En una rueda de prensa de Compromís celebrada en Dénia, la formación ha puesto el foco en la situación crítica de la agricultura y la pesca valenciana. El encuentro ha reunido al eurodiputado Vicent Marzà, para trasladar las conclusiones recogidas en reuniones previas con representantes del sector en la Marina Alta.
El portavoz de Compromís per Dénia, Rafa Carrió, ha subrayado la desconexión entre las decisiones europeas y la realidad del territorio: «Europa parece muy lejos, pero al final es lo que nos repercute directamente en nuestro día a día».
«Hipocresía política»
Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la acusación directa a los grandes partidos estatales. Compromís ha denunciado una contradicción sistemática entre el discurso en el territorio valenciano y las votaciones en Bruselas de los eurodiputados de partidos como PP y VOX.
Carrió ha acusado de «hipocresía de los grandes partidos», haciendo referencia a que de cara a los sectores autonómicos, provinciales e, incluso, locales «prometen unas cuestiones y hacen las contrarias en el Parlamento Europeo». Según ha explicado Marzáà, PP y Vox han votado en contra o bloqueado medidas de protección del sector primario mientras públicamente afirman defenderlo.
Mercosur: amenaza económica y sanitaria
El primero de los grandes temas que ha trasladado el eurodiputado ha sido el del acuerdo comercial con Mercosur. Compromís se ha referido al acuerdo como una triple amenaza debido a la competencia desleal, al riesgo para la salud pública y por la falta de reciprocidad. «Es una cuestión de salud pública por el uso de pesticidas prohibidos en nuestra tierra», ha explicado Marzà.
El eurodiputado ha asegurado que votará en contra de este acuerdo en el Parlamento Europeo para ser coherente con la defensa del sector. Además, ha denunciado que el tratado se está aplicando provisionalmente sin una votación definitiva, lo que considera una maniobra política. En este sentido, Compromís ha impulsado acciones para llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Durante la intervención, Marzà ha lanzado una serie de medidas económicas y de mercado que se podrían llevar a cabo:
- Etiquetado claro y de origen: exigen que la normativa europea obligue a marcar el origen real de los productos para evitar fraudes (como ha ocurrido con algunas marcas de arroz de la Albufera) y garantizar que los consumidores sepan qué están comprando.
- Remuneración justa para los productores: han presentado propuestas para asegurar que los agricultores no cobren por debajo del precio de coste o de producción.
- Ley de cadena corta: proponen normativas para reducir los márgenes de beneficio que se quedan los distribuidores intermediarios, acercando así los precios de venta al consumidor a lo que realmente percibe el productor.
- Etiqueta de porcentaje de remuneración: sugieren implementar un modelo que ya funciona en zonas de Francia, consistente en una etiqueta que muestra al consumidor qué porcentaje exacto del precio que paga va destinado al productor, lo cual ha demostrado multiplicar los ingresos agrícolas.
La Política Agraria Común (PAC) también ha sido objeto de críticas. Compromís considera que el modelo actual favorece a grandes terratenientes y perjudica al pequeño agricultor valenciano. Entre los problemas que han señalado destacan la recentralización de fondos, la reducción presupuestaria y la dificultad de acceso para pequeños productores. Por ello, han explciado que la formación sigue trabajando en Bruselas para modificar estos criterios y adaptarlos a la realidad valenciana.
Fondos europeos y bloqueo institucional
Otro de los puntos que se ha destacado en el encuentro ha sido la falta de ejecución de fondos europeos. En el sector pesquero, desde la formación valencianista se acusa al Ministerio de no utilizar recursos disponibles, mientras que en agricultura se ha señalado directamente a la Generalitat Valenciana.
Marzà ha explicado que uno de los problemas más frecuentes del sector agrícola, también en la Marina Alta, es la situación del relevo generacional. Según ha indicado, 667 jóvenes agricultores llevan casi un año esperando ayudas «que no llegan». En este sentido, el diputado Gerard Fullana, también asistente a la reunión en Dénia ha afirmado: «El Consell habla de los agricultores como héroes, pero los trata como contrahéroes».
Por lo que respecta al sector pesquero, Compromís ha vuelto a insistir en que la normativa europea no se adapta a la realidad del Mediterráneo. Según Marzà, el negacionismo climático de algunas formaciones impide ajustar las políticas pesqueras que podrían adaptarse a la realidad específica de cada territorio. «El negacionismo climático de la derecha impide que la normativa de pesca se adapte a la realidad biológica», ha afirmado. Según el eurodiputado, esto provoca regulaciones alejadas de las condiciones reales de las especies y temporadas.
El proyecto de Tamarindos llega al Parlamento Europeo
El encuentro también ha dado para comentar la situación urbanística de Dénia, en este caso, del proyecto anunciado para la zona Tamarindos en la costa dianense. Advierten que este proyecto urbanístico puede tener una afectación negativa directa sobre el medio ambiente, el comercio local y la sostenibilidad de la zona.
El caso ha llegado a Europa a través de una petición ciudadana que ha sido aceptada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para estudiar el impacto de este desarrollo. Según se ha detallado, Compromís votó a favor de que esta petición ciudadana se debatiera por la vía de urgencia, sin embargo, denuncian que los grupos parlamentarios del Partido Popular, Vox y otras fuerzas de derecha votaron en contra, vetando así el debate inmediato.
A pesar de que se haya denegado la urgencia, la petición sigue su trámite habitual. Compromís asegura que continuará exigiendo que el tema se incluya en el orden del día de las próximas comisiones. Si el debate finalmente prospera, podría desembocar en acciones concretas como una visita de eurodiputados a la zona afectada, la apertura de una investigación formal o una exigencia directa a la Generalitat Valenciana para que paralice o modifique la licitación del proyecto
