“Ya advertimos, tanto en comisión como en el pleno de noviembre, que la aprobación de éstas bases contravenía la ley, al menos en dos supuestos: no se hacía referencia a la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental, ni se ha comunicado a los propietarios de tierras la posibilidad de gestión del programa; además de ir contra el único informe técnico emitido por el personal de el Ayuntamiento”, explica la portavoz del grupo municipal de Compromís, Anna Sastre.
Además desde Compromís consideran que las bases de programación, tienen la misma entidad jurídica que los pliegos técnicos y administrativos de un proceso de contratación pública, lo que obliga a que, a pesar de ser elaboradas por un despacho de abogados externos, sean informadas por los funcionarios del Ayuntamiento, puesto que es un procedimiento de licitación pública que debe contar con todas las garantías legalmente exigibles. Esta condición tampoco se ha dado, incurriendo en un grave defecto procedimental.
Afirman que ya se vivió una situación parecida cuando en verano de 2018 presentaron la propuesta de caducar el PAI y ejecutar los avales de la empresa urbanizadora por haber incumplido; sin embargo, tanto el equipo de gobierno como el resto de partidos lo negaron tildando la propuesta de imposible e irresponsable, unos meses después había elecciones, y pasada la investidura de Enrique Moll, una vez más alcalde gracias a los apoyos de todos los partidos
salvo Compromís, ya en 2020 se vieron obligados a cancelar el PAI, retirarle la condición de agente urbanizador en Inversiones Patrimoniales la Marina SL, así como ejecutar los avales de esta empresa por incumplimiento de contrato, con ello, además de terminar dando la razón por la vía de los hechos a la postura defendida por Compromís desde hace años, el ayuntamiento disponía de 1,2 millones de euros más en el presupuesto, pero aquella negativa inicial sirvió para que el partido socialista se mantuviera en el gobierno con el apoyo de toda la derecha local.
Por eso según la portavoz “aquí se ha decidido, tanto por parte del equipo de gobierno, como de la resto de la oposición, continuar con un discurso falso que ya dura cerca de veinte años con el maná del urbanismo depredador, se acercan elecciones y no tienen otro argumento para presentarse, y no les importa pasar por encima de los informes de sus propios técnicos o incumplir la ley aunque puedan prevaricar en sus actos, y por eso pedimos que se
declare nulo el acuerdo del pleno del 3 de noviembre y se suspenda el procedimiento administrativo iniciado. Esperamos que esta vuelta el resto de partidos del pueblo sean responsables y no piensan en los votos de las próximas elecciones y aceptan ese recurso”.
