El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha exigido este miércoles al presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación, Toni Pérez, así como al líder autonómico del PP, Carlos Mazón, que obliguen a dimitir o, en su defecto, expulsen al actual alcalde de Llíber, José Juan Reus, tras la apertura de juicio oral por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística que está en proceso de juicio oral.
La causa, que llega a juicio más de 22 años después de los hechos, investiga la construcción ilegal de 300 chalets durante el periodo 1999-2003, cuando Reus era concejal responsable de Urbanismo. En el proceso están imputadas diez personas, entre ellas el exalcalde José Mas y el propio Reus, a quien la Fiscalía solicita una multa económica e inhabilitación para cargo público durante 8 años y 6 meses por su papel en la concesión ilegal de licencias. Para Mas, las penas solicitadas superan los cinco años de prisión.
Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación, ha denunciado: «Es inaceptable que el PP sea implacable y actúe como inquisidor cuando los casos afectan a otros partidos, y, en cambio, guarde silencio y blinde a sus cargos cuando les salpica la corrupción». Y ha añadido: «Si Toni Pérez quiere mantener un mínimo de coherencia y credibilidad, debe actuar ya y cesar al alcalde José Juan Reus; de Mazón ya no esperamos nada».
La coalición ha recordado que el propio PP ha defendido en otras ocasiones que la apertura de juicio oral debe conllevar la dimisión automática de cualquier cargo público. En palabras del partido en casos anteriores: «No se puede permitir que un cargo público se mantenga en su puesto cuando pesa sobre él un juicio oral por prevaricación. La ética y la responsabilidad política están por encima de todo».
Además, Compromís ha denunciado que el injustificado retraso judicial ha permitido que Reus continúe al frente del Ayuntamiento durante más de dos décadas, tiempo en el que, según denuncian, ha impulsado nuevos proyectos urbanísticos masivos pese al impacto ambiental y la escasez de recursos. Como ejemplo, citan la reciente tramitación de un PAI para construir 488 nuevas viviendas en una zona con problemas graves de suministro de agua, lo que ha supuesto, según la formación, la destrucción del último paraje virgen del municipio.
Compromís también ha arremetido contra la lentitud del proceso judicial, calificándola de «inadmisible y un fracaso del sistema democrático». Según la formación, esta dilación ha impedido que muchas personas afectadas, especialmente extranjeras que adquirieron viviendas creyendo en su legalidad, hayan podido ver reparada la situación. «Es una vergüenza que la justicia llegue tan tarde que pierda todo sentido reparador y deje en la impunidad situaciones graves como esta», ha concluido Perles, que ha reclamado más medios para la justicia y medidas urgentes para aliviar el colapso de los juzgados.
