunitat.
La formación ha tachado de «flagrante» el caso en la Marina Alta, a cuya Fundación que gestiona el centro la Generalitat debe seis meses de pagos, según han especificado. En total, en el territorio valenciano se distribuyen unas 20 casas de acogida «que llevan sin cobrar desde septiembre», ha reclamado Compromís. El pasado 31 de agosto de 2023 finalizó el convenio de colaboración con la Generalitat y, según han indicado, todavía no se ha alargado.
Ruiz ha aseverado que «atenta contra los derechos humanos que la consellera Susana Camarero abandone víctimas y no cubra las nóminas del personal de un servicio esencial de protección a mujeres y menores». Aunque ha asegurado que «tenemos indicios que no es el único caso y que es una mala praxis generalizada y una falta absoluta de gestión. Por eso Compromís ya hemos requerido a la consellera abundante documentación al respecto y nos tendrá que dar explicaciones».
Por su parte, Ferrús ha asegurado que «llevamos meses intentando que nos contesten a nuestra petición o que se reúnan con nosotros y lo único que tenemos es un escrito del Comisionado para la Lucha Contra la Violencia sobre las Mujeres, del septiembre pasado, en que nos pide que continuemos con el servicio hasta que activen la prórroga del convenio. ¿Y qué hacemos con todas las personas que trabajan cada día y que corren el peligro de no cobrar por culpa de que el PP y Vox no gestionan como toca un servicio que les corresponde pagar y que es tan esencial?».
El alcalde de Pedreguer se ha referido así a un documento firmado por el Comisionado Felipe Guillermo Del Baño, donde, según han comunicado, dice textualmente: «Informamos que no ha sido posible, hasta este momento, la formalización de un nuevo acuerdo antes de la finalización del período de prórroga, al encontrarse en tramitación el expediente para una nueva convocatoria en el momento de mi incorporación como Comisionado a finales del mes de julio. Dado que el vencimiento de la prórroga del acuerdo de acción concertada estaba previsto para el día 31 de agosto de 2023 y que continúa siendo necesaria la continuidad del funcionamiento de las plazas concertadas del centro, ya que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, órgano competente para la prestación de este servicio, no dispone de suficientes plazas para la atención integral de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas que las acompañan, por las razones de interés general expuestas, es conveniente la continuación del servicio que viene prestando en las mismas condiciones a las actuales hasta que se formalice el nuevo concierto».
«Ni permitiremos que se cierre un servicio básico como este en la comarca, ni que las personas que trabajan pierdan su puesto de trabajo. Están cobrando de los ahorros de la Fundación y se están acabando. Llegaremos hasta donde haga falta y si tienen que ser en los tribunales, allí nos verán», ha advertido Fullana.
Aquellas entidades que dan asilo a las mujeres se amparan bajo este convenio para poder sufragar los costes y aquellas que no están suscritas dependen de una fundación social sin ánimo de lucro. Este es el caso de la única casa de acogida en la Marina Alta, de la que se hace cargo la fundación de Pedreguer. Según los valencianistas, la Generalitat debería solamente a esta casa unos 235.000 euros, que cuenta con 14 plazas para víctimas de violencia de género con sus respectivos hijos y con 10 trabajadores sociales que dan soporte.
El 30 de diciembre de 2022 se publicó por última vez la prórroga de los «acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia de género para el año 2023».
